Acción compasiva con niños separados de sus padres
La separación de un niño de su entorno familiar es siempre difícil. Cuando el distanciamiento es abrupto e involuntario, puede ser traumático. Por ello abogamos por un trato compasivo hacia los hijos de las personas detenidas por cruzar sin permiso la fro
Según cifras oficiales, cerca de 1,000 niños han sido apartados de sus padres y/o madres, y recluidos en centros de detención desde mediados de mayo pasado, a raíz de la adopción de la nueva política de “cero tolerancia” a la entrada no autorizada a Estados Unidos. Esta normativa dicta la presentación automática de cargos penales contra los adultos, con miras a su deportación, aun cuando la intención del inmigrante sea solicitar asilo.
La división familiar que se produce con la retención de los menores ha conmovido internamente en Estados Unidos y en la comunidad internacional, por el drama humano de las familias que salen de sus países huyendo de la pobreza, la violencia y amenazas serias a sus vidas. Muchos aspiran a lograr asilo o un permiso para residencia legal.
Estas prácticas han detonado protestas en los estados, condenas internacionales y casos legales. El gobierno federal debe escuchar a las voces que claman por garantías de protección a los niños, mantener la unión familiar y la aplicación de procedimientos en el espíritu de las propias leyes de asilo estadounidenses. No es mucho pedir a un país con una historia sólida de defensa de las libertades y los derechos humanos.
Estados Unidos resguarda sus fronteras, como lo hacen otros países, de peligros provenientes del exterior. Eso es claramente razonable. No obstante, la separación forzada de las familias luce como una acción exagerada que perjudica a los menores y no guarda proporción con los actos de los adultos. Se trata de alrededor de 10,000 niños que han sido puestos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos en los pasados años. Se calcula que cerca de 100 tienen cuatro años o menos.
En cuanto a los adultos, lo básico sería darles la oportunidad de presentar su petición de asilo, sin que ello implique descuidar las medidas de protección nacional.
Desde una treintena de ciudades a principios de junio, y otras ochenta el pasado viernes, miles de ciudadanos salieron a las calles a pedir el cese de las políticas de separación. Una de las protestas se escenificó en las inmediaciones de la Casa Blanca y otros lugares asociados al poder político en Washington.
En la cercanía del Día de los Padres, una docena de congresistas, de ascendencia boricua, dominicana y mexicana, entre otros, se unieron a artistas, activistas de los derechos humanos y a una representación de Amnistía Internacional y Latin America Working Group, para exigir con una sola voz la intervención del Congreso para proteger a los inmigrantes y el cese de la normativa de cero tolerancia.
Las preocupaciones que se multiplican giran en torno a las condiciones en que son mantenidos los niños en los centros en Texas, Arizona y California, consideradas como detrimentales.
La denuncia cubre el hacinamiento, las instancias documentadas de trato inadecuado a los menores solos y las fallas, reconocidas por el gobierno federal, en el seguimiento a los niños relocalizados.
La Organización de las Naciones Unidas, por medio de su Alto Comisionado de Derechos Humanos declaró que se están violando los derechos de la infancia y las leyes internacionales. Sumado a ello, la jueza federal Dana Sabraw, de San Diego, California, autorizó la continuación de una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles contra la división de familias en la frontera.
Ante estas realidades que victimizan sobre todo a los menores, el gobierno estadounidense bien podría mejorar las condiciones de la estancia de los niños y sus padres, mientras se dilucidan los méritos de cada caso. Es lo propio de un país con amplios recursos económicos y humanos.