Junta Fiscal pide al tribunal que desestime la demanda del gobernador
El ente fiscal alega que el gobernador busca “obstruir” el mandato del Congreso
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidió ayer al tribunal que desestime la demanda incoada en su contra por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, porque el mandatario busca “retar” el proceso de certificación del plan fiscal y el presupuesto que llevó a cabo el organismo federal, aunque ello está prohibido por la ley federal Promesa.
De inmediato, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela Franco, indicó que su batería de abogados examinará la moción de desestimación y estará preparada para argumentar su posición en la audiencia del próximo 25 de julio.
Al reclamar que la demanda incoada por Rosselló Nevares carece de méritos, la JSF aseguró que con sus acciones, el mandatario intenta “deshacer el aislamiento” de presiones políticas que el Congreso proveyó a esa entidad, así como “obstruir” el mandato dado al organismo federal.
En un reclamo de unas 40 páginas, la JSF ofreció un relato del proceso de certificación del plan fiscal que llevó a cabo este año, luego de la embestida del huracán María, y dijo a la corte que trató en múltiples ocasiones de reconciliarse con el gobierno. Pero ante la falta de un acuerdo, agregó la JSF, lo que procede es reafirmar los deberes “solemnes” de la entidad
“Cualquier ley del gobierno estableciendo el presupuesto, que establezca un gasto de presupuesto, como el bono de Navidad, está sujeta a ser ocupada porque es inconsistente con el poder dado a la JSF en Promesa para fijar el presupuesto” JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN A DEMANDA DE ROSSELLÓ
en torno a la certificación e implementación del plan fiscal y el presupuesto.
La jueza Laura Taylor Swain ordenó esta semana que la magistrada Judith Dein atienda la controversia.
ROSSELLÓ SE CONTRADICE
De acuerdo con la moción de desestimación, Rosselló Nevares pretende objetar en corte las acciones de la JSF cuando antes de la aprobación de Promesa, era frecuente establecer reglas o procedimientos para el desembolso de los fondos establecidos por la Legislatura a la hora de aprobar el presupuesto.
Además, según la JSF, Rosselló no puede cuestionar ahora el alcance de los planes fiscales y el presupuesto, pues en otros litigios de acreedores bajo los casos de Título III, el gobierno ha planteado que el plan fiscal y el presupuesto, una vez certificados por la JSF, son inapelables.
Para Rosselló Nevares, sin embargo, la JSF utiliza el proceso de certificación del plan fiscal y el presupuesto para “microadministrar” el gobierno, lo que constituye una usurpación de sus poderes como oficial electo de la isla.
“Aunque Promesa confía a la entera discreción de la JSF los dos grandes instrumentos de política que hay -el plan fiscal y el presupuesto- y empodera expresamente a la JSF para formularlos y certificarlos… el gobernador cuestiona que Promesa preserva al gobierno los poderes políticos y de gobierno para tomar decisiones de política”, reza la moción de la JSF.
“Las provisiones que el gobernador objeta no son recomendaciones en el sentido de la sección 205 de Promesa”, se agrega en el documento que, incluso, plantea que cualquier ley que asigne dineros del presupuesto para cualquier fin queda ocupada por la ley federal y el poder dado a la JSF para adoptar y certificar presupuestos.
Mientras la JSF busca desbancar el pedido de interdicto de Rosselló Nevares, el gobierno de Estados Unidos solicitó por segunda ocasión a Swain que mantenga la constitucionalidad de Promesa.
JUSTICIA FEDERAL DEFIENDE PROMESA
En una moción ayer, el procurador auxiliar general Thomas G. Ward y la abogada especial del Departamento de Justicia federal, Jean Lin, indicaron a Swain que dos decisiones recientes emitidas por la Corte Suprema de los Estados no tienen tangencia con el caso de Puerto Rico y la ley federal Promesa, como alegó el fondo de Inversiones Aurelius Management a principios de semana.
Aurelius, que busca desestimar el pedido de Título III del gobierno, envió a Swain copia de dos opiniones del alto foro federal estadounidense porque a juicio de la firma de inversiones, estas validan sus argumentos en contra de Promesa.
Para Aurelius, las acciones de la JSF son nulas porque los miembros de dicha entidad fueron designados por el presidente de Estados Unidos sin el consentimiento del Senado como requiere la Constitución de Estados Unidos.
Aurelius remitió a Swain los fallos del Supremo estadounidense en Lucia v. SEC y Ortiz v. United States. Ambos fallos se produjeron el pasado 21 y 22 de junio.
En el caso de Lucia v. Sec, el alto foro decidió que un funcionario de mejor jerarquía en el organigrama del regulador bursátil federal debió ser nombrado en su cargo partiendo de la cláusula de nombramientos establecida en la Constitución estadounidense.
En el caso de Ortiz, la Corte Suprema determinó que posee jurisdicción para revisar decisiones de las cortes de apelaciones de las Fuerzas Armadas, y concluyó que la cláusula de nombramientos en la Constitución estadounidense no impide que un juez militar actúe como un oficial de menor jerarquía una corte y como principal oficial en otra.
“Estas determinaciones impactan directamente varios de los asuntos constitucionales que han sido traídos en la objeción y moción de desestimación del Título III que ha presentado Aurelius”, indicó el fondo de inversiones.
Pero, según el Departamento de Justicia federal, la interpretación que da Aurelius a ambos fallos judiciales es errada, pues tales decisiones solo reafirman que la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense no aplica a los miembros de la JSF.
“Un hallazgo de que la cláusula de nombramientos aplica a oficiales territoriales no solo daría en la cara a esta práctica histórica, sino que también cuestionaría las estructuras de gobierno actuales de los territorios y el Distrito de Columbia que han estado en funciones por décadas”, indicó Justicia federal. Agregó que dado que los territorios están sujetos a los poderes plenarios del Congreso, no aplica la “compleja” distribución de los poderes del gobierno que provee la Constitución estadounidense.
“En los próximos días, nuestros abogados estarán contestando esa moción y estaremos presentando nuestros argumentos frente a la jueza Laura Taylor Swain en la vista que fue pautada para el 25 de julio de 2018” GERARDO PORTELA FRANCO DIRECTOR EJECUTIVO DE AAFAF