La sensibilidad debe ser aliada del cambio educativo

Tras el aval del Tribunal Supremo a la autoridad del Departamento de Educación para consolidar planteles, corresponde continuar en la senda hacia la transformación del sistema educativo, con amplia sensibilidad hacia las necesidades de los estudiantes y f

Es tarea del Estado garantizar que los alumnos provenientes de estructuras cerradas reciban la asistencia logística que facilite la conversión del plantel receptor en su nueva casa escolar. El gobierno tiene que hacer valer su compromiso de proveer transportación adecuada al estudiantado, como bien señala la decisión del Tribunal Supremo.

En esa línea, son buenas noticias los planes de acondicionar las escuelas receptoras con $142 millones destinados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a mejoras a la planta física, los equipos y materiales, como parte de los programas de mitigación de daños causados por el huracán María. Cuarenta empresas fueron contratadas para intervenir en 266 planteles en una primera fase del programa.

Otra responsabilidad oficial es velar por que el cierre de escuelas no menoscabe la atención que debe recibir la población de educación especial mediante servicios de salud, educación, psicología y terapias, entre otros.

En ese sentido, no podemos pasar por alto que un reciente informe de la Comisión de Derechos Civiles concluyó que el gobierno no tomó en consideración las necesidades del estudiantado, ni le dio peso adecuado al criterio de aprovechamiento académico, al configurar el nuevo mapa escolar. De acuerdo con el documento, se violentaron los derechos de los estudiantes de educación especial al no darles espacio a sus padres y encargados para opinar sobre los cambios de ubicación y su efecto sobre el proceso de aprendizaje.

La educación es el vehículo por excelencia para crear el capital humano que tomará las riendas del país. Su misión es preparar al estudiante para una vida plena, su inserción en el mundo laboral y su participación activa en la reconstrucción de Puerto Rico. Nuestro país necesita reformar su sistema educativo para que conduzca a hacia esos fines. El entendimiento, por parte de la comunidad escolar, de los cambios que le urgen al sistema es condición esencial para su ejecución exitosa. Es, además, lo que manda nuestro sistema democrático.

Una apuesta crucial del Departamento de Educación es la reconfiguración del sistema, ahora compuesto por 800 planteles. Este enfoque se basa en el uso de la propiedad pública sobre criterios poblacionales, y la condición, la localización y el cupo de las estructuras, entre otros. La idea es maximizar el uso del presupuesto educativo de $2,500 millones, de manera que su impacto se sienta en el aula.

Es un hecho que el Tribunal Supremo determinó que este ciclo de cierre de planteles es constitucional, con lo que desautorizó la paralización del cierre de escuelas decretado por una corte de menor rango, a petición de un grupo de padres.

Procede, entonces, que las economías derivadas de las consolidaciones, y las demás reformas administrativas, tengan un uso provechoso que incluya justicia salarial para los maestros. La ocasión llama también a la puesta el día de los recursos tecnológicos, tanto en las oficinas administrativas como en el aula. Los educadores deben recibir los materiales y la capacitación que necesitan para llevar a cabo su labor, en un ambiente que motivador para el alumno.

En fin, que el proceso del cierre de escuelas, y la consecuente mudanza a planteles receptores, deben trabajarse en armonía con la meta de formar a los futuros actores del desarrollo puertorriqueño.