Aumenta la lista de municipios afectados por cierre de cuarteles
Documento interno revela más consolidaciones y clausuras de estas instalaciones donde se le brinda servicio directo a la ciudadanía
Varios alcaldes y legisladores mostraron preocupación ayer ante la manera en que la Policía está anunciando y ejecutando la consolidación de cuarteles, un proceso que ha sido con “cuentagotas” y, en ocasiones, a espaldas de estos funcionarios.
Los municipios de Arecibo, Trujillo Alto, Carolina, Hatillo y San Germán también figuran en la lista de ayuntamientos afectados por el cierre de cuarteles de la Policía y así los jefes de área se lo han hecho saber a sus alcaldes, supo El Nuevo Día.
El miércoles, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, se rehusó a brindar detalles sobre movimientos de este tipo, más allá de la información que ha trascendido sobre consolidaciones en Cabo Rojo, Ponce y Coamo.
Al cierre de esta edición, no había contestado una petición de información, por lo que se desconocen los criterios utilizados para cada movida.
Según información divulgada en días recientes durante una presentación a los jefes de área, se estarán cerrando los cuarteles de Carolina Oeste, Trujillo Alto Norte, Sabana Hoyos, el destacamento de Rosario, en San Germán y también existe la posibilidad de que ocurra lo mismo con el cuartel de tránsito Bayaney, en Hatillo.
Los cuarteles, más allá de estaciones para radicar querellas, sirven como lugares de entrevistas a víctimas o testigos y conservar evidencia. Cuentan con celdas y son centros de reunión para establecer los planes de trabajo.
JUSTIFICAN CIERRES
La Policía justifica estos cierres en dos documentos: la Reforma de la Policía, donde se consigna la necesidad de desarrollar un plan de asignación de personal y de recursos, y un informe preparado por la empresa Vision 2 Action (V2A) que recomendó una serie de consolidaciones de cuarteles, como ocurrió en Ponce, Cabo Rojo y Caguas.
Otros cambios a implantarse son la relocalización de la División de Drogas de Arecibo y la Estación B de Tránsito a Manatí, la fusión de las administraciones de los Cuerpos de Investigación Criminal de Vega Baja y Bayamón, y la relocalización de la División de Drogas y de Vehículos Hurtados de Vega Baja a Bayamón. Igualmente, se busca mudar el cuartel del distrito de Cabo Rojo a las instalaciones de la División de Drogas del mismo pueblo.
Ayer, el representante popular Jesús Manuel Ortiz radicó una resolución investigativa junto con Ángel Matos García y Javier Aponte Dalmau para que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realice una investigación sobre qué cuarteles, destacamentos y unidades serán cerradas por la Policía y conocer los criterios utilizados.
“El documento de V2A no es un documento dirigido a cerrar cuarteles. Lo que busca es eficiencia en la distribución de recursos y acercar la Policía a la comunidad. Este proceso forzado de cierres demuestra incapacidad y acerca la sindicatura”, dijo Ortiz.
El presidente de la citada comisión cameral, Félix Lasalle, no estuvo disponible para entrevista.
En el caso de Henry Neumann, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, dijo que le preocupa que la divulgación de estos cierres se haga con cuentagotas.
“Ahí está mi queja y preocupación. En el proceso se debió haber incluido un informe a los alcaldes y a los legisladores porque te puedo decir, en el caso mío como presidente de la Comisión de Seguridad, no es correcto que me entere por la prensa. Los alcaldes tienen que ser parte de la discusión del Negociado de la Policía”, dijo al asegurar que antes de presentar cualquier resolución de investigación, procurará reunirse con Escalera.