La isla entre espada y pared
En una interesante conferencia sobre las lenguas mayas dictada por Zoraida Raimundez, joven doctorante de la Universidad Complutense, aprendí que en estas lenguas antiguas los significados de dos palabras separadas (piedra y tierra) al combinarse, suelen cambiar su significado.
La figura literaria de los vocablos antiguos mesoamericanos se llama un “difrasismo” y aplicado a Puerto Rico, podría decirse que bajo el Título III de Promesa el pueblo se encuentra en un difrasismo tipo yucateco, entre “espada y pared”. Una figura que convierte dos palabras inocuas en una tercera, en el caso nuestro, simbólica de alta tensión jurídica.
Un ejemplo de esto lo tenemos en la opinión emitida por el Tribunal de Título III de Promesa el pasado viernes, donde se desestimó una demanda radicada por Aurelius Investments, LLC (“Aurelius”) que alegaba la invalidez de las actuaciones de la Junta de Supervisión Fiscal creada bajo la Ley Promesa.
Aurelius argumentó que los nombramientos de la Junta violan la cláusula de nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos, que requiere que funcionarios federales sean nominados por el presidente y confirmados por el Senado estadounidense.
Esta decisión de la jueza Laura Taylor Swain es importante porque la acción presentada por los Fondos pudo haber paralizado la protección que tiene Puerto Rico bajo la Ley Promesa, dando lugar a innumerables acciones en cobro y embargos por los bonistas del gobierno.
Además, cualquier controversia sobre la cláu- sula de nombramientos es un asunto que trasciende los parámetros territoriales de Puerto Rico y por eso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estaría inclinado a intervenir en una apelación de tal decisión.
También, la decisión en Aurelius sienta las bases para una desestimación del caso radicado por el gobernador contra la Junta, porque la jueza Taylor Swain aquí decidió, que la Junta no está sujeta a la cláusula de nombramientos de la Constitución y que ese ente tiene poderes primordiales en cuanto a la aprobación de planes fiscales y presupuestos.
Además, el gobernador alegó que la Junta se sobrepasó en sus poderes al imponer política pública y utilizar el proceso de certificar los presupuestos para conseguir legislación anti-obrera, una teoría que luego de la decisión en Aurelius, tiene pocas probabilidades de progresar.
Es posible que, en el caso del gobernador contra la Junta, la jueza Taylor Swain decida que no tiene poder para revisar los presupuestos aprobados por la Junta. Sin embargo, en la aprobación del Plan de Ajuste al final del caso, el Tribunal podría decidir sobre la validez del proceso que utilizó anteriormente la Junta para certificar los planes fiscales y los presupuestos.
A la vez que la jueza Taylor Swain trata los asuntos mencionados, el Tribunal Federal de Reclamaciones Federales, que tiene pendiente varias demandas contra el gobierno de los Estados Unidos, acaba de decidir que mantendrá en suspenso y no desestimará varias demandas que tiene en su calendario contra el gobierno federal, hasta tanto la jueza Taylor Swain decida todos los casos relacionados en el Tribunal de Título III bajo Promesa.
Pero el asunto se complica, porque el Tribunal de Apelaciones parte de la premisa de que la Junta es una entidad federal, asunto que podría estar en conflicto con la decisión en el caso de Aurelius y que tendrá que resolverse pronto.
Al acercarse el tiempo para radicar los planes de ajuste, es de esperarse que el Tribunal bajo Promesa sea mucho más agresivo en resolver todos los litigios pendientes, ya que podría ser necesario tenerlos finalizados antes de confirmarse un plan. Asunto que se complica por las tardanzas usuales en las apelaciones.
Estimo que la decisión en Aurelius será apelada, pero la opinión se basa en los poderes casi omnímodos y decimonónicos del Congreso sobre los territorios según la doctrina infame de los Casos Insulares, teoría desprestigiada según algunos académicos puros, pero que desgraciadamente los tribunales apelativos todavía mantienen.