Gobierno propone vales de hasta $50,000 para la compra de casas
Cerca del 72% de la población cumple con los requisitos de ingresos para el programa
Si el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés) avala una propuesta del gobierno estatal, durante el 2019 las autoridades podrían repartir vales de hasta $50,000 para que las personas compren una vivienda nueva o paguen la que tienen.
No importará la necesidad de vivienda del beneficiario o los daños que sufrieron los solicitantes en sus residencias actuales como consecuencia del paso del huracán María en el 2017. El único criterio esbozado hasta ayer, día en que el gobernador anunció la propuesta, era el nivel de ingresos.
Por ejemplo, una persona que viva sola y que tenga ingresos de $42,200 anuales podría pedir el beneficio. Lo mismo ocurriría con una familia de cuatro personas con ingresos máximos de $60,250 anuales. Es decir, la cantidad de ingresos máximos para cualificar aumenta según la cantidad de miembros de la familia.
Según datos de la Encuesta de la Comunidad, cerca del 72% de los hogares en Puerto Rico tenían ingresos menores de $42,200 anuales en el 2016. Para ese año, en la isla había alrededor de 1.2 millones de viviendas ocupadas.
El secretario de la Vivienda de Puerto Rico, Fernando Gil, explicó que la idea es que el beneficio no solo atienda a la población de menos ingresos, sino a aquellas familias de clase media.
“Esto ayuda a retenerlos aquí, en su tierra” RICARDO ROSSELLÓ NEVARES GOBERNADOR
“Va enfocado a la clase media y en los policías por todo lo que hacen por nosotros”, dijo Gil.
“De la forma en que estamos trabajando el proyecto con Vivienda federal, no vislumbramos que haya impedimento mayor para la aprobación de este programa”, dijo Gil en una conferencia de prensa en La Fortaleza.
Ayer, los oficiales de asuntos públicos de HUD no respondieron a la petición de información sobre la propuesta estatal.
El monto del vale variará según la localización de la propiedad a ser comprada o financiada por el programa. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares explicó que si la vivienda está en un casco urbano se concedería la cifra máxima de $50,000. Si la casa no está en un casco urbano, el monto se reduciría a $25,000. La idea es que el incentivo ayude a densificar los centros tradicionales de los municipios.
En total, se estarían separando $150 millones para financiar esta iniciativa. El dinero saldría de los $8,200 millones que HUD podría estar liberando a inicios del 2019 para la reconstrucción de Puerto Rico, según adelantó en septiembre la subsecretaria de HUD, Pam Patenaude.
Entre el 15 y 19 de octubre, el plan para el uso de estos fondos, conocidos por las siglas de la subvención CDBG-DR, será objeto de vistas públicas en los municipios de Toa Baja, Barranquitas, Guayama, Manatí, Moca, Guánica, Fajardo. Todos estos municipios, salvo Guayama, están controlados por alcaldes del gubernamental Partido Nuevo Progresista.
PRIORIDAD PARA LOS POLICÍAS
El gobernador indicó que en la adjudicación de estos vales tendrán preferencias los policías, los maestros y los funcionarios que atienden situaciones de emergencia como los bomberos, paramédicos, enfermeros, entre otros.
En total, se repartirían entre 3,000 y 6,000 vales. Gil apuntó, sin embargo, que si se logran ahorros en otros programas de la reconstrucción podrían destinar más fondos para esta iniciativa y, por ende, repartir más vales.
No se precisó si existiría algún tipo de restricción en el valor de la vivienda a comprarse. Los funcionarios tampoco dijeron si se impondrían criterios adicionales al de ingresos familiares. El gobernador, sin embargo, mencionó que todavía faltan afinar algunas “consideraciones específicas”, las que no mencionó.
Gil precisó que la ayuda incluirá una serie de restricciones en cuanto al manejo de la vivienda comprada o financiada con estos vales. Por ejemplo, los beneficiados deberán mantenerse -al menos- como dueños de la propiedad por un período de 10 años. Tampoco podrán relocalizarse fuera de Puerto Rico, dijo. Si se incumplen estas condiciones, se podrían imponer sanciones como la devolución parcial o total del dinero.
“Esto ayuda a retenerlos aquí, en su tierra”, dijo el gobernador, al precisar que las propiedades que se compren se pueden utilizar para alquilarlas a terceros y obtener así un ingreso adicional.
INGRESOS COMO EN GUYANABO
Gil explicó que con el incentivo buscaron que ninguna región quedara excluida por el nivel de ingresos que exhiben sus habitantes. Por eso, para calcular el nivel de ingresos máximos para los vales de vivienda, utilizaron como referencia lo que ganan en promedio las familias de Guaynabo, municipio cuyos habitantes exhiben el mayor poder adquisitivo en la isla.
Los funcionarios tampoco presentaron datos sobre los problemas de vivienda entre los policías, maestros y profesionales de respuesta, que justifiquen la preferencia que tendrían en el otorgamiento de estos vales. Gil señaló, en cambio, que con la ayuda están reconociendo la importancia de estos trabajadores y se provee un mecanismo para compensarlos por sus trabajos.
La secretaria de Educación, Julia Keleher, fue la única que, en cierto modo, justificó el beneficio a los maestros. Explicó que en la agencia se conoce de “cientos” de casos de educadores que perdieron sus viviendas durante el huracán María y que en la actualidad viven en condiciones de necesidad.
POLICÍAS “OFF DUTY”
Durante la conferencia de prensa en La Fortaleza, el gobernador también anunció que por reglamento autorizarán a los policías a trabajar para empresas privadas durante su tiempo libre.
El programa, bautizado con la frase en inglés “Off Duty” (fuera de
servicio o de labores) establece un comité que velará que las contrataciones de policías por entes privados no representen un conflicto de interés para la Uniformada.
También, se imponen ciertas restricciones. Por ejemplo, en estas funciones privadas los policías no podrán ejercer turnos de más de cuatro horas al día o de 24 horas a la semana. Del mismo modo, el ente privado que los contrate deberá obtener pólizas de responsabilidad pública y de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
El sistema implantado básicamente establece que será responsabilidad del patrono privado cualquier demanda contra el agente durante el período en que este trabajando fuera de la Policía.
“Nuestro interés principal es facilitarles todas las opciones disponibles a los policías”, dijo Rosselló Nevares, al precisar que los oficiales podrán hacer el trabajo privado con el equipo y el uniforme de la Policía.
El mandatario indicó que esta iniciativa permitirá que, en la práctica, haya más policías ejerciendo funciones de vigilancia.
Los permisos tendrían una duración de dos años. El periodo puede ser renovado tras una revisión del comité designado por el Negociado de la Policía para supervisar el proceso.
El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, indicó, por ejemplo, que el comité se asegurará que las labores de los policías en el sector privado no favorezcan a negocios ilegales, sino a empresas bona fide.
“Este beneficio permitirá que puedan emplear sus conocimientos de los aspectos de seguridad en otras instancias que a su vez genera una extensión de la presencia de la figura de los agentes del orden público, lo que sirve de disuasivo a la conducta criminal y adelanta la seguridad pública”, dijo Pesquera.
Según el gobernador, iniciativas como esta ha sido implantadas en ciudades como San José, California; Seattle, Washington; Chicago, Illinois; Clayton, Missouri; Midland, Texas; Baltimore, Maryland; y Virginia Beach, Virginia.