Buscan acelerar el manejo
Presentan proyectos para agilizar el trámite y reducir los cuerpos que llegan a la agencia
Un grupo de representantes novoprogresistas presentó dos proyectos de ley que procuran aliviar la crisis de almacenamiento de cadáveres en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), un problema que se ha agravado los últimos meses y que ha requerido la atención del gobierno federal.
Las medidas fueron sometidas por los legisladores Juan Oscar Morales, José Pérez Cordero, Félix Lasalle Toro, Pedro Santiago y Néstor Alonso.
Una de las piezas autoriza al NCF a disponer de los cadáveres que hayan sido identificados, pero no reclamados, luego de haber transcurrido 10 días y concluido el pro- ceso de autopsia e investigación.
Esa regla ya aplica a los cadáveres no identificados, pero recientemente el NCF reconoció que no disponen de esos cuerpos con tanta rapidez ante la eventualidad de que sean reclamados.
“Durante las vistas oculares que realizamos en el NCF, la subcomisionada interina (Mónica Menéndez) indicó que no podían disponer de los cuerpos identificados, pero no reclamados por sus familiares, porque no estaban facultados para disponer de ellos”, explicó Morales en declaraciones escritas.
Los números más recientes publicados por el NCF, que datan de principios de mes, apuntan a que hay 52 cadáveres en sus instalaciones identificados por sus familiares, quienes, además, pasaron por el proceso de entrevistas, pero no los reclamaron. Otros 49 fueron identificados por métodos alternos a familiares, pero tampoco han sido reclamados.
El otro proyecto de ley evitaría que el NCF reciba casos de muertes naturales que no estén cobijados bajo la clasificación de muerte sospechosa.
PROYECTO DE AUTOEXPRESO
El proyecto del Ejecutivo que ordena reducir las multas de AutoExpreso, de $50 a $15, por utilizar sin balance ese sistema finalmente fue presentado ayer en el Senado.
Uno de los efectos principales de la medida es que ordena al administrador de AutoExpreso, la empresa Gila, a reducir retroactivamente todas las multas impartidas y pendientes de pago a la tarifa de $15 establecida en el proyecto.
La pieza dispone que será obligación de cualquier usuario del sistema tener el sello, registrarlo, contar con balance suficiente y discurrir por los terminales en la velocidad dispuesta. El proyecto no hace alusión alguna a la aplicación de recargos por no pagar las multas.
“Los funcionarios de Ciencias Forenses tienen una interpretación incorrecta de la ley”
JUAN OSCAR MORALES REPRESENTANTE DEL PNP