El caso Anhang alecciona contra la impunidad
Trece años después del asesinato por encargo del empresario Adam Anhang, su familia y el pueblo de Puerto Rico saben con certeza quiénes conspiraron para la ejecución del horrendo crimen, tras un tortuoso proceso investigativo y de procesamiento legal cuyas enseñanzas deben servir para combatir la impunidad que alimenta la actividad delictiva.
Confiamos en que el veredicto de los siete hombres y cinco mujeres que compusieron el jurado abone al sosiego de la familia de la víctima. Valiente y persistente, el padre no escatimó recursos en la muy justificada causa que, tras demasiados tropiezos en el sistema de justicia local, ha sido finalmente resuelta en la esfera federal.
La Policía y el Departamento de Justicia estatal deben acoger las lecciones que deja este proceso para el ejercicio de la justicia. Una de las más evidentes es la vulnerabilidad de la persona sin recursos ante un sistema de ley y orden ineficiente.
Detrás del drama doloroso del asesinato movido por la ambición, se develan deficiencias serias en el manejo de la pesquisa y el encausamiento estatal. El descarrilamiento del proceso llegó al absurdo de encarcelar a un inocente mientras la responsable principal del crimen escapaba a Italia.
En medio del revuelo que causó el asesinato del empresario canadiense, acuchillado el 22 de septiembre de 2005 en una calle del Viejo San Juan, la Policía arrestó y acusó a un sospechoso en 20 días. De la investigación trascendió que se echó a un lado información exculpatoria. Dos años más tarde, Jonathan Román Rivera fue injustamente declarado culpable y sentenciado a 104 años de cárcel.
En el juicio federal que culminó esta semana, el agente a cargo de la investigación estatal admitió que, seguido al arresto errado, avisó a la fiscalía que tenía dudas de que el detenido fuese el verdadero asesino. Dijo que, aún después, siguió buscando pistas de quien terminó siendo el verdadero perpetrador a sueldo. Decisiones y omisiones malograron el resultado de la investigación local. Así se prolongó la agonía para la familia del occiso.
Sin la persistencia de un padre angustiado y la dedicación de los investigadores federales, hoy tres culpables de un asesinato permanecerían en la calle.
Cada vez que el Estado falla en lograr la convicción de un criminal, envía un mensaje peligroso de impunidad a los delincuentes y a sus víctimas. Toda la sociedad se perjudica cuando el sistema de justicia se tambalea. Es obligación del gobierno asegurar que toda la cadena humana vinculada a la investigación de un asesinato cuente con una preparación rigurosa, tiempo y los recursos necesarios para culminarla de forma exitosa.
Agentes y fiscales tienen que ser celosos de su misión de hacer justicia a las víctimas y sus familiares. Y evitar a toda costa que inocentes terminen en la cárcel. En esa cadena, el hoy menguado Instituto de Ciencias Forenses juega un papel crítico.
En su larga espera por justicia, el padre de Anhang contó con los medios para mantener el caso vigente y apoyar las investigaciones. Quien infligió las heridas fatales a su hijo Adam confesó su participación y reveló los nombres de quienes le encargaron el crimen.
La misma oportunidad de acceso a la justicia merecen las personas con menos recursos económicos. Se les honra ese derecho con un sistema de procesamiento criminal que funcione.
Las circunstancias que rodean la investigación estatal de la tragedia deben analizarse con la misma dedicación que llevó a la convicción federal de los tres responsables. De ese análisis deben surgir acciones concretas que transformen la estructura y las dinámicas que permean el sistema que pesquisa y procesa por crímenes. Acabar con la impunidad, tiene que ser un componente indispensable de cualquier esfuerzo que aspire a revertir la propagación de la criminalidad.
El caso de Anhang confirma la importancia de dedicar recursos adecuados al aparato investigativo y de procesamiento judicial de Puerto Rico. La misión tiene que ser acabar con la impunidad.