Reclamaron un nuevo juicio
Tres casos notorios en la última década demuestran que algunos tecnicismos y alegaciones en derecho pueden provocar volver a sala o no
Caso de Héctor Martínez
El 22 de junio de 2010, un gran jurado federal acusó al entonces senador Héctor Martínez y al empresario Juan Bravo por soborno. En marzo de 2011, un jurado encontró culpables a ambos de conspirar, junto al exsenador Jorge de Castro Font, para aprobar dos medidas que favorecían a la compañía de seguridad de Bravo. En marzo de 2012, fueron sentenciados por el juez federal Francisco Besosa. Pero, en junio de 2013, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston revocó el veredicto porque Besosa erró al no explicarle al jurado que hay una diferencia entre regalía y soborno. En noviembre de 2016, el Tribunal Supremo de Estados Unidos le dio luz verde a la fiscalía federal para someter de nuevo el caso sin incurrir en doble exposición, lo que dio paso a un nuevo juicio, en esta ocasión por el único cargo de soborno. En mayo de 2017, un jurado encontró a ambos culpables. En abril pasado, el juez Besosa sentenció nuevamente a ambos. Tal como anticipó, Martínez apeló la sentencia.
Masacre de La Tómbola
Durante el juicio contra Alexis Candelario Santana y otros acusados por la “Masacre de La Tómbola”, ocurrida el 17 de octubre de 2009 y en la que murieron ocho personas y otras 20 resultaron heridas, el hoy retirado juez federal José A. Fusté fingió que daba por terminada una vista, pero más tarde, cuando no había público ni prensa en sala, llamó a declarar a un testigo que le había informado al tribunal que temía que lo identificaran por miedo a ser víctima de represalias. Esto provocó la revocación de la condena en agosto de 2016, cuando el Primer Circuito de Apelaciones de Boston acogió la petición de la defensa de Candelario Santana de revocar el dictamen contra su cliente, sentenciado a cadena perpetua. La defensa argumentó que la acción de Fusté violó el derecho constitucional del acusado a un juicio público. Candelario Santana había sido encontrado culpable por un jurado, en marzo de 2013, como autor de la masacre. El hombre enfrenta un nuevo juicio y se expone una vez más a la pena de muerte.
Caso de Pablo Casellas
El Tribunal de Apelaciones estatal denegó en mayo pasado la moción de nuevo juicio a Pablo Casellas Toro, y en su sentencia, revocó al Tribunal de Primera Instancia y detuvo un proceso promovido por su defensa para interrogar a los miembros del panel del jurado que lo hallaron culpable por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes Cintrón, en julio de 2012. El Tribunal de Apelaciones sostuvo que el foro de primera instancia erró al no examinar el contenido de una declaración jurada en la que una integrante del jurado afirmó que otro miembro del panel había hecho unas declaraciones despectivas en contra de un testigo del caso. Según la defensa, esas expresiones viciaron el veredicto al prejuiciar al jurado en contra de su testigo. Casellas Toro argumentó que su sentencia de 109 años de prisión se había dado en violación a su derecho constitucional a un juicio justo e imparcial. El Ministerio Público sostenía que, a pesar de lo supuestamente expresado por el miembro del jurado, eso era parte del proceso deliberativo.