Sin definir el destino del dinero de las tragamonedas
La Cámara sostiene que debe nutrir a los municipios y las arcas del CRIM
Aunque han zanjado algunas diferencias, la Cámara de Representantes y La Fortaleza aún no logran entendidos sobre el destino del dinero nuevo que generaría la legalización de hasta 20,000 máquinas de entretenimiento para adultos.
Por un lado, en la Cámara sostienen que los $162 millones que estiman generarían las máquinas nutriría las arcas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, en cambio, ha dicho que se le pueden dar múltiples usos.
“Mi consideración es que el proceso que se lleve a cabo (para la videolotería) sea uno que nos permita regular adecuadamente, evitar los procesos ilegales y que se pueda recaudar lo que se estime que se puede recaudar”, manifestó ayer el primer ejecutivo.
“También que se pueda invertir ese capital en unas áreas. Podríamos hablar de los subsidios a la agricultura, el bono de Navidad, entre otras consideraciones que podrían tener un impacto en la población”, abundó.
Ayer, Rosselló Nevares indicó que coordinaría una reunión con legisladores para discutir el tema. No precisó si pretendía reunir la Conferencia Legislativa.
Sobre las tragamonedas, el representante Antonio “Tony” Soto, presidente de la Comisión cameral de Hacienda, fue enfático.
“Todo el ingreso que produzcan las máquinas va a ir dirigido al CRIM y los municipios para sustituir los ingresos del impuesto al inventario... no al Fondo General”, aseveró.
No obstante, el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, afirmó que todo está en discusión.
“Estamos buscando alternativas con los alcaldes”, dijo Méndez.
“Estamos trabajando con un proyecto de ley que va a tener el aval del Ejecutivo”, añadió el líder legislativo, tras reunirse junto a Soto con cuatro influyentes alcaldes novoprogresistas que indicaron que favorecerían que se elimine el impuesto al inventario si se sustituye todo ese ingreso.
Los alcaldes que participaron en el encuentro fueron los de Cidra, Bayamón, Guaynabo y Fajardo.
“La contestación es sí”, dijo el alcalde cidreño y presidente de la junta del CRIM, Javier Carrasquillo. “El consenso ha sido buscar un modelo contributivo que sustituya este modelo que no fomenta el desarrollo económico”.
El ejecutivo municipal de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, enfatizó “que se elimine o se sustituya”.
Méndez recordó que el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, le indicó, siendo todavía secretario de Hacienda, que se trabajara tanto la reforma contributiva como la eliminación del impuesto al inventario “en conjunto”. El plan de la Cámara es atender ambos asuntos a la vez en proyectos separados.
Carrasquillo insistió en que cualquier legislación tiene que garantizar a cada municipio que recibirá la misma cantidad de ingresos que obtienen hoy por la tributación al inventario.
De lo contrario, advirtió, se afectan fondos utilizados tanto para dar servicios como para pagar la deuda. De los $242 millones que representa el pago anual promedio por las obligaciones de los municipios, el 40% se sufraga con el impuesto al inventario.
Asimismo, todavía existen diferencias entre la Cámara y el CRIM respecto a cuánto dinero genera realmente el impuesto. Mientras Soto afirmó que son $219 millones anuales, Rivera Cruz sostuvo que podrían ser $250 millones.
Esa brecha y cómo se generaría el dinero para cerrarla se atenderá en un comité técnico compuesto por miembros de la Cámara, los organismos representativos de los alcaldes y del CRIM.
Méndez aseguró que no se aprobarán impuestos nuevos y que se reunirá próximamente con alcaldes populares.
Además, dijo que el resultado de la legislación pendiente será presentado ante la Junta de Supervisión Fiscal para su “visto bueno”.