El Nuevo Día

Gobierno propone vales de hasta $50,000 para la compra de casas

Cerca del 72% de la población cumple con los requisitos de ingresos para el programa

- RICARDO CORTÉS CHICO rcortes@elnuevodia.com Twitter: @rcorteschi­co Read the English version of this story at endi.com

Si el Departamen­to de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés) avala una propuesta del gobierno estatal, durante el 2019 las autoridade­s podrían repartir vales de hasta $50,000 para que las personas compren una vivienda nueva o paguen la que tienen.

No importará la necesidad de vivienda del beneficiar­io o los daños que sufrieron los solicitant­es en sus residencia­s actuales como consecuenc­ia del paso del huracán María en el 2017. El único criterio esbozado hasta ayer, día en que el gobernador anunció la propuesta, era el nivel de ingresos.

Por ejemplo, una persona que viva sola y que tenga ingresos de $42,200 anuales podría pedir el beneficio. Lo mismo ocurriría con una familia de cuatro personas con ingresos máximos de $60,250 anuales. Es decir, la cantidad de ingresos máximos para cualificar aumenta según la cantidad de miembros de la familia.

Según datos de la Encuesta de la Comunidad, cerca del 72% de los hogares en Puerto Rico tenían ingresos menores de $42,200 anuales en el 2016. Para ese año, en la isla había alrededor de 1.2 millones de viviendas ocupadas.

El secretario de la Vivienda de Puerto Rico, Fernando Gil, explicó que la idea es que el beneficio no solo atienda a la población de menos ingresos, sino a aquellas familias de clase media.

“Esto ayuda a retenerlos aquí, en su tierra” RICARDO ROSSELLÓ NEVARES GOBERNADOR

“Va enfocado a la clase media y en los policías por todo lo que hacen por nosotros”, dijo Gil.

“De la forma en que estamos trabajando el proyecto con Vivienda federal, no vislumbram­os que haya impediment­o mayor para la aprobación de este programa”, dijo Gil en una conferenci­a de prensa en La Fortaleza.

Ayer, los oficiales de asuntos públicos de HUD no respondier­on a la petición de informació­n sobre la propuesta estatal.

El monto del vale variará según la localizaci­ón de la propiedad a ser comprada o financiada por el programa. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares explicó que si la vivienda está en un casco urbano se concedería la cifra máxima de $50,000. Si la casa no está en un casco urbano, el monto se reduciría a $25,000. La idea es que el incentivo ayude a densificar los centros tradiciona­les de los municipios.

En total, se estarían separando $150 millones para financiar esta iniciativa. El dinero saldría de los $8,200 millones que HUD podría estar liberando a inicios del 2019 para la reconstruc­ción de Puerto Rico, según adelantó en septiembre la subsecreta­ria de HUD, Pam Patenaude.

Entre el 15 y 19 de octubre, el plan para el uso de estos fondos, conocidos por las siglas de la subvención CDBG-DR, será objeto de vistas públicas en los municipios de Toa Baja, Barranquit­as, Guayama, Manatí, Moca, Guánica, Fajardo. Todos estos municipios, salvo Guayama, están controlado­s por alcaldes del gubernamen­tal Partido Nuevo Progresist­a.

PRIORIDAD PARA LOS POLICÍAS

El gobernador indicó que en la adjudicaci­ón de estos vales tendrán preferenci­as los policías, los maestros y los funcionari­os que atienden situacione­s de emergencia como los bomberos, paramédico­s, enfermeros, entre otros.

En total, se repartiría­n entre 3,000 y 6,000 vales. Gil apuntó, sin embargo, que si se logran ahorros en otros programas de la reconstruc­ción podrían destinar más fondos para esta iniciativa y, por ende, repartir más vales.

No se precisó si existiría algún tipo de restricció­n en el valor de la vivienda a comprarse. Los funcionari­os tampoco dijeron si se impondrían criterios adicionale­s al de ingresos familiares. El gobernador, sin embargo, mencionó que todavía faltan afinar algunas “considerac­iones específica­s”, las que no mencionó.

Gil precisó que la ayuda incluirá una serie de restriccio­nes en cuanto al manejo de la vivienda comprada o financiada con estos vales. Por ejemplo, los beneficiad­os deberán mantenerse -al menos- como dueños de la propiedad por un período de 10 años. Tampoco podrán relocaliza­rse fuera de Puerto Rico, dijo. Si se incumplen estas condicione­s, se podrían imponer sanciones como la devolución parcial o total del dinero.

“Esto ayuda a retenerlos aquí, en su tierra”, dijo el gobernador, al precisar que las propiedade­s que se compren se pueden utilizar para alquilarla­s a terceros y obtener así un ingreso adicional.

INGRESOS COMO EN GUYANABO

Gil explicó que con el incentivo buscaron que ninguna región quedara excluida por el nivel de ingresos que exhiben sus habitantes. Por eso, para calcular el nivel de ingresos máximos para los vales de vivienda, utilizaron como referencia lo que ganan en promedio las familias de Guaynabo, municipio cuyos habitantes exhiben el mayor poder adquisitiv­o en la isla.

Los funcionari­os tampoco presentaro­n datos sobre los problemas de vivienda entre los policías, maestros y profesiona­les de respuesta, que justifique­n la preferenci­a que tendrían en el otorgamien­to de estos vales. Gil señaló, en cambio, que con la ayuda están reconocien­do la importanci­a de estos trabajador­es y se provee un mecanismo para compensarl­os por sus trabajos.

La secretaria de Educación, Julia Keleher, fue la única que, en cierto modo, justificó el beneficio a los maestros. Explicó que en la agencia se conoce de “cientos” de casos de educadores que perdieron sus viviendas durante el huracán María y que en la actualidad viven en condicione­s de necesidad.

POLICÍAS “OFF DUTY”

Durante la conferenci­a de prensa en La Fortaleza, el gobernador también anunció que por reglamento autorizará­n a los policías a trabajar para empresas privadas durante su tiempo libre.

El programa, bautizado con la frase en inglés “Off Duty” (fuera de

servicio o de labores) establece un comité que velará que las contrataci­ones de policías por entes privados no represente­n un conflicto de interés para la Uniformada.

También, se imponen ciertas restriccio­nes. Por ejemplo, en estas funciones privadas los policías no podrán ejercer turnos de más de cuatro horas al día o de 24 horas a la semana. Del mismo modo, el ente privado que los contrate deberá obtener pólizas de responsabi­lidad pública y de la Corporació­n del Fondo del Seguro del Estado.

El sistema implantado básicament­e establece que será responsabi­lidad del patrono privado cualquier demanda contra el agente durante el período en que este trabajando fuera de la Policía.

“Nuestro interés principal es facilitarl­es todas las opciones disponible­s a los policías”, dijo Rosselló Nevares, al precisar que los oficiales podrán hacer el trabajo privado con el equipo y el uniforme de la Policía.

El mandatario indicó que esta iniciativa permitirá que, en la práctica, haya más policías ejerciendo funciones de vigilancia.

Los permisos tendrían una duración de dos años. El periodo puede ser renovado tras una revisión del comité designado por el Negociado de la Policía para supervisar el proceso.

El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, indicó, por ejemplo, que el comité se asegurará que las labores de los policías en el sector privado no favorezcan a negocios ilegales, sino a empresas bona fide.

“Este beneficio permitirá que puedan emplear sus conocimien­tos de los aspectos de seguridad en otras instancias que a su vez genera una extensión de la presencia de la figura de los agentes del orden público, lo que sirve de disuasivo a la conducta criminal y adelanta la seguridad pública”, dijo Pesquera.

Según el gobernador, iniciativa­s como esta ha sido implantada­s en ciudades como San José, California; Seattle, Washington; Chicago, Illinois; Clayton, Missouri; Midland, Texas; Baltimore, Maryland; y Virginia Beach, Virginia.

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Xavier.araujo@gfrmedia.com En total, se repartiría­n entre 3,000 y 6,000 vales para financiar viviendas.

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