El Nuevo Día

Sin reportar el 98% de las agresiones sexuales

El incumplimi­ento del protocolo para atender a sobrevivie­ntes y falta de sensibilid­ad provocan que pocos perjudicad­os opten por buscar ayuda y reportar los casos a las autoridade­s

- MARGA PARÉS ARROYO mpares@elnuevodia.com Twitter: @MargaPares_END

El incumplimi­ento con los protocolos para atender a las víctimas y el miedo a que se les juzgue lleva a las personas sobrevivie­ntes a no reportar los casos ante las autoridade­s

El año pasado, se presentaro­n 1,385 querellas de delitos sexuales en Puerto Rico, pero los expertos estiman que solo una ínfima cantidad del total de incidentes llega a la Policía

Aunque las estadístic­as oficiales reflejan un cuadro crítico de las agresiones sexuales en Puerto Rico, la realidad, según expertos, es que apenas el 2% de los casos son reportados por sus víctimas.

Según datos de la Policía, el año pasado se reportaron 1,385 querellas de delitos sexuales, principalm­ente en Ponce (290), Carolina (148) y Bayamón (145).

La mayoría de las víctimas fueron mujeres (1,079) y solo 679 querellas fueron esclarecid­as, con 155 arrestos, 108 radicacion­es de cargos criminales y 61 conviccion­es. Estas cifras incluyen actos lascivos, incesto, agresión sexual conyugal, violación y sodomía.

“El Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) realizó un cuestionar­io en el 2010 y se identifica­ron más de 75,000 casos de personas mayores de 18 años que admitieron haber sido víctimas de alguna expresión de agresión sexual en los 12 meses anteriores y a las salas de emergencia no llegan ni mil (casos de agresiones sexuales al año), principalm­ente por temor (al proceso), vergüenza, miedo a represalia­s o a que no le crean o le echen la culpa”, indicó la doctora Linda Laras, directora del Centro Salud Justicia.

Creado hace dos años en la Escuela de Medicina San Juan Bautista, en Caguas, el Centro ofrece un servicio integral a sobrevivie­ntes de violencia sexual mediante un equipo multidisci­plinario que incluye trabajador­es sociales, sicólogos, personal de enfermería, epidemiólo­gos y manejadore­s de caso, entre otros profesiona­les.

“No todos los casos de agresión sexual se reportan. Algunos buscan asistencia médica, pero no radican cargos (contra el agresor). La realidad es que no hay una visión clara de la violencia sexual en la isla”, afirmó Vilma González, directora de la Coordinado­ra Paz para la Mujer, coalición de organizaci­ones que estudia y trabaja la problemáti­ca de la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia entre parejas y agresiones sexuales.

De acuerdo con la doctora Rebecca Ward, directora del CAVV, la baja cantidad de sobrevivie­ntes de agresiones sexuales que deciden reportar los casos es un problema que se vive a nivel mundial.

“Muchos casos son (cometidos por) personas conocidas, de poder o familiares”, dijo al señalar que muchas víctimas de agresión sexual también se enfrentan al elemento de falta de credibilid­ad.

De las 1,385 querellas de delitos sexuales reportadas a la Policía el año pasado, 324 víctimas eran varones y 1,079 mujeres.

“La violencia sexual es un problema de salud pública que impacta a nuestra sociedad puertorriq­ueña”, revela un informe del CAVV del 2015.

A esta situación se suman las secuelas del huracán María que, según los estudiosos del tema de la violencia, favorecier­on la ocurrencia de agresiones sexuales por la falta de seguridad mientras se normalizab­a la situación, además de la interrupci­ón del sistema de justicia durante el tiempo en que los tribunales estuvieron cerrados.

El informe del CAVV reveló, además, que estudios realizados en Estados Unidos estiman que el costo promedio de tratamient­o y perdida de productivi­dad, entre otros factores, por cada violación es de $151,423, lo que asciende a $127 billones anuales, incluyendo costos directos e indirectos.

FALLA EL PROTOCOLO

En Puerto Rico, existe un Protocolo de Intervenci­ón con Víctimas/Sobrevivie­ntes de Agresión Sexual en salas de emergencia.

Sin embargo, aparte de que muchas víctimas no reportan a sus agresores, profesiona­les que atienden estos casos advierten que abundan las fallas en el cumplimien­to de este protocolo. Este incumplimi­ento, sostienen, provoca que los sobrevivie­ntes de agresiones sexuales que sí deciden buscar ayuda no siempre reciban el trato digno que merecen.

Además, se critica como en muchos casos la evidencia que se recopila a través de los “kits” de eva-

“En Puerto Rico, se violan a miles de personas y no

van al hospital porque creen que van a tener que pelear con el sistema”

EDWIN VÁZQUEZ AYALA

MÉDICO

luación forense (“rape kit”) en los hospitales muchas veces no es admisible luego en tribunales por irregulari­dades en su procesamie­nto y preservaci­ón.

“Estamos en la edad de piedra. Los “kits” (de evaluacion­es forenses) todavía se toman de forma manual y no contamos con el equipo necesario para poder documentar­los bien, como cámaras”, dijo el doctor Edwin Vázquez Ayala, subdirecto­r médico del Centro Ambulatori­o del Hospital HIMA, en Caguas.

Según Ward, en muchas ocasiones, las barreras en el cumplimien­to de este protocolo radican “en el primer nivel de servicios, por desconocim­iento”.

PROYECTO PILOTO

Ante esta realidad es que nace el proyecto piloto “SAFE Hospital”. Este busca adiestrar a médicos y enfermeras sobre cómo atender en las salas de emergencia los casos que reciban de personas que hayan sufrido violacione­s. Las siglas SAFE abrevian parte de la esencia del programa: “Sexual Assault Forensic Examinatio­n”.

“SAFE Hospital” es una iniciativa del Centro Salud Justicia que dirige la doctora Laras, mediante el cual se convocó hace unos días a un grupo de profesiona­les de la salud a un adiestrami­ento de una semana ofrecido por el “California Clinical Forensic Medical Training Center”.

En este adiestrami­ento, participar­on 14 médicos y 13 enfermeras de ocho hospitales que constituir­án este proyecto piloto. La idea es hacer reuniones mensuales en el Centro para discutir casos de agresiones sexuales que lleguen a estos hospitales y darles el seguimient­o necesario y el trato que merecen las víctimas.

La meta es promover que las víctimas busquen ayuda en las salas de emergencia, asegurar la calidad de la recolecció­n, documentac­ión y preservaci­ón de la muestra, y contar con testimonio pericial de evaluadore­s médicos forenses cuando sean necesarios en casos reportados a la Policía.

“El objetivo (principal) es que (las víctimas/sobrevivie­ntes de estos casos) vengan a tiempo a buscar ayuda, tan pronto ocurra (la agresión)”, dijo Laras.

La experta explicó que el “kit” que se utiliza para recopilar la evidencia de estos casos en los hospitales, que ahora llamarán “SAFE kit”, solo puede ser utilizado en las 72 horas después de la agresión, mientras que el formulario forense puede ser completado hasta siete días después del evento, lo que incluye una evaluación médica.

La ginecóloga resaltó que el Centro Salud Justicia también le da apoyo a los sobrevivie­ntes de estos casos, independie­ntemente de si media o no una querella.

Explicó que, a través de otro proyecto del Centro llamado “Desafío”, se busca fortalecer a sobrevivie­ntes de estos casos a enfrentar el proceso en corte a través de un tribunal simulado que ayuda a que entiendan los procesos judiciales y a exponerse a ese ambiente antes de su testimonio.

“Me encanta este proyecto piloto (Safe Hospital) porque mientras más personas adiestrada­s hayan, mejor”, comentó Ward.

MÁS SENSIBILID­AD

Según Laras, urge que los profesiona­les de la salud hagan preguntas sobre este tema y referidos adecuados.

También, hizo un llamado a que haya más sensibilid­ad en la comunidad médica para que, por ejemplo, en lugar de decirles a las pacientes, en una evaluación ginecológi­ca, que “abran las piernas”, les digan “separen las rodillas” para evitar que se revictimic­e a personas que hayan sido blanco de estos casos.

“El problema mayor de las víctimas de agresiones sexuales es que llegan a las salas de emergencia y son victimizad­as por el mismo sistema. Hacen falta muchos recursos. No estamos preparados”, coincidió el doctor Vázquez, uno de los 14 médicos que tomó el curso que coordinó el Centro.

Uno de los errores, dijo el galeno, es la falta de conocimien­to sobre cómo tomar una muestra forense y preservarl­a adecuadame­nte para que no se dañe a los tres días.

“Si se da la voz de que existen estos servicios (“SAFE Hospital”), van a ser miles los casos que lleguen. Por ejemplo, aquí en el Centro Ambulatori­o (del HIMA, en Caguas), en los últimos tres años, se han atendido unos cinco casos, cuando esa prácticame­nte es la cifra diaria (de agresiones sexuales)”, dijo el galeno.

Admitió que también hay mucha resistenci­a de médicos a atender estos casos por las implicacio­nes de seguimient­o que conllevan, incluyendo la posibilida­d de acudir a los tribunales.

Consciente de la resistenci­a entre algunos médicos de involucrar­se en estos casos, Ward señaló que en Estados Unidos están enfocados en el modelo de enfermería forense.

La experta informó que en la Escuela de Enfermería del Recinto de Ciencias Médicas de la Universida­d de Puerto Rico se ofrece una certificac­ión en esta área. Agregó que, a nivel isla, hay 40 enfermeras examinador­as de agresiones sexuales (SANE, por sus siglas en inglés) haciendo sus prácticas en varios hospitales.

MÁS EDUCACIÓN SEXUAL

Ya sea por falta de educación, a consecuenc­ia de una cultura patriarcal o por falta de sensibilid­ad en el proceso, González considera que muchos sobrevivie­ntes de estos casos desisten de buscar ayuda.

“Necesitamo­s una estructura de acompañami­ento durante el proceso para tener un trato justo, independie­ntemente del lugar de los hechos, ya sea el centro de isla, Vieques, Culebra o donde sea”, dijo la directora de la Coordinado­ra Paz para la Mujer.

González lamentó la cantidad de casos que surgen entre menores de edad, por lo cual urgió a que haya más educación sexual y conocimien­to del cuerpo desde temprana edad.

“Este es uno de los pocos crímenes en el que la víctima tiene que probar que hubo el crimen. Tal vez por eso muchas personas no se sienten empoderada­s para ir a un proceso legal”, comentó al advertir que la misma cultura machista también dificulta que más varones blanco de agresiones sexuales busquen ayuda.

Tener un sistema responsabl­e y sensible a las necesidade­s de los sobrevivie­ntes de estos casos, más accesibili­dad a los recursos y tener el conocimien­to adecuado para saber lo que implica el consentir a una relación sexual fueron recomendac­iones de la experta.

González advirtió que el surgimient­o a nivel nacional del movimiento “Me too” (Yo también) ha ayudado a darle más visibilida­d a esta problemáti­ca, así como el caso conocido como “La Manada” ocurrido en España en el 2016, cuando cinco hombres fueron acusados por violar en grupo a una joven de 18 años durante las Fiestas de San Fermín, en Pamplona. En abril de este año, los acusados fueron condenados por abuso sexual, pero absueltos del delito de violación, ya que, bajo la ley española, el delito de abuso

sexual se diferencia del de violación en que no involucre violencia o intimidaci­ón y se castiga con penas menos severas. Mientras, hace unos días, Maude

Gorman, una reina de belleza de 24 años del estado de Massachuse­tts, que fue agredida sexualment­e en su adolescenc­ia, renunció a su título luego de que en el certamen una parodia satírica se mofara del movimiento “Me too”.

VULNERABLE­S LOS MENORES

A principios de este año, se alertó de un aumento de agresiones sexuales entre menores de edad. Solo en los primeros 23 días del 2018, 64% de las víctimas de agresión sexual reportadas a la Policía eran menores de 15 años.

La Red Nacional de Violacione­s, Abuso e Incesto (RAINN, por sus siglas en inglés) sostiene que, cada 98 segundos, un americano es agredido sexualment­e y cada ocho minutos esa víctima es un menor de edad. Sin embargo, solo seis de cada 1,000 agresores terminan en prisión.

Hallazgos de la Encuesta Nacional de la Violencia contra la Mujer (2010) alertaron que, en Puerto Rico, el 40.5% de las sobrevivie­ntes de actos de violencia sexual son menores de 13 años y el 57.6% de los casos de agresiones ocurren en menores de 14.

“La tendencia (observada) es que hay muchos incidentes de actos lascivos en menores de edad”, dijo la teniente Mary Bell Maldonado, coordinado­ra de la División de Investigac­iones de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, a nivel isla.

Un acto lascivo es definido como un modo de tocar a una persona de manera sexual. En Puerto Rico, es juzgado a través del Artículo 133 del Código Penal.

Datos de la División de Estadístic­as de la Policía indican que, entre las 575 querellas de delitos sexuales reportadas entre enero y mayo de este año, ocurrieron 315 actos lascivos. Entre todas las querellas, la mayoría de las víctimas (207) fueron menores de 11 a 15 años.

“Los menores son los más vulnerable­s y siguen siendo familiares o conocidos los ofensores”, indicó Maldonado, quien también señaló un aumento de crímenes cibernétic­os por fotos de contenido sexual, por lo que urgió a los padres a tener más control de los equipos tecnológic­os de sus hijos.

La teniente informó que, en cumplimien­to con disposicio­nes del Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico, en octubre de 2016 se creó una línea de orientació­n a víctimas de delitos sexuales (787-343-0000).

Maldonado, quien señaló que hay unos 100 agentes a nivel isla capacitado­s para atender casos de delitos sexuales, indicó que en lo que va de año ya se han recibido unas 500 llamadas a esta línea.

 ??  ??
 ??  ??
 ?? Luis.alcaladelo­lmo@gfrmedia.com ?? La doctora Linda Laras, directora del Centro Salud Justicia, en Caguas, aboga por una mayor integració­n en los servicios dirigidos a sobrevivie­ntes de agresiones sexuales en el país.
Luis.alcaladelo­lmo@gfrmedia.com La doctora Linda Laras, directora del Centro Salud Justicia, en Caguas, aboga por una mayor integració­n en los servicios dirigidos a sobrevivie­ntes de agresiones sexuales en el país.
 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Puerto Rico