Incierto el futuro de las demandas contra la JSF
Radicaron un pleito de la mano del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá
El ambiente que se respira en la esfera federal no pinta favorecedor para ninguna de las demandas presentadas por los poderes gubernamentales en contra de los nombramientos y el alcance que tiene la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Justo cuando la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes se sumó a las demandas contra la JSF, el excandidato popular a comisionado residente en WashingtonD.C., Rafael Cox Alomar, planteó que en los tribunales federales parece haber consenso en que la cláusula territorial le concede al Congreso estadounidense poderes absolutos sobre la isla.
“El ambiente es completamente distinto, y es un ambiente en donde se le ha dado demasiada fortaleza a la teoría de que el Congreso detecta poderes plenarios, poderes que son básicamente ilimitados. En otras palabras, se ha reafirmado el carácter colonial de la relación”, opinó Cox Alomar.
A modo de ejemplo, mencionó la determinación en el caso de Sánchez Valle. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que el Estado Libre Asociado no tiene soberanía propia para fines de la cláusula constitucional federal sobre la doble exposición en casos criminales.
“En el ambiente actual, hacer un planteamiento de que Promesa es inconstitucional o que la Junta no tiene poder para hacer equis, ye o zeta… o que el Congreso no puede meterse a legislar en asuntos internos sin el consentimiento de los puertorriqueños, no creo que vaya a tener mucho éxito”, sostuvo.
Indicó que el panorama sugiere que la agenda del 1952 quedó inconclusa. “Lo que hace falta es pensar un nuevo modelo anclado sobre la soberanía de Puerto Rico”, subrayó.
LA TERCERA DEMANDA
La delegación del PPD en la Cámara radicó ayer una demanda ante el Tribunal Federal mediante la cual cuestionan la constitucionalidad de la creación de la JSF, así como la alegada usurpación de poderes al gobierno de la isla.
El otro argumento incluido en el pleito es la supuesta “coacción” de la JSF a la Asamblea Legislativa para modificar la política pública sujeto a la derogación de derechos de los trabajadores.
Se trata del tercer caso radicado luego que la Junta no certificó el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa ante el incumplimiento del acuerdo alcanzado con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que incluía derogar la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976) como exigencia para -entre otras cosasmantener el bono de Navidad de los empleados públicos.
La semana pasada, el gobernador demandó a la Junta por entender que el organismo federal ha usurpado sus poderes. De igual forma, la Asamblea Legislativa alegó en un pleito separado un exceso de autoridad por parte del ente fiscal, y destacó la imposición de medidas “punitivas” tras no derogarse la Ley 80.
“La Junta quiere gobernar, quie-
“Fuimos sujetos del chantaje que la Junta de Control Fiscal ha querido perpetrar sobre el pueblo de Puerto Rico”
LUIS VEGA RAMOS REPRESENTANTE
“El menoscabo no es a nosotros como legisladores sino a la gente que representamos”
LUIS RAÚL TORRES REPRESENTANTE
re legislar y quiere establecer la política pública en Puerto Rico sin ser electa democráticamente. Ese poder no lo tiene y no se desprende de ningún inciso en la Ley Promesa. Nosotros no estamos retando la Ley Promesa, nosotros estamos retando específicamente a la junta de control fiscal”, expresó el portavoz de la minoría popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.
De los argumentos incluidos en la demanda, Cox Alomar ve algún espacio de que prospere el de “coacción”. No obstante, el punto podría resultar “académico”, ya que podría no haber una “controversia real” al tratarse de un tema cerrado.
Para el licenciado Rolando Emmanuelli, sin embargo, el planteamiento de que la designación de los miembros de la JSF es inconstitucional por no pasar por el consejo y aprobación del Senado de Estados Unidos es “sólido”.
La semana pasada, la jueza federal Laura Taylor Swain determinó que el poder del Congreso sobre los territorios les permite constituir la JSF sin cumplir con la cláusula de nombramientos.
“Ellos estarían trayendo ese punto con la intención de preservar la oportunidad de apelar... ese punto es sólido. En realidad descansa en el pivote de la determi- nación si son oficiales federales o territoriales”, dijo.
DIFERENCIAS EN LA MINORÍA
El recurso legal fue suscrito por 15 de los 16 miembros de la delegación del PPD en la Cámara. Solo quedó fuera el representante Jesús Manuel Ortiz, quien dijo a El Nuevo Día que favorecer el recurso legal hubiera representado avalar un presupuesto fiscal que incluye recortes que ponen en riesgo la prestación de servicios esenciales.
Sostuvo que su determinación no está relacionada a su trabajo como secretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Alejandro García Padilla, quien fue uno de los principales promotores de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico en el Congreso a través de Promesa.
La demanda fue sometida por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y los también abogados Jorge Martínez Luciano y Emil Rodríguez Escudero.
OTRO PLEITO
Emmanuelli, además, indicó que la Asociación de Profesoras y Profesores del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (APRUM) radicó ayer una demanda en la que igualmente cuestionan el poder de la JSF para legislar.
El recurso, explicó el licenciado, está sustentado en la reducción impuesta por el organismo federal a la UPR a pesar de que la asignación de $834 millones que recibe la institución del Fondo General está fijada por la Ley 3-2017.
“El planteamiento de la APRUM es que el dinero que se le da a la UPR no se puede menoscabar a menos que haya una ley”, explicó Emmanuelli, que representa al grupo de profesores junto a otras dos abogadas.