Cuestionan manejo de querellas contra la Policía
En una reunión pública, regresan las denuncias sobre el uso de fuerza y la atención de las quejas contra la Uniformada
PONCE.- A la compleja relación de algunos grupos y ciudadanos con la Policía, se suma la desconfianza que les provoca no saber el trámite que se les da a las querellas que presentan cuando entienden que algún oficial ha lacerado sus derechos.
En ocasiones, no solo desconocen cómo someter las quejas, sino que suelen confrontar dificultades para conocer los resultados.
“Hacemos querellas administrativas, y nos dejamos guiar por la Reforma (de la Policía), y nos topamos con estas situaciones”, sostuvo la licenciada Stella Irizarry, de Alianza Para la Paz Social (Alapás), que ayuda a víctimas de crímenes.
Al participar en una “reunión de pueblo” sobre la Reforma de la Policía, en Ponce, Irizarry recordó que, según el acuerdo suscrito con el Departamento de Justicia federal, las querellas administrativas deben resolverse en 90 días.
“Muchos participantes (de Alapás) nos han dicho que no es un proceso ameno para conseguir la información (de los resultados), y nosotros hemos tenido problemas para obtener las respuestas”, enfatizó.
En la sesión pública, celebrada la noche del miércoles, participaron el monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, y representantes del Departamento de Justicia federal.
Otros de los presentes discutieron una situación en la que no hay certeza sobre la suerte que corrió una querella y una investigación relacionada con las intervenciones de la Uniformada en las manifestaciones contra el depósito de cenizas de carbón en Peñuelas.
Yanina Moreno, portavoz del grupo de manifestantes, dijo que nunca supo el desenlace de las quejas que presentaron por incidentes acontecidos en medio de las protestas. En particular, recordó un incidente ocurrido el 3 de agosto pasado.
“Escuchaba gritos, personas desesperadas, como corriendo, y disparos”, relató Moreno. “Los cartuchos fueron disparados directamente hacia las casas”.
“Si para mí fue una situación terrible, desesperante, imaginen cómo fue para mis familiares, amigos y vecinos que recibieron esos gases directo a sus cuerpos y sus hogares. Algunos de ellos llegaron a sentir que eran los últimos momentos de sus vidas”, manifestó.
Claudio expresó preocupación por ese señalamiento, y la directora de la Oficina de la Reforma en el Negociado de la Policía, Clementina Vega, aseguró que indagará qué sucedió con la querella.
HERIDAS LATENTES
Las denuncias presentadas por diversos grupos y ciudadanos durante la reunión pública dejaron entrever que, a cinco años del acuerdo que dio paso a la Reforma de la Policía, permanecen abiertas algunas heridas en la relación entre la Policía y las comunidades.
Además de los incidentes acontecidos en Peñuelas, las denuncias sobre el desempeño de la Policía en eventos multitudinarios cobraron voz a través de Jan Paul Rollocks, quien urgió a tomar acción para evitar más confrontaciones como las registradas el 1 de mayo de este año y el 2017.
“Ni los oficiales pueden estar recibiendo escupitajos, pedradas, insultos, ni martillazos, y los ciudadanos tienen que sentirse seguros porque la Policía está allí, y no lo contrario”, expuso.
Claudio le indicó que, al igual que en 2017, investiga los sucesos del pasado 1 de mayo, en la zona financiera de Hato Rey. Indicó que registraron actos de la Uniformada “que a lo mejor no estaban a la par” con la normativa sobre el manejo de manifestaciones.
“Creemos que así podemos continuar con la educación necesaria con la Policía de Puerto Rico para que estos sucesos… no se den, y que la ciudadanía puede sentirse que puede ejercer el derecho de expresión y de movimiento bajo la Constitución”, dijo Claudio.
Irizarry, además, destacó que existen problemas de comunica-
ción entre las partes durante el transcurso de las investigaciones, y dijo que el cambio de personal en la Policía provoca, en ocasiones, la “revictimización” de las personas afectadas por algún incidente criminal y sobrecarga de trabajo a los agentes.
Por su parte, Emily Rivera, coordinadora del Programa Esperanza para la Familia, planteó que los oficiales no cuentan con las herramientas necesarias para el manejo de crisis emocionales de las personas en intervenciones, en una sociedad en la que se estima un alto porcentaje de personas con problemas de salud mental.
“No es lo mismo arrestar a un individuo esquizofrénico que a un individuo psicótico, que a uno en depresión”, destacó Rivera.
“A veces, los arrestan como agresores, y realmente lo que están es descompensados en el área de salud mental. En vez de ser arrestados y llevados a un proceso en fiscalía, deberían ser llevado a una sala de salud mental”, aseveró Rivera.
Otros ciudadanos cuestionaron los planes de cerrar cuarteles, recalcaron la necesidad de mayor seguridad para los comerciantes e instaron a retomar la relación con los consejos vecinales de seguridad.
“El proceso (de Reforma) era necesario en la agencia. Ya ha traído mejoras en términos de herramientas de trabajo, adiestramientos y políticas”, indicó la directora de la Oficina de la Reforma en la Policía.
“Sí conlleva un tiempo en lo que se ven los resultados”, añadió Vega. “Estamos trabajando con un cambio de cultura, dentro de la Policía y con el ciudadano, que también tiene que colaborar y ser parte de la solución”.
Atribuyó los atrasos en varias “actividades” de la reforma policíaca a dilaciones en la coordinación interagencial. El miércoles, durante una vista en el Tribunal Federal, el gobierno solicitó tiempo adicional para implementar los cambios al aludir a limitaciones presupuestarias tras la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal.
Ante la impaciencia manifestada por ciudadanos durante la audiencia pública, en Ponce, el representante del Departamento de Justicia federal, Luis Saucedo, afirmó que el gobierno estadounidense se asegurará de que la Reforma de la Policía no tome décadas en implementarse.
“No queremos que se vuelva un (caso como) Morales Feliciano, que ha durado más de 30 años”, dijo Saucedo, en referencia a la demanda por violación de derechos en las cárceles.
“Estamos buscando resultados”, sentenció.
“Nos han dicho que no es un proceso ameno para conseguir la información, y nosotros hemos tenido problemas para obtener las respuestas”
STELLA IRIZARRY
ALAPÁS