Dragar el Caño tiene que ser una alta prioridad
Los reclamos de justicia ambiental que mantienen, con toda razón, los residentes de las ocho comunidades vecinas del Caño Martín Peña, merecen respuestas rápidas y concretas de los gobiernos federal y local, que distribuyen asignaciones multimillonarias d
Las inundaciones recurrentes en estas comunidades que ubican en el corazón de San Juan son un problema grave de salud pública. Mas la parsimonia gubernamental sobre el dragado del Caño atenta, además, contra el desarrollo social y económico de vecinos de la zona metropolitana y de Puerto Rico. El Caño es una de las principales arterias hidrográficas de la región metropolitana. Su estado tiene efecto en importantes activos turísticos, recreativos y portuarios. Impacta el derecho al bienestar del componente central del ecosistema: su población de casi 27,000 personas.
Tras años de planificación y avances, los planes de dragado recibieron un duro revés esta semana. Por un tecnicismo, quedó excluido de una lista de proyectos para zonas inundables entre los que se distribuirá un total $2,500 millones. La decisión representa un retraso significativo en la construcción del proyecto que está listo para comenzar.
El gobierno federal considera que el dragado está clasificado como un proyecto de restauración ecológica con beneficios de protección contra inundaciones. Los fondos disponibles son para mitigación de inundaciones y canalizaciones. La diferencia en la primera codificación descarta, pues, que las miles de familias vecinas, que quedan anegadas en aguas pestilentes en cada evento de lluvia, sean parte del ecosistema.
Ante esta muestra notable del extremo absurdo al que llegan las burocracias, los vecinos recibieron el miércoles la promesa de funcionarios federales de que evaluarán la disponibilidad de otros fondos. Se les ha informado que los $2,500 millones es una asignación inicial de $14,000 millones que manejará el Cuerpo de Ingenieros. En tal caso, los residentes solicitan participación en las conversaciones sobre los dineros disponibles. Y deben tenerla.
Estos residentes, agrupados en la organización vecinal G-8, son ciudadanos empoderados que ejercen desde hace mucho su responsabilidad de autogestión. Con el acompañamiento del Proyecto Enlace, han participado activa y democráticamente en la conceptualización de un plan integral único donde el dragado es el eje. Se trata de un proyecto amplio de transformación de ciudad que abarca desde asuntos de ambiente, salud y justicia social para sus residentes, hasta gobernanza.
La práctica de la democracia participativa en sus dinámicas vecinales ha permitido la reubicación de cerca de 300 familias en las mismas comunidades. Lo han logrado con la consulta y el consentimiento de los realojados. Así han completado también tres de nueve proyectos clave de infraestructura para reducir el riesgo de inundaciones y viabilizar el dragado.
Este proyecto de desarrollo integral desde la base comunitaria, que enmarca el dragado del Caño, es modelo a escala para reconstruir al país. Es resultado de un monumental esfuerzo de integración, que ha sumado a entidades privadas y sin fines de lucro, y ha conllevado cientos de actividades de aprendizaje y deliberación. El esfuerzo ha sido reconocido con importantes premios internacionales.
Ante el duro revés que representa la exclusión del dragado de la asignación federal reciente, el gobierno local tiene todavía una oportunidad sin precedentes para viabilizar la agenda de restauración integral en la zona de mayor densidad poblacional de toda la isla. Puerto Rico está por recibir $18,000 millones federales mediante el Programa de Desarrollo Comunitario por Subsidio Determinado - para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR por sus siglas en inglés). El costo estimado del dragado y de la restauración del Caño es de $600 millones.
Otorgar la prioridad que merece este proyecto de justicia social serviría como paso hacia el desarrollo sostenible al que todos debemos aspirar para la creación un nuevo Puerto Rico.