Multas para sancionar discrimen
Procuradora de las Mujeres obliga a agencias y municipios a pagar $70,500 por incumplir con la ley
Las multas por $70,500 que impuso ayer la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a 54 agencias y 40 municipios por incumplir con la Ley para Garantizar Igualdad de Oportunidades en el Empleo por Género denotan que hace falta más educación, según varias expertas.
“Esto es un problema grave que tiene que trabajarse con más educación y orientación para que las personas afectadas sepan que tienen ese derecho. Muchas mujeres desconocen esta información y no se querellan a tiempo”, lamentó la abogada Josefina Pantoja, portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora.
Mientras, algunos de los alcaldes de los municipios multados, como los de San Sebastián y Juana Díaz, responsabilizaron a sus jefes de Recursos Humanos por el incumplimiento con la Ley 212.
Esta legislación -aprobada en 1999- ordena a agencias y municipios desarrollar e implantar planes de acción afirmativa para garantizar que no se discrimine por razón de género en el empleo.
Los planes deben demostrar, entre otros aspectos, escalas salariales que garanticen igual pago por igual trabajo, así como horarios escalonados o flexibles que consideren la doble jornada que tienen muchas mujeres madres.
Algunas de las agencias multadas ayer fueron la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Comisión Estatal de Elecciones, los departamentos de Agricultura, Educación, Estado, Trabajo y Salud, la Guardia Nacional, el Instituto de Estadísticas y la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico, así como varios de sus recintos.
Entre los municipios multados, figuran Aguadilla, Aguas Buenas, Cabo Rojo, Cataño, Comerío, Guayama, Juana Díaz, Morovis, Patillas, Quebradillas, Río Grande, Salinas, San Sebastián, Utuado, Vieques, Villalba y Yauco.
Todos tienen 10 días para solicitar revisión de las multas impuestas.
La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, informó que las agencias y los ayuntamientos tuvieron hasta el 30 de junio para entregar sus planes de acción afirmativa para el 2018-2021. Posteriormente, dijo, se les otorgó una prórroga hasta el 16 de julio. Dos días después, se emitió un aviso a alcaldes, jefes de agencia y directores de Recursos Humanos sobre el cumplimiento de la Ley 212.
“Esa ley se hizo para mitigar el problema que tenemos porque no se ha podido disminuir la disparidad salarial por género”, explicó Pantoja. Añadió que en el sector privado se nota un mayor incumplimiento de esta ley, ya que a nivel gubernamental se desarrollan adiestramientos sobre estas y otras legislaciones.
Pantoja indicó que existe legislación federal que reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras a conocer el salario de sus pares para identificar si hay alguna disparidad entre empleados de una misma escala o puesto.
“Esta acción (de la procuradora de las Mujeres) puede enviar un mensaje para que las mujeres estén alerta porque se ha comprobado que las mujeres tienden a estar más preparadas, pero los salarios de los hombres siguen siendo mayores”, sostuvo.
Sara Benítez, del Movimiento Amplio de Mujeres, también
“Esto denota o que no están cumpliendo o no cumplen con entregar los planes”
SARA BENÍTEZ MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES
“Los alcaldes hemos estado inmersos en la recuperación del pueblo este año extraordinario”
JAVIER JIMÉNEZ ALCALDE DE SAN SEBASTIÁN
“Tiene que haber más educación para que personas afectadas sepan que tienen ese derecho”
JOSEFINA PANTOJA ORGANIZACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE
LA MUJER TRABAJADORA
“Si hay que cumplir (con la ley), así se hará. Hay que subsanar la situación”
RAMÓN HERNÁNDEZ ALCALDE DE JUANA DÍAZ
aplaudió la acción que tomó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres contra las agencias y los municipios que incumplieron con este estatuto.
“La Oficina de la Procuradora de la Mujer tiene una función de fiscalización. Muchas veces le dan largas al asunto, cuando lo que buscan los planes es que haya equidad de género”, señaló.
Como ejemplo, mencionó que el plan debe mostrar la distribución por género de los empleados. De haber desbalance, el patrono debe hacer un plan para enmendarlo.
“Me da la impresión de que esto se ha estado obviando por años, y eso lo que hace es dar paso a que ocurran casos, por ejemplo, de hostigamiento”, indicó Benítez, al señalar que la responsabilidad del cumplimiento recae en los alcaldes, así como en los directores de recursos humanos.
Ayer, los alcaldes de San Sebastián y Juana Díaz, Javier Jiménez y Ramón Hernández, respectivamente, responsabilizaron a sus directores de personal por el alegado incumplimiento encontrado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
“Eso lo trabaja el Departamento de Personal. Me enteré hoy (ayer) de la multa y el requerimiento, y me comuniqué con el director de personal. Mañana (hoy) tendré que reunirme con él (para discutir el asunto)”, dijo Jiménez.
Agregó que los municipios han estado inmersos en su recuperación tras el huracán María.
Hernández también advirtió que se reuniría hoy con su director de Recursos Humanos con la misma intención, aunque reconoció que habían recibido una convocatoria de adiestramiento sobre los planes de acción.
“Si hay que cumplir (con la ley), así se hará. Hay que subsanar la situación”, dijo.
La procuraduría de las Mujeres ofrece adiestramientos y asistencia técnica a agencias y municipios para la preparación de planes de acción afirmativa.