AEE pagó $2,307 millones de manera irregular
Según un informe de la Oficina del Contralor, la Autoridad de Energía Eléctrica pagó cifras multimillonarias, a través de dos contratistas de combustible, a una empresa que por ser convicta en el 2006 estaba impedida de hacer negocios con el gobierno de P
El poco rigor y transparencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la administración de contratos la llevó al irregular desembolso de $2,307 millones, según desveló un informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).
El desembolso más grande entre los cuestionados por la Oficina del Contralor es de $2,301 millones, depositado a las cuentas de una empresa que fue convicta en el 2006 y que, por lo tanto, estaba impedida de realizar contratos con el gobierno de Puerto Rico.
El dinero llegó a esa compañía porque, por virtud del procedimiento de la AEE para tramitar las cesiones de fondos, la corporación pública tiene la discreción de autorizar que el pago a un proveedor se le transfiera a un tercero, que puede ser una persona natural o jurídica.
Este procedimiento fue aprobado el 19 de junio de 2002, cuando el director ejecutivo de esta corporación pública era Héctor Rosario.
Según la OCPR, entre el 22 de diciembre de 2011 y el 27 de septiembre de 2013, la Autoridad consintió siete cesiones de fondos, correspondientes a 233 desembolsos, a favor de la compañía convicta. Durante ese periodo de tiempo, la corporación pública estuvo dirigida por Otoniel Cruz Carrillo, Josué A. Colón Ortiz y Juan Alicea Flores.
Como es la costumbre de la Oficina del Contralor, el informe no revela el nombre de los dos proveedores que solicitaron la cesión de los pagos de sus contratos a la compañía convicta. Tampoco menciona el nombre de la empresa condenada por delitos penales.
Sin embargo, tanto en vistas judiciales como en el Senado de Puerto Rico celebradas entre 2016 y 2017 trascendió que transferencias electrónicas que la AEE hacía para pagarle a la compañía Petro West por el despacho de combustible se hacían a nombre de Petro West/Trafigura.
La empresa Trafigura resultó convicta en el 2006 en Texas por declaraciones falsas en aduana sobre la entrada de bienes. La em- presa se declaró culpable y tuvo que pagar una multa penal de $8 millones y asumir una pérdida de $9,937,551.
La Ley 458 de 2000 establece que ninguna entidad del gobierno, corporación pública o municipio puede adjudicar subasta o contrato a ninguna persona, natural o jurídica, que haya sido convicta o se haya declarado culpable de delitos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos.
La AEE no pudo decirle ayer a El
Nuevo Día el nombre del otro proveedor, que según la OCPR, solicitó entre 2011 y 2013 cesiones de fondos a Trafigura.
El informe detalla que a un proveedor se le autorizaron cesiones de fondos a la compañía convicta por $647,606,309 y al otro le permitieron cesiones a esa misma empresa por $1,653,831,925.
“La situación comentada ocasionó que se efectuaran pagos por $2,301,438,234 a una compañía en violación a lo establecido en la Ley
458-200o”, dice el informe.
La AEE indicó que hoy día su único proveedor de combustible Bunker C es la empresa Freepoint Commodities.
En marzo de 2006, el entonces tesorero de la AEE, José Hernández Colón, declaró en el Senado que no era inusual hacer estas transferencias de fondos a terceros. En ese momento dijo que el pago para compensar a Freepoint por el despacho de combustible se depositaba a la corporación PR Power Solutions.
La portavoz de prensa de la AEE, Edith Seda, no pudo confirmar ayer si la Autoridad continúa esa práctica de transferir los pagos de sus contratistas a un tercero.
Antes de contratar a Freepoint, la AEE tuvo contratos con la empresa Petrobras, también involucrada en actos de corrupción en un escándalo de dimensión internacional.
EN PROCESO JUDICIAL
En estos momentos, la empresa Petro West y su presidente, José González Amador, enfrentan una vista preliminar en alzada porque el Departamento de Justicia le imputa apropiarse ilegalmente de $10.8 millones de fondos provenientes de la AEE.
Entre las imputaciones está apropiarse de dinero que reclamó a la AEE como pagos hechos por concepto de contribuciones municipales, pero que según fiscalía no fueron emitidos a los ayuntamientos.
La vista preliminar continúa el lunes, cuando se espera que testifique una funcionaria del municipio de Hormigueros, donde supuestamente Petro West tenía una exención contributiva.
PENALIDADES POR ATRASOS
En tanto, la auditoría del Contralor también halló que la AEE desembolsó $3,247,376 a suplidores de combustible por los retrasos que incurrió en pagarles a pesar de que en sus contratos no existía ninguna cláusula que estableciera la imposición de cargos de interés por demora.
En total, entre octubre de 2010 y mayo de 2015, la corporación pública pagó $9,634,831 por concepto de intereses por demora a cinco proveedores de combustible.
“El 17 de agosto de 2017 solicitamos para examen, al tesorero, los informes y las investigaciones realizadas para pagar los referidos cargos por demora. Dicho funcionario no pudo suministrar los mismos”, señala el documento.
La falta de esa cláusula sobre cargos de interés por demora en las contrataciones violó disposiciones reglamentarias y de procedimientos establecidos por la corporación pública desde la década de 1990.
Por otra parte, la auditoría encontró que entre 2009 y 2017, la Autoridad realizó 172 desembolsos por $2,669,619 a 29 contratistas por servicios rendidos sin haber formalizado un contrato escrito.
El informe explica que al no existir un contrato, la Autoridad no tenía obligación de pago con quienes dieron estas prestaciones.
En expresiones escritas, el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, informó que refirió al auditor interno los señalamientos de la OCPR y dijo que prevendrán que estas situaciones se repitan.
“Lo comentado... puede dar lugar a pagos indebidos, lo que puede ocasionar la pérdida de recursos económicos”
INFORME DE AUDITORÍA
OFICINA DEL CONTRALOR