Familias y sindicatos mantienen lucha contra el cierre de escuelas
Padres y organizaciones magisteriales aseguran que continuarán luchando para mantener abiertas decenas de escuelas
La sentencia del Tribunal Supremo que da paso al cierre de nueve escuelas públicas en la región educativa de Arecibo no pone fin al puñado de demandas que aún intentan detener las clausuras de decenas de planteles, pero supuso un golpe a las esperanzas de padres y maestros que luchan por revertir la directriz de Departamento de Educación.
Ayer, varias organizaciones magisteriales anunciaron que continuarán la batalla contra el cierre de 265 escuelas públicas en los tribunales. Por un lado, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, anunció que someterán una reconsideración ante el Supremo.
Mientras, el presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Únete), Emilio Nieves, indicó que continúan con su propia demanda en la que argumentan que Educación no siguió los procesos de la Ley 85 de Reforma Educativa para decretar los cierres. Ese caso tiene pautada una vista para el 1 de agosto.
Idelis Román, madre de una niña diagnosticada con autismo, albergaba la esperanza de que una decisión del Supremo en contra de los cierres ofrecería algún alivio a la angustia que sufre desde que el mes pasado se informó el cierre de la escuela Luis Muñoz Rivera, en el sector Mameyal en Dorado. En cambio, la escuela Jacinto López Martínez se mantendrá abierta.
“Me dio mucha angustia, y me puse ansiosa, me siento impotente”, manifestó Román, cuya hija no aparece matriculada en ninguna escuela tras el cambio.
“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, sea demandar o lo que sea”, añadió.
Un grupo de padres de la escuela Segunda Unidad Marco Sánchez, en Yabucoa, estaba igualmente optimista previo a la decisión judicial. María Concepción Reyes no sabe cómo llevará a otra escuela la medicina que a diario le provee a su hijo de 11 años, estudiante de Educación Especial.
“La receptora (queda a una hora), aunque el GPS del Departamento diga lo contrario, y yo no puedo hacer tres viajes al día para eso. Ahora podía porque la escuela está en la comunidad, y me queda cerca. Nadie nos preguntó por esto”, lamentó.
“EFECTO PERSUASIVO”
El lunes en la noche, se dio a conocer una sentencia del Tribunal Supremo en la que, a través de una votación con seis jueces a favor, dos en contra y una inhibición, se determinó dejar sin efecto una orden emitida el mes pasado por un juez del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo para paralizar el cierre de nueve escuelas públicas.
En ese momento, el juez Santiago Cordero determinó que Educación violentó derechos constitucionales de estudiantes y padres en el proceso para ordenar el cierre de los planteles.
“Somos de la opinión que, en el presente caso y a la luz de prueba testifical presentada por los padres demandantes, el proceder de la secretaria al cerrar las seis escuelas que son objeto de revisión judicial no interfirió directa y sustancialmente con el derecho a la educación”, lee una opinión de conformidad firmada por el juez asociado Edgardo Rivera García, a la cual se unieron los jueces Rafael Martínez, Mildred Pabón Charneco y Erick Kolthoff.
“De la evidencia ofrecida, se desprende que el gobierno se comprometió a proveer a los estudiantes transportación hacia las escuelas receptoras. De igual modo, el Estado reconoció que va a preparar, habilitar y reparar los planteles escolares receptores”, agrega el documento.
La jueza presidenta Maite Oronoz y el juez asociado Luis Estrella votaron en contra. El juez asociado Roberto Feliberti se inhibió.
Dado que el Supremo expidió una sentencia y no una opinión, esta determinación no establece una regla que los demás tribunales estén obligados a cumplir.
No obstante, los tribunales de menor jerarquía podrían dejarse llevar por la ruta trazada por el máximo foro judicial, indicó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet.
“Es lógico pensar que tanto los Tribunales (de Primera) Instancia como el Tribunal Apelativo van a estar bastante inclinados a seguir esa pauta. Claro, sin perjuicio de que argumentos o escenarios distintos puedan, evidentemente, distanciarse. Ese siempre es el efecto que tienen las sentencias, que no son obligatorias, únicamente adjudica ese caso, pero nadie puede cuestionar el efecto persuasivo que tienen en casos similares”, explicó Fontanet.
Ante esto, otras demandas presentadas en contra del cierre de escuelas continúan su curso.
Ayer, la jueza Lynette Ortiz, del Centro Judicial de Mayagüez, pautó para el viernes el inicio del juicio por las demandas radicadas por los municipios de Mayagüez, Añasco y Sabana Grande para intentar mantener abiertas sus escuelas en lista de cierre.
“Llevaremos el caso hasta sus últimas consecuencias”, expresó el alcalde de Añasco, Jorge Estévez Martínez.
El mandatario municipal se opone al cierre de la escuela Parcelas María y de la escuela Mariana Bracetti.
La sentencia no trastoca las es-
“Al Supremo, se le ha pasado evaluar que la Ley 85 requiere un proceso de
consulta para ver el impacto del cierre en los estudiantes y en la comunidad”
EMILIO NIEVES
PRESIDENTE DE ÚNETE “La decisión del Tribunal Supremo lamentablemente se basa en razones
económicas, que son los motivos que obligan ahora todas las decisiones de nuestro nuevo Puerto Rico”
AIDA DÍAZ
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS
trategias de Educación, dado que la agencia no ha modificado sus planes de trabajo a raíz de las demandas presentadas. En entrevistas anteriores, la secretaria Julia Keleher había indicado que las mudanzas de los planteles que están en pleitos judiciales están paralizadas, pero decisiones como la reubicación de maestros y la ubicación de estudiantes han continuado su marcha.
Ayer, Educación no dio declaraciones sobre la sentencia.
ARGUMENTOS NUEVOS
La presidenta de la Asociación de Maestros adelantó que la reconsideración que presentarán ante el Supremo se apoyará, “en información nueva”, como lo son las cifras del Departamento de Educación sobre el proceso para que los padres confirmaran a través de la internet la matrícula de los estudiantes. Díaz argumentó que la cantidad de alumnos que han sido matriculados para asistir a escuelas públicas el próximo año escolar es mayor a la provista por la agencia cuando anunció la cantidad de escuelas que no necesitaba por reducción en la cantidad de alumnos.
Por otro lado, la solicitud también se amparará en la investigación que realizó la Comisión de Derechos Civiles (CDC), que encontró violaciones de derechos en el proceso de cierre de escuelas, y recomendó una moratoria para consultar a las comunidades.
Uno de los hallazgos fue algunos conflictos con la ley federal IDEA, que obliga a Educación a incluir a los padres de estudiantes de Educación Especial en la toma de decisiones que les afectan.
“Esto es un golpe duro”, expresó Díaz. “Teníamos esperanzas en la judicatura del país, pero me da la impresión de que el Tribunal Supremo escuchó nada más que la versión de la secretaria de Educación y no escuchó los reclamos de los padres, ni evaluó el caso en su justa perspectiva”, añadió.
“Nos van a dejar a cinco barrios de
Añasco sin escuelas . En ambas escuelas, es un problema (el cierre) para los padres que no tienen transportación. Eso sí nos preocupa”
JORGE ESTÉVEZ