Gobierno pide tiempo para la Reforma de la Policía
Mientras el gobierno pidió una prórroga, los ciudadanos critican avances
PONCE.- A cinco años de que se firmara el acuerdo con el gobierno federal para impulsar la Reforma de la Policía, grupos ciudadanos cuestionaron ayer los avances en la transformación de ese cuerpo de seguridad.
Anoche -y por primera vez en muchos meses-, ciudadanos de diversos sectores se reunieron en el Antiguo Casino, en Ponce, para expresar su parecer en torno al proceso de reforma. La sesión pública se celebró solo horas después de una vista en el Tribunal Federal, en la que el gobierno de Puerto Rico pidió al juez Gustavo Gelpí más tiempo para implementar los cambios en la Uniformada.
“Lo que hace es confirmar lo que estamos denunciando desde hace tiempo. Han pasado siete años desde que empezaron las denuncias de violación a derechos civiles, y no hemos visto un esfuerzo verdadero del gobierno de Puerto Rico para tratar de acercarse a cumplir con la reforma policíaca”, expresó Yanina Moreno, portavoz del Campamento Contra las Cenizas de Carbón en Peñuelas.
“En el caso de nosotros, como comunidad, somos evidencia de que eso no ha ocurrido. Hemos sido, precisamente, víctima de la Policía de Puerto Rico, cuando la responsabilidad de ellos es proteger y salvaguardar la vida y los derechos civiles de todos los ciudadanos”, agregó.
Moreno hizo referencia a los choques entre miembros del grupo y agentes de la Policía durante las protestas en contra del depósito de cenizas de carbón en el vertedero de Peñuelas.
La solicitud del gobierno en reclamo de más tiempo para implantar 37 puntos de la reforma fue sometida por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, mediante una moción ante el juez Gelpí, que vela por el cumplimiento del acuerdo.
“Durante el pasado año, el Estado Libre Asociado ha estado bajo la Junta de Supervisión Fiscal y la Ley PROMESA, que ha limitado
“No hemos visto un esfuerzo verdadero del gobierno”
YANINA MORENO CAMPAMENTO CONTRA CENIZAS DE CARBÓN EN PEÑUELAS
“Estas limitaciones han afectado las fechas establecidas”
WANDA VÁZQUEZ SECRETARIA DE JUSTICIA
considerablemente el presupuesto del Negociado de la Policía de Puerto Rico”, indica la moción.
“Estas limitaciones han afectado las fechas establecidas en los planes de acción”, agregó la funcionaria, al recordar que el acuerdo con el Departamento de Justicia federal para la Reforma de la Policía contempla la posibilidad de tener que extender plazos en caso de ser necesario.
Sandra Ramos, profesora de Criminología en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, dijo durante la reunión de anoche que los retrasos por Promesa y los estragos causados por el huracán María podrían tener peso, pero recalcó que el progreso de la Reforma de la Policía depende de que se atiendan problemas que anteceden esas circunstancias.
“Pienso que se ha dado tiempo suficiente. Ahora, no se está trabajando con lo que se debe trabajar a nivel preventivo. Se está haciendo mucho remediativo”, expuso Ramos.
Entre las áreas en las que se solicitaron prórrogas, figuran los planes para la profesionalización de la Policía, el uso de fuerza, igual protección y no discriminación, políticas y procedimientos, supervisión y administración, manejo de querellas y sistema de información.
Ante esa petición, el juez Gelpí manifestó inicialmente que daba paso a las prórrogas, pese a que tenía objeción “a extender los periodos de tiempo”. Al avalar la solicitud, dijo que lo hacía “por el hecho” de que el Departamento de Justicia federal y el monitor de la Policía estaban de acuerdo con la propuesta.
Sin embargo, durante la vista judicial, el representante del Departamento de Justicia estadounidense se mostró sorprendido por la moción del gobierno de Puerto Rico, pues, aunque estaban en negociaciones, no habían alcanzado un acuerdo.
“Me sorprende que se sometiera la moción por su cuenta, porque es un asunto que todavía está en negociación, y no hemos llegado a un acuerdo”, advirtió Luis Saucedo, abogado de Justicia federal.
Ante ese planteamiento, el juez Gelpí dejó sin efecto su primera orden, y dictaminó a las partes volver a negociar las prórrogas, e informarle el resultado de ese proceso para entonces emitir una determinación.
La vista comenzó con una denuncia del Departamento del Trabajo federal por que la Policía ha incumplido con el establecimiento de un sistema de registro electrónico para documentar y pagar las horas extras de los oficiales.
Molly Biklen, abogada de esa agencia federal, dijo al juez Gelpí que -por el momento- no solicitarían multas o que se declarara un desacato contra la Policía, pero exigió que se establezca cuándo se resolverá el asunto.
Scott Kreg, consultor del monitor Arnaldo Claudio, dijo que la Policía ha realizado gestiones, pero señaló que falta voluntad, liderazgo, recursos y que hay resistencia en algunos sectores dentro de la agencia.
Otra discusión que tuvo lugar durante la vista fue la privatización de la Academia de la Policía. En mayo, el gobierno informó que estaba en proceso de analizar una propuesta a esos fines. La iniciativa es del Sistema Universitario Ana G. Méndez, según confirmó el presidente de esa institució José Méndez a El Nuevo Día.
Gelpí no se opone a esa propuesta, pero reiteró que es necesario informar al Departamento de Justicia federal sobre el acuerdo antes que sea final para asegurarse de que cumple con la Reforma policiaca.