En manos del Tribunal reclamo de sindicatos
Jueza decidirá hoy sobre legalidad de instar a la desafiliación
La jueza Lauracelis Roques Arroyo emitirá hoy su decisión en el pleito que radicaron varios sindicatos del país contra el Departamento del Trabajo y otras entidades gubernamentales para paralizar la distribución de hojas de desafiliación sindical en las agencias públicas.
Dicha gestión la realiza el gobierno amparándose en una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que determinó que no podrán cobrarse cuotas o cargos de servicio a los trabajadores públicos que no estén afiliados a un sindicato.
La magistrada adelantó ayer su intención tras concluir una vista en la que los representantes legales de los sindicatos y del gobierno argumentaron sobre la jurisdicción del Tribunal y sobre el alcance de la decisión del caso del Tribunal Supremo federal Janus v. Afscme.
El gobierno, a través de su abogado Iván Ramírez Camacho, argumentó inicialmente que el Tribunal no tenía jurisdicción para ver el caso, pues el reclamo era de una “práctica ilícita”, por lo que debía debatirse en un foro administrativo.
El argumento fue rebatido por una de las representantes de los sindicatos, Mariana Iriarte, que recalcó que el reclamo sindical era uno de intervención indebida e ilegal del gobierno en las relaciones contractuales de las uniones con sus afiliados y no un cargo de práctica ilícita.
El gobierno argumentó además que un segundo memorando emitido el miércoles por el Departamento del Trabajo cambió la directriz y ya no se estarían repartiendo formularios para la desafiliación.
La nueva orden, se indicó, deja en manos de los trabajadores solicitar la desafiliación sindical y elimina cualquier limitación de tiempo para hacerlo.
Por tal razón, indicó Ramírez Camacho, no procede la solicitud de paralizar la distribución de los formularios.
Ese argumento fue también rechazado por los abogados de los sindicatos, en este caso por Manuel Rodríguez Banchs, quien aseguró al Tribunal que aún hay supervisores y jefes de agencia distribuyendo las hojas de desafiliación.
La jueza preguntó a las partes si ese formulario existía antes de la decisión del caso Janus v. Afscme, recibiendo una respuesta negativa. Enfatizó la magistrada en el hecho de que el mismo fue preparado por el gobierno.
Tras una argumentación de los abogados de los sindicatos, en el sentido de que en ninguna parte de la decisión del caso se habla de desafiliación ni de formularios para promoverla, la jueza preguntó al abogado del gobierno que identificara dónde está esa referencia en el documento del Supremo federal.
Este reconoció que no existía la misma en el referido texto.
Los sindicatos que están participando en el pleito son Servidores Públicos Unidos (SPU), el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), la Federación Central de Trabajadores (FCT), la
“El peligro mayor es que hay un proceso de intimidación cuando un supervisor va a un subordinado a perdirle que firme una hoja desafiliación”
ROBERTO PAGÁN SINDICATO PUERTORRIQUEÑO DE TRABAJADORES
Unión General de Trabajadores y la Unión de Personal Administrativo, Secretarial y de Oficina (PASO), se informó.
La jueza Roques Arroyo solicitó a las partes que hoy sometieran al Tribunal la moción de hechos que estipularon entre ellas, y la respuesta de los sindicatos a la moción de desestimación que radicó el gobierno.
Adelantó que tras recibir estos documentos emitirá su decisión.
“En la vista, acabamos de confirmar que el gobierno no tiene los elementos para poder sostener lo que están alegando en sus memoriales, de que existe el derecho a la desafiliación. El abogado del gobierno acaba de reconocer que en ninguna parte del caso Janus habla de la desafiliación, que es el planteamiento que nosotros estamos haciendo de la intervención ilegal, indebida e incorrecta de parte del gobierno en todas las agencias de gobierno”, sostuvo Juan Cortés Valle, secretario tesorero de la Federación Central de Trabajadores.
“Ciertamente, no hay ningún argumento en el caso Janus para hacer lo que ha estado haciendo el gobierno. Es una intervención indebida y una violación a la propia Ley 45, que establece un periodo de desafiliación de 30 días, que el trabajador tiene la oportunidad de ejercerlo y, como argumentaron nuestros abogados, cualquier argumentación de cualquier trabajador en su relación con su sindicato, a quien le corresponde trabajarlo es al trabajador con el sindicato”, añadió Roberto Pagán, del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras.
“El gobierno está, sin duda, llevando a cabo una campaña de desafiliación”, agregó.
Pretenden, señaló Cortés Valle, “desafiliar masivamente a los trabajadores que representamos bajo la Ley 45”.
“La respuesta del Estado es castigar a las uniones, por la militancia, por la oposición que hemos sostenido a las políticas del gobierno ”
JUAN CORTÉS SECRETARIO TESORERO DE LA FCT