Rosselló muestra reparos
El gobernador dice que hay partidas que necesitan cambios
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo ayer estar preocupado por algunas partidas del presupuesto que fueron reducidas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que, a su juicio, requieren de evaluación para que se hagan cambios.
En particular, mencionó dos renglones, las agencias fiscalizadoras que tienen recortes presupuestarios y agencias de gobierno con reducciones que podrían hacerlas “inoperantes”.
“Esas son las áreas que tengo preocupación ante el presupuesto y que se deben de estar evaluando”, sostuvo el primer ejecutivo, aunque no precisó si hay algún tipo de diálogo o negociación con la JSF para cambiar partidas presupuestarias.
El pasado 6 de junio, la JSF envió directamente a la Legislatura la resolución de presupuesto para el próximo año fiscal. El documento incluye el aumento que pedía la JSF para su operación, una retención del 5% del presupuesto de todas las agencias y destinar $279.8 millones provenientes del impuesto sobre el barril del petróleo –que eran para el pago de la deuda– para el alza salarial de $1,500 mensuales a maestros y policías.
El 21 de junio es la fecha límite fijada por la JSF para la aprobación del presupuesto para el próximo año fiscal. Cuatro días después, el 25 de junio, es el último día para aprobar medidas. La sesión ordinaria culmina el 30 de junio.
La discusión del presupuesto se produce en momentos en que aún la Legislatura analiza la derogación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976). La eliminación del estatuto es la condición que exige la JSF para aprobar el presupuesto, con el argumento de que es necesario para el crecimiento económico de la isla. La Cámara de Representantes aprobó una medida que derogaría la Ley 80 y crearía un fondo de $100 millones en los próximos tres años para el pago de mesadas por despidos en el sector privado, una pieza que el Ejecutivo avala y que será discutida en el Senado.
La JSF y el gobernador acordaron derogar el estatuto a cambio de más dinero en el presupuesto y de proteger, durante la vida del plan fiscal a cinco años, el bono de Navidad y las licencias pagadas de vacaciones y enfermedad. El presupuesto de la Legislatura no se altera y el de la Oficina del Gobernador aumenta por más de 100%.
Mientras, agencias de fiscalización como la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor y la Oficina del Procurador del Ciudadano, entre otras, enfrentan reducciones de presupuesto que van desde $800,000 hasta $3.2 millones.
El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, había dicho que “esas agencias, además de ser independientes por definición de ley, van a tener un rol importante en lo que es el manejo de fondos, por los fondos federales que vienen. Así que queremos reforzarlas. Vamos a estar trabajando para dejarles el presupuesto a esas agencias en el que lo tienen y que ellas no sufran la reducción que están sufriendo otras agencias”.
“Hay unas áreas donde tenemos diferencias. Por ejemplo, los recortes a las agencias independientes. Tenemos una diferencia ahí significativa”, puntualizó el gobernador.
Sostuvo, además, que los recortes a las agencias –como el Departamento de Educación– responden a una discrepancia de entre $100 y $130 millones respecto a los estimados de la JSF.
“Ellos empezaron a aplicarlo a través de todas las agencias. Ojo: hay algunas que pueden aguantar un golpe al presupuesto. Hay otras que no, que ya, por ejemplo, tienen una función que está al límite y si le quitas un poco más, pues lo puedes poner inoperante”, advirtió Rosselló Nevares.
En esa línea, mencionó que Educación enfrenta un recorte de $191.5 millones en el presupuesto, incluyendo la partida de Educación Especial, que recibirá $78.2 millones menos mientras la Asamblea Legislativa impulsa una nueva Ley de Educación Especial.
La Administración de Seguros de Salud tendría $22 millones menos en el presupuesto y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) alcanza los $49.6 millones en reducciones. Rosselló dijo que cuando se le añade al presupuesto “esa varianza, trae cierta incertidumbre”. Sin embargo, el primer ejecutivo no explicó cómo se mantiene abogando por la derogación de la Ley 80 a cambio de un presupuesto que no le satisface.
“Esta varianza fue algo incluido por la Junta de Supervisión Fiscal a última hora”
RICARDO ROSSELLÓ GOBERNADOR