Un sistema juvenil más punitivo

Aprincipios de este año el gobernador vetó una propuesta sobre una nueva ley de menores, apoyada por el Departamento de Justicia, por entenderse que era excesivamente punitiva. Mientras, a partir del mes en curso entra en vigor la Orden Administrativa 2018-08 del Departamento de Justicia, que tiene como fin eliminar la sección de menores de las procuradurías de menores y familia, con el efecto de enviar a todos los Procuradores de Menores a fiscalías regulares.

El fundamento, en resumen, es una supuesta falta de recursos en las fiscalías y un excedente de Procuradores. El resultado de esto es más que la simple reasignación de personal. El efecto real de esta orden administrativa es exponer a nuestra niñez y adolescencia a las instrucciones de fiscales de distrito que entienden a los menores en el sistema como “pichones de delincuentes”, acostumbrados a castigos extremadamente severos, que no tienen experiencia con el sistema juvenil, no creen en edades mínimas para la radicación de cargos, que entienden que más menores deben ser juzgados como adultos, acostumbrados a trabajar en un sistema de castigo.

La orden administrativa lograría que el sistema juvenil sea más punitivo y con menos rehabilitación. Sin embargo, lo ideal sería que el “exceso” de Procuradores de Menores se reasignara a las fiscalías, sin eliminar las procuradurías de menores. Eso era mucho más sencillo, más sensato y en respeto a nuestros ciudadanos menores de edad.

Dice mucho de nuestro sistema de justicia, el poco valor con que se trata a la niñez y adolescencia. Los efectos de esta orden adminstrativa están por verse, y no promete un futuro alentador para los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal ni para el sistema de justicia juvenil.