Se dispara la contratación de empleados temporeros en el gobierno
Durante los últimos años, se ha multiplicado esta práctica, sobre todo en el Departamento de Salud
enero de 2017 al 30 junio de este año, entre agencias, corporaciones y municipios, el sector público ha firmado 2,870 contratos para este tipo de empleo por un valor de $52.3 millones
Expertos en materia laboral alertan sobre los riesgos de esta práctica, que inició con la administración Fortuño tras la Ley 7 y se catapultó bajo el mandato de García Padilla
Con la crisis como telón de fondo, la última década en Puerto Rico ha sido testigo de un achicamiento de la fuerza laboral dentro del sector público. Entre los despidos masivos, las renuncias voluntarias y los retiros -muchos de ellos incentivados-, el gobierno ha contraído poco a poco su nómina de empleados regulares.
Sin embargo, paralelamente, se ha disparado de forma astronómica la contratación de empleados temporeros en el sector público, una práctica que se ha hecho cada vez más popular en la industria privada, y que ahora ha penetrado en agencias, municipios y corporaciones, llenando, en algunos casos, casi toda la plantilla de programas de gobierno.
“La práctica de sustituir un puesto por un contrato no es sana ni es recomendable legalmente hablando, porque hay un principio legal que expresa que no se puede sustituir un puesto por contratación. Es ilegal y va en contra del marco jurídico”, aseveró el exsecretario del Trabajo y Recursos Humanos Víctor Rivera Hernández.
Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2018, entre agencias, corporaciones y municipios, el sector público ha firmado 2,870 contratos temporeros por un valor total de $52.3 millones.
Una de las agencias principales que se ha volcado en este tipo de práctica es el Departamento de Salud, que, en los últimos 10 años, ha firmado 73 contratos de este tipo por $51,980,465.53, casi todos canalizados a través de Manpower Group, una empresa que se encarga de conseguir empleados temporeros, y a cambio, es remunerada con un porcentaje de la contratación. De esos, la actual administración de Salud ha firmado o renovado 24 contratos valorados en unos $18 millones, para emplear por tiempo definido.
Según la Ley 4 de 2017, conocida como la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”, un contrato de empleo temporero se establece para “realizar un proyecto específico, obra cierta, sustituir a un empleado durante alguna licencia o ausencia, o llevar a cabo tareas extraordinarias o de duración corta”.
Sin embargo, Salud tiene programas poblados de empleados temporeros. Por ejemplo, para el Programa WIC, designó $3.9 millones para llenar 36 puestos, en entre los que figuran líder de nutrición, auditor, secretaria, nutricionista, entre otros.
Además, tiene comprometidos $2.8 millones para llenar múltiples puestos en la División de Madres, Niños y Adolescentes, entre los que figuran enfermeras, técnicos de programa, promotores de salud, supervisores de programa, supervisores de enfermeras, educadores en salud y hasta el subdirector de la División.
El Registro Demográfico y de Estadísticas Vitales, que estuvo en el ojo de la polémica cuando el Tribunal de Primera Instancia dictaminó que tenía que entregar miles de certificados de defunción posteriores al paso del huracán María, también tiene numerosos empleados temporeros en puestos de servicio directo, gerencial capacitado y servicio clerical. Con un tope de $2.8 millones, Manpower se lleva el 1.42% de la contratación de em- pleados para entrada de datos, servicio al cliente, gerentes de programa, secretarias, asesores legales y hasta un supervisor regional.
También, Salud ha optado por contratos temporeros para la Oficina de Epidemiología para puestos como coordinador del sistema de vigilancia, enfermera registrada, tecnólogo médico y personal administrativo. De igual forma, en la Oficina de Sustancias Controladas y la División de Cannabis Medicinal, para un especialista de laboratorio, un abogado y un asistente de oficina.
Cuando Rivera Hernández escuchó algunos de los puestos -como el de subdirector o coordinador regional-, indicó alarmado que, posiblemente, están dentro del plan de clasificación y retribución de la agencia.
“Si están dentro del plan, no deberían ser, bajo ninguna circunstancia, personas contratadas... Si el gobierno insistiera en contrataciones externas para sustituir puestos, sería una gran hipocresía reducir la nómina de empleados, por un lado, y aumentarla, por otro, a base de contratos”, dijo el profesor de administración pública de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.
Según datos de la OCPR, la actual administración del Departamento de Salud ha destinado $805,837 de su presupuesto para contratos de servicios de publicidad y representación. La agencia dirigida por el secretario Rafael Rodríguez Mercado nunca respondió la petición de entrevista de este medio sobre la contratación de empleados temporeros, algu-
“Sería una gran hipocresía reducir la nómina de empleados, por un lado, y aumentarla, por otro, a base de contratos” VÍCTOR RIVERA HERNÁNDEZ EXSECRETARIO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
nas de las cuales preceden su mandato, por ser renovaciones.
Con 1,729 contratos, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) figura como la entidad que más contratos ha firmado durante ese período del 2017 al 2018, en su caso, directamente con individuos. La administradora de ASSMCA,
Suzanne Roig Fuertes, insistió en no llamar a los contratos “de empleo temporero”, pese a que así aparecen bajo la OCPR, e indicó que la vasta mayoría son parte del proyecto Anímate, financiado con fondos federales.
“A partir del 1 de noviembre, entró en vigor una propuesta de emergencia que sometimos a FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), que nos fue otorgada para dar servicios de sa- lud mental y enlace a tratamiento en las comunidades de Puerto Rico”, sostuvo la administradora.
El profesor de Derecho Laboral de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Charles Zeno
Santiago comentó que la práctica, que durante años se ejerció en la empresa privada, es una tendencia cada vez mayor en Puerto Rico y Estados Unidos.
“En aras de la alegada crisis, lo que se ha hecho es achicar el reclutamiento de empleados regulares (despedidos) por la Ley 7. Cuando se percatan que, al despedir, necesitas proveer servicios, el gobierno ha copiado la práctica que se ha hecho por años en la empresa privada. Es una tendencia cada vez mayor, y la atribuyo a que fue después de la Ley 7 por los recortes a empleados”, comentó.
LA SECUELA DE LOS DESPIDOS
En el pasado, explicó el profesor Rivera Hernández, el gobierno solamente contrataba en puestos de difícil reclutamiento, ya que por ley el Estado debe llenar sus puestos conforme al principio de mérito, permitiendo la justa competencia. Sin embargo, el curso normal se ha trastocado.
En marzo del 2009, la aprobación de la Ley 7 de Emergencia Fiscal heló al país. Según las cifras oficiales vertidas en el 2011 bajo el gobierno de Luis Fortuño, sobre 17,000 empleados gubernamentales quedaron fuera de sus puestos, entre despidos, renuncias voluntarias y terminación de contratos.
Según su autor, el objetivo de la Ley 7 era, en primera instancia, proveer ahorros en el fisco a través de la reducción de la nómina, y a largo plazo, la reestructuración de las operaciones del gobierno. Sin embargo, los despidos se suscitaron sin que se repensara la forma en que funciona el gobierno. Por el contrario, se dislocó la operación de varias agencias, con programas con funciones limitadas, los cuales, para brindar servicios, tuvieron que recurrir a la contratación de personal externo.
Ese mismo año, el 2009, es que la OCPR registra el primer contrato de servicios profesionales otorgado bajo el tipo de servicio de empleo temporero. Un contrato de $1,000 con la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública encabeza la cronología. En el 2012, en el último año de Fortuño al poder, 140 contratos para servicios temporeros sumaron $578,674.70 en fondos públicos comprometidos.
En el 2014, bajo la administración de Alejandro García Padilla, se aprobó la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal, que, en esencia, congeló los costos incrementales, redujo los beneficios marginales de los empleados públicos y paralizó los convenios colectivos. Según datos del Negociado del Censo, ya para ese momento se había contraído la población de empleados públicos. De 304,005 personas que, en el 2009, estaban empleadas en alguna entidad gubernamental, en el 2013, se había registrado una baja de 57,159.
“Los jefes de agencia se han encontrado con un gran problema: el desmantelamiento progresivo del gobierno de Puerto Rico y de la plantilla pública... Aun aprobándose (esas leyes), el principio de que no se puede sustituir un puesto por un contrato se mantiene vigente, incólume. La agencia que obre en contra de ese principio está cometiendo una ilegalidad”, dijo Rivera Hernández.
Con la llegada de la administración de García Padilla, la práctica se catapultó de forma exhorbitante. El aumento significativo pasó de $4.8 millones comprometidos con contratos de servicios temporeros en 2013, a $28.9 millones en 2014, a $48 millones en 2015 y $40.7 millones en 2016.
“Imposibilitados de reclutar servidores en todos los niveles, lo único que, según ellos, les queda es la contratación, además de un gran desconocimiento en el área de recursos humanos y una falta de cuidado, de rigor y de estructura en todos estos asuntos”, sentenció el exsecretario.
“UN ESQUEMA ALTERNO”
En efecto, la exdirectora del Registro Demográfico Nancy Vega adjudicó a la Ley 7 la necesidad de contratar empleados temporeros.
“Teníamos como 60 oficinas, y necesitábamos gente atendiendo al público y atendiendo el Registro, una función indispensable en el país. No se tenía recursos, no se podía reclutar gente en posiciones permanentes”, manifestó.
No obstante, a su juicio, estos empleados temporeros resultaban, a veces, “hasta más productivos” debido a su flexibilidad, su eficiencia y su preparación.
“Podías contratar profesionales, demógrafos, abogados, gente de salud pública, gente que ayudara en una función tan crítica como el registro civil, gente de seguridad. Era la única manera que podías. Era necesario”, dijo Vega.
Sin embargo, el profesor Zeno Santiago apuntaló que este tipo de contratación tiene el peligro de crear “un empleo marginal al esquema legal estatutario”.
Además, apuntó que el beneficio mayor de este tipo de empleados recae en el Estado, algo que, termina siendo detrimental para el empleado.
“Tú los contratas para que te realicen una labor particular, pero no tienen los mismos derechos del sector público, salvo unas excepciones de derechos ínfimos de días de vacaciones y enfermedad, pero no tienen el derecho esencial: el derecho propietario a la tenencia del empleo”, sentenció.
Como contrapeso, la alta propensión al turnover -la rotación o cambio constante de personalpuede ser perjudicial para la entidad. Debido a que se trata de empleos temporeros, los trabajadores tienden a abandonar el trabajo con mayor facilidad, obligando al jefe de agencia a reinvertir en el adiestramiento y la orientación de su sustituto.
“Este tipo de empleado por contrato, de ordinario, no te debe ninguna lealtad ni fidelidad al gobierno como patrono porque no son empleados del gobierno... Cuando hay una rotación, hay una ruptura, una discontinuidad en el trabajo que está realizando ese contratista... Eso va en contra de lo que predica la Ley de Recursos Humanos (Ley 4-2017), que es la profesionalización del servidor público”, aseveró Rivera Hernández.
“Necesitábamos gente en el Registro (Demográfico). No se tenía recursos, no se podía reclutar gente en puestos permanentes, así que tuvimos que recurrir a empleados temporeros” NANCY VEGA EXDIRECTORA DEL REGISTRO DEMOGRÁFICO
“Esto se presta para crear un empleo marginal al esquema legal estatutario. En la Ley de Personal, o eres empleado regular, o eres de confianza” CHARLES ZENO PROFESOR DE DERECHO LABORAL