La jueza Swain mantiene la constitucionalidad de Promesa
La jueza Swain sostiene que el Congreso tiene autoridad para excluir la JSF de la cláusula de nombramientos
WASHINGTON.- Al amparo del poder del Congreso para legislar sobre un territorio como Puerto Rico, la jueza federal Laura Taylor Swain mantuvo ayer la constitucionalidad de los nombramientos hechos a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno electo de la isla.
Swain sostuvo que los poderes plenarios del Congreso sobre la isla permiten al legislativo federal declarar la Junta como una entidad territorial, y designar sus miembros sin cumplir con la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense.
“En cuanto a Puerto Rico, el Congreso ha ejercido durante mucho tiempo su poder plenario del Artículo IV (de la Constitución) para estructurar y definir entidades gubernamentales para la isla… El Congreso tiene un papel dual con respecto a los territorios: como el Congreso nacional de EE.UU. y la legislatura local del territorio”, indicó Swain, al desestimar una demanda del fondo de inversiones Aurelius Management que ha querido cancelar la reestructuración de deuda bajo el título III de Promesa.
Aurelius ha argumentado que por tratarse de “funcionarios de EE.UU.” los nombramientos de los miembros de la Junta debieron cumplir con las normas constitucionales estadounidenses, ser propuestos por el presidente y confirmados por el Senado.
Bajo la ley Promesa, el entonces presidente Barack Obama tuvo la opción de nombrar a seis de los miembros a base de recomendaciones de los líderes del Congreso y él solo seleccionar un integrante. Para Aurelius, el proceso de nombramientos de los miembros hacía inconstitucional la ley y debía invalidar el proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, a base del título III.
La demanda de Aurelius fue cuidadosa en no impugnar la totalidad de la ley.
En su determinación, la jueza acogió las posturas hechas con más claridad que nunca por el gobierno federal a partir del recurso de ‘amigo de la corte’ que sometió en diciembre de 2015 el entonces procurador general de EE.UU., Donald Verrilli, en el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle.
Aquella argumentación sentó las bases para defender la posterior aprobación de la ley Promesa, que impuso la JSF y un proceso de reestructuración de la deuda bajo un proceso de bancarrota territorial que preside Swain.
Verrillli afirmó, en diciembre de 2015, que en Puerto Rico la “última fuente de poder soberano sigue siendo EE.UU.”. Ahora, es uno de los abogados de la junta.
“El Congreso tiene poder plenario bajo la cláusula de territorios para establecer instituciones gubernamentales para territorios que no solo son distintas de las entidades del gobierno federal, sino que incluyen características que no cumplirían con los requisitos de la Constitución si pertenecieran al gobierno de los Estados Unidos. Ha ejercido este poder con respecto a Puerto Rico en el transcurso de casi 120 años, incluida la delegación al pueblo de Puerto Rico elementos de su autoridad plenaria del Artículo IV al autorizar un grado significativo de gobierno propio local”, sentenció Swain.
Para la jueza, “todo el gobierno local en Puerto Rico se re- monta al Congreso”.
El Departamento de Justicia federal, bajo el gobierno de Donald Trump, había argumentado en contra de la demanda de Aurelius. “Un hallazgo de que la cláusula de nombramientos aplica a oficiales territoriales no solo daría en la cara a esta práctica histórica sino que también cuestionaría las estructuras de gobierno de los territorios y el Distrito de Columbia que han estado en funciones por décadas”, indicó Justicia.
Mientras, la propia Junta había invocado ante el tribunal el poder del Congreso sobre Puerto Rico para decidir hacer los nombramientos al organismo fiscal sin necesidad de que todos fueran propuestos por el presidente y confirmados por el Senado.
“Acogemos la opinión rigurosa y bien razonada de la jueza Swain donde sostiene que el Congreso no estuvo restringido por la cláusula de nombramientos cuando creó la Junta de Supervisión y por lo tanto los nombramientos de la Junta son constitucionales”, indicó la JSF, en una declaración
“MALEABILIDAD”
Para el constitucionalista Carlos Ramos González, profesor de la Universidad Interamericana, la jueza Swain ha reafirmado la “maleabilidad” de la cláusula para territorios de la Constitución de EE.UU. que le permite al Congreso dar y quitar derechos colectivos con amplia autoridad.
“El gobierno de Puerto Rico está a la discreción de la ‘sabiduría’ del Congreso al momento de decidir cómo gobierna sus territorios. Es una tesis que debe indignar a los que vivimos en esta tierra, pero es plausible bajo el derecho constitucional de EE.UU.”, indicó, desde San Juan, Ramos González.
Para el exjuez federal de quiebras Gerardo Carlo Altieri, la inclinación de la jueza hacia la Junta tiene “muchas connotaciones”.
La JSF vio en la desestimación del caso de Aurelius un adelanto de lo que espera sea la decisión de la jueza Swain en las demandas en que el Ejecutivo y el Legislativo de Puerto Rico le imputa excederse en sus poderes al exigir reformas laborales y gubernamentales.
“…Promesa faculta a la JSF para, entre otras cosas, aprobar los planes y presupuestos fiscales del Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades, anular las acciones ejecutivas y legislativas del (ELA) que son inconsistentes con planes y presupuestos fiscales aprobados, y comenzar un procedimiento tipo bancarrota en tribunal en nombre del (ELA) o instrumentalidades”, indicó la jueza Swain.
Carlo Altieri comentó que las demandas del gobierno de Puerto Rico tienen “bases históricas y razonamientos que apelan a los políticos”, pero “la ley es bastante clara en que la Junta tiene la última palabra en todos los asuntos que tienen que ver con planes fiscales y presupuestos”.
El exjuez Carlo Altieri advirtió que “hasta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no revoque los Casos Insulares, esa es la ley en Puerto Rico, desgraciadamente”.
“Todo el gobierno local en Puerto Rico se remonta al Congreso” LAURA TAYLOR SWAIN JUEZA ENCARGADA DEL PROCESO DE REEESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA