Temores electorales frustran caso de soborno
CIUDAD DE MÉXICO — El Gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para acusar a funcionarios en relación con uno de los escándalos de corrupción más extensos en la historia de América Latina. Pero se está rehusando a presentar cargos porque podrían perjudicar al partido gobernante antes de las elecciones presidenciales, revelaron tres personas con conocimiento directo del caso.
El escándalo involucra al coloso brasileño de la construcción Odebrecht, que ha admitido pagar casi 800 millones de dólares en sobornos por toda América Latina para asegurar contratos gubernamentales en una docena de países. Las consecuencias de las investigaciones han tocado a casi todo país en las Américas donde operaba la compañía, con presidentes destituidos, funcionarios arrestados y la política nacional trastocada desde Perú hasta Panamá.
Los escándalos de corrupción han asolado al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto prácticamente desde el momento en que ocupó el cargo.
La falta de avances en el caso Odebrecht ha sido un punto sensible en México desde finales del 2016, cuando, en un arreglo extrajudicial de miles de millones de dólares, la compañía reconoció ante autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil que había pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.
Odebrecht admitió haber pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios en Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal petrolera de México. Raúl Cervantes, el ex procurador general de México, incluso viajó a Brasil para hablar sobre la evidencia que las autoridades habían recabado allí. La Procuraduría General no respondió a varias solicitudes de comentarios.
Pero no se han presentado cargos contra ningún funcionario mexicano. La nación aplicó una sanción administrativa a Odebrecht, prohibiéndole operar en el país durante varios años.
Cervantes, quien dejó el puesto en septiembre, ha dicho que la investigación quedó concluida. Su sucesor, Alberto Elías Beltrán, ha dicho que el caso está en curso, pero que no puede compartir detalles al respecto.
En realidad, el caso ha sido archivado, señalaron las tres personas enteradas del asunto. Ya de por sí padeciendo múltiples escándalos de corrupción y una violencia creciente a nivel nacional, el gobernante Partido Revolucionario Institucional no puede arriesgarse a que surja otro escándalo antes de las elecciones presidenciales en julio, apuntaron las fuentes.
La investigación ha confirmado en gran medida lo que ya se conoce, de acuerdo con personas que han revisado los documentos: que millones de dólares en sobornos fueron depositados en cuentas offshore para garantizar contratos de infraestructura.
Desde que se empezaron a filtrar detalles sobre el papel de México en el escándalo Odebrecht, en el 2016, la información se ha centrado en Emilio Lozoya Austin, uno de los principales allegados y aliados más cercanos del presidente. Lozoya fue miembro del equipo de campaña del presidente en el 2012, y más tarde fue nombrado director de Pemex, tras la llegada de Peña Nieto a la Presidencia.
Lozoya, quien dejó Pemex en el 2016, ha negado cualquier acción indebida.
En diciembre del 2016, como parte del arreglo extrajudicial de 3,500 millones de dólares con las autoridades suizas, brasileñas y estadounidenses, ejecutivos de Odebrecht admitieron haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, sin indicar nombres.
Esa revelación desató una tormenta en México. Respondiendo a la presión pública, el Gobierno mexicano inició una investigación en enero del 2017.
Tres altos funcionarios de Odebrecht señalaron que Lozoya había recibido más de 10 millones de dólares en sobornos.
En el 2012, cuando Peña Nieto contendía por la Presidencia, Odebrecht hizo pagos a cuentas en las Islas Vírgenes Británicas que le dio Lozoya por un total de más de 3.1 millones de dólares, de acuerdo con el testimonio de ejecutivos de la compañía.
Lozoya era el coordinador internacional de la campaña. Los funcionarios de Odebrecht explicaron que el pago se hizo con la intención de granjearse la buena voluntad de Peña Nieto, quien se perfilaba a ser el próximo presidente.
“Este escándalo va más allá de afectar la reputación del presidente, ya de por sí dañada. No procesar a nadie en este caso tiene que ver con el futuro del partido”, dijo Eduardo Bohórquez, uno de los arquitectos del sistema anticorrupción mexicano.