Polémicas por el proceso de cierre de escuelas
Supremo avala clausurar planteles, mientras Comisión de Derechos Civiles concluye que Educación ha violentado derechos de los estudiantes
El Departamento de Educación y La Fortaleza celebraron anoche una decisión del Tribunal Supremo en la que el máximo foro judicial valida la autoridad de la agencia gubernamental para ordenar el cierre de escuelas públicas.
El máximo foro judicial evaluó la controversia luego que un juez del Tribunal de Primera Instancia ordenara el mes pasado paralizar el cierre de nueve escuelas al concluir que Educación no garantizó los derechos de los estudiantes.
Educación defendió la orden para cerrar 265 escuelas, al asegurar que no ha sido un proceso fácil, “pero se hizo siguiendo las guías establecidas y garantizando el derecho a la educación de todos los estudiantes”.
“Esta decisión nos permite continuar con la transformación de nuestro sistema educativo, cuyo norte es ofrecerle mayores beneficios y mejores oportunidades a nuestro estudiantado”, leen las declaraciones escritas enviadas por la Oficina de Prensa de Educación.
La decisión trascendió horas después que la Comisión de Derechos Civiles (CDC) publicara un informe en el que concluyó que el proceso para el cierre de escuelas ha estado repleto de inconsistencias en los criterios, desorganización, negación de servicios, trato hostil y hasta violaciones de los derechos de estudiantes de Educación Especial.
Al cierre de esta edición, la decisión del Supremo no había llegado a manos de los demandantes en el caso, la Asociación de Maestros y el Municipio de Morovis.
“La Reforma Educativa del gobernador mejorará nuestro sistema de educación pública, que ha sido deficiente por varias décadas. Hacer más de lo mismo no es opción”, sostuvo, por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario.
REFUTA EL INFORME
Al celebrar la decisión del Supremo, Rosario indicó que esta contradice lo que determinó “de forma irregular” la CDC.
El organismo, en un informe que realizó tras investigar una querella de la Asociación de Maestros, concluyó que la agencia no realizó las consultas necesarias en comunidades escolares ni siguió los procesos establecidos para cerrar escuelas públicas.
“Se violaron derechos de las y los estudiantes de Educación Especial y de sus padres y madres al no darles participación”, indica el documento.
Después de cuatro audiencias públicas y evaluar las ponencias sometidas por miembros de la comunidad escolar y la secretaria de Educación, Julia Keleher, la CDC también concluyó que “se lesionó el derecho a la educación de los niños y niñas del sistema público al llevar a cabo un proceso desorganizado y sin orientación ni consulta”.
“No se dio un peso adecuado al criterio de aprovechamiento
“Están cometiendo una barbarie contra los componentes que dan razón de ser al DE, los niños, los maestros y sus progenitores”
AIDA DÍAZ PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS