Se impone combatir una legislatura anacrónica y ociosa

Nuestra legislatura se ha revocado dos veces en un mes. Primero, reconoce que subir las multas de Autoexpreso fue injusto para los ciudadanos y tuvieron que rectificar. Luego, ocurrió con la pamplina de una certificación sobre la orientación de los “carseats”, torpe justificación para colectar multas de forma significativa.

Este ir y venir legislativo, legislar sobre lo ya legislado, proponer y revocarse, demuestra la ociosidad de un modelo legislativo obsoleto. Para un país de menos de tres millones de habitantes, con una cabida geográfica de 3,477.37 millas cuadradas, resulta arcaico y anacrónico. Una revisión de la legislación recién propuesta revela lo insulsas de las medidas: refritos, cambios cosméticos y otras para importunar al pueblo. Puras majaderías.

Un asombroso paralelismo con el estado de situación en Paraguay: “En cuanto a la institución legislativa, decir que pierde credibilidad significaría admitir que tiene alguna. Y no la tiene desde hace tiempo, por haberse convertido en lo que acaba de mostrar: un campo de batalla de bandos que no luchan por ideas o proyectos, sino por cargos, privilegios y beneficios materiales” (ABC COLOR, 2018).

Nuestro cuerpo legislativo, cuenta con 78 miembros. Demasiada cuantía para nuestras circunstancias, demográficas, geográficas y fiscales. En su anonimato, muchos de ellos sólo han aportado en un cuatrienio su asentimiento o rechazo a alguna trivial medida. Otros, en su afán de justificar su salario, inventan estudios, investigaciones, se ingenian vistas oculares, audiencias que, al fin al cabo, terminan en nada.

Una muchedumbre solitaria, que nadie conoce al momento de retirarse, retiro que se alarga más que el tejido de la Penélope de la Odisea, porque sus hijos, nietos y parientes hacen turnos para heredar sus puestos. Agrava la situación, la presencia lúgubre de empleados fantasmas que, como alma en pena, rondan el Capitolio. Se añaden las contrataciones de parientes inter-honorables. “Yo nombro tu hija y tú nombras mi esposa”. Más aún, “la Legislatura destinó $3.8 millones a contrataciones de políticos derrotados (Editorial, Nuevo Día, 9/02/2017). Un montaje extraordinario, muy bien planificado. Todo esto, en el contexto de un gobierno que ha perdido su legitimidad, revelándose la realidad de que la autoridad última radica en el Congreso y sus apéndices: la Junta de Supervisión Fiscal y los Tribunales Federales.

¿Qué se impone? Revisar el modelo, una verdadera reforma legislativa. Si miramos al norte, por qué no adoptamos las prácticas de muchas de las legislaturas estatales e instauramos el legislador ciudadano, reuniéndose cuando sea necesario, una o dos veces al año, trabajen lo sustancial y se retiren a sus trabajos ordinarios, como cualquier hijo de vecino. Igualmente, adoptar lo avalado por el pueblo en referéndum; la unicameralidad. Es de suponer que, los legisladores y sus acólitos, defenderán lo que hay a brazo partido, porque les conviene a ellos, no al pueblo. Convienen, una legislatura más pequeña, de verdaderos servidores honorables, no por sus títulos sino sus ejecutorias, donde el pueblo se aliviaría de una gran carga, fiscal y emocional. Que los ciudadanos adjudiquen.