La transformación de la Policía no puede esperar
El gobierno de Puerto Rico tiene que ser fiel a la palabra que empeñó hace cinco años, al firmar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos el acuerdo para transformar la Policía en una institución de alto profesionalismo dedicada a servir a la gen
Transcurrido el quinquenio, el monitor federal que vela por el cumplimiento del pacto, asevera que no se han demostrado avances significativos en la profesionalización y operación del cuerpo policiaco. Esta fuerza civil existe para preservar el orden social, y dar protección a vida y propiedad. La conducta de sus agentes tiene que regirse por el marco legal y constitucional. El uso de fuerza excesiva, la supresión de la libertad de expresión, y los registros y allanamientos irrazonables, figuran con prominencia vergonzosa en el catálogo de violaciones a los derechos civiles y las cobijas constitucionales identificadas por el Departamento de Justicia federal en su informe de 2011 que precedió al acuerdo de reforma.
El séptimo informe del monitor, Arnaldo Claudio, destaca, entre las áreas que aún hoy demandan mayor celeridad de ejecución, la adopción de política pública, la elaboración de un plan de distribución de recursos, la actualización de los sistemas de información y de manejo de querellas, y la puesta al día de los entrenamientos y equipos.
Su señalamiento principal apunta al liderazgo del cuerpo, al que nuevamente considera en estado de crisis a raíz de la creación del Departamento de Seguridad. Establecer líneas de mando claras, definir prontamente los lindes de administración y responsabilidad, y los métodos de trabajo en coordinación, son retos apremiantes para los altos mandos en la Uniformada y el Departamento. Es menester erradicar la incertidumbre y buscar soluciones a los problemas detectados.
Para el gobierno de Puerto Rico, los señalamientos de Claudio, quien es el asesor técnico para el cumplimiento del acuerdo, son una opinión. Ambas partes comparecerán este miércoles a una audiencia en la sala del juez federal Gustavo Gelpí, quien en su momento determinará cuál es el alcance o retraso de la puesta en vigor de la reforma estructural que debe restaurar la confianza ciudadana en la Policía.
Al gobierno puertorriqueño le corresponde explicar, entre otros asuntos, el uso de solo $8 millones en la implantación de la reforma en lugar de los $20 pactados.
La aseveración de Claudio, en el sentido de que el comisionado de la Policía no tiene la autoridad directa ni el comando total de las operaciones de ese organismo, como es requerido en el acuerdo de la reforma, amerita resolverse con alta prioridad.
También requieren solución las faltas en el trato al personal, que se vieron reflejadas en el ausentismo masivo de diciembre de 2017 a enero de 2018, y actualmente en el incremento en las ausencias por enfermedad.
La inversión en el capital humano policiaco es prioridad. Debe atenderse mediante la actualización del plan de recursos humanos, de modo que no se siga afectando la operación. Hace falta, asimismo, una eficiente infraestructura de información que ayude en las respuestas operacionales y tácticas del cuerpo. Estos programas han exhibido un modesto progreso, al igual que los entrenamientos, de acuerdo con Claudio. Necesitan acelerarse.
El respaldo de un andamiaje técnico y de apoyo a la altura de los tiempos, y condiciones de empleo dignas deberán traducirse en un mejor rendimiento del colectivo policiaco y en una percepción pública más favorable al cuerpo.
La reforma contiene los pasos necesarios para convertir la Policía en una institución que, mientras establece el orden, trabaja para la paz en la ruta de la reconstrucción de Puerto Rico.