Trazan las guías para la política energética
⤑ El informe final del Colaborativo Público para la Transformación Energética de Puerto Rico, requerido por ley, propone un sistema más limpio, confiable y a costos menos volátiles ⤑ El documento, compartido en exclusiva con El Nuevo Día, fue publicado p
La nueva política pública energética del país debe enmarcarse en una visión de autosuficiencia y apuntar al mayor uso de fuentes renovables y la más rápida disminución de combustibles fósiles en la generación.
Asimismo, tiene que garantizar la presencia de un ente regulador independiente con poder para exigir cumplimiento, dentro de un marco legal moderno y atemperado a las tendencias globales.
La participación de las cooperativas y los municipios no puede ser opcional en la transición.
Esas, a grandes rasgos, son las recomendaciones del informe final del Colaborativo Público para la Transformación Energética de Puerto Rico, que durante los pasados meses reunió a 41 representantes de diversos sectores para trazar el curso a seguir hacia la revitalización de la red eléctrica.
Compartido en exclusiva a El Nuevo Día, el informe fue publicado por el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE) y el Rocky Mountain Institute.
“Resume el pensamiento de los líderes de todos los sectores de Puerto Rico, y provee recomendaciones tangibles que esperamos se utilicen para dar forma a la nueva política pública energética y la transformación colaborativa del futuro energético”, dijo Roy Torbert, principal del Rocky Mountain Institute, una entidad sin fines de lucro que aboga por sistemas eléctricos limpios, prósperos y seguros.
La Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley 120), aprobada el pasado 20 de junio, establece que la Asamblea Legislativa tiene 180 días para aprobar la nueva política pública energética y marco regulatorio.
El director ejecutivo del ICSE, Tomás Torres, se expresó confiado en que el Senado y la Cámara de Representantes tomarán en cuenta las recomendaciones del Colaborativo Público.
ENERGÍA RENOVABLE
Actualmente, la generación con fuentes renovables en la isla, incluyendo a nivel distribuido (en los techos), apenas llega al 2%.
José Guzmán, presidente de la Asociación de Consultores y Contratistas de Energía Renovable (Aconer), atribuyó la ínfima cifra a la “infraestructura endeble” de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a escollos administrativos que la propia corporación pública ha interpuesto.
A esos efectos, el Colaborativo Público recomendó que la transición a fuentes renovable “se incluya claramente” en el Plan Integrado de Recursos que la AEE está próxima a entregar. Ese documento desglosa las obras de infraestructura que la AEE desarrollará en su red.
El informe también promueve la generación distribuida a todos los niveles (residencial, comercial e industrial) y que se fortalezcan los mecanismos para integrar las fuentes renovables.
“Las leyes existen, pero no ha habido continuidad ni aplicación por parte de las autoridades para que se lleve a cabo la integración. Si algo vimos después del huracán María fue la necesidad de que los consumidores generen su propia energía”, dijo Marc Roumain, presidente del Comité de Energía de la Asociación de Industriales y director de la empresa Windmar.
Kenneth Rivera, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, agregó que, para alcanzar la resiliencia, las nuevas redes de energía renovable deben contar con sistemas de almacenaje (baterías de resguardo) que garanticen su operación.
ENTE INDEPENDIENTE
Entretanto, el Colaborativo Público determinó que la “degradación” de la Comisión de Energía a un Negociado de la recién creada Junta Reglamentadora de Servicio Público “no es efectiva”.
El grupo señaló que el cambio atenta no solo contra la independencia del ente regulador, sino también contra su existencia, ya que su presupuesto debe ser avalado por el gobierno central. Hasta antes del cambio, el presupuesto de la Comisión se establecía mediante fórmula.
“El regulador debe ser independiente y no estar politizado, y eso no se alcanza si está bajo una
sombrilla”, dijo Guzmán.
“El regulador es el centro que balancea los intereses de todos los sectores. Es el que pone las reglas de juego y tiene que ser fuerte para que responda al bien común de la comunidad”, añadió Jaime
Cuevas, gerente de Mercadeo a Cooperativas de la Cooperativa de Seguros Múltiples.
Aparte de alterar su presupuesto, la Ley 120 coarta los poderes de la Comisión al permitir que, en medio del proceso de privatización de la AEE, los contratos evadan la sección 6B de la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica (Ley 83), que habla, entre otras cosas, del Plan Integrado de Recursos. Esa decisión sobre los contratos la tomaría el Comité de Alianzas designado por la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que solo deberá contar con el “asesoramiento” del ente regulador.
“¿Cómo es posible que el primario de la Comisión lo asuma el Comité de Alianzas?”, cuestionó Torres.
En esa línea, el Colaborativo Público propuso a la Legislatura que “haga las enmiendas necesarias” y “dé certeza” sobre el rol del ente regulador en la nueva política pública energética, dijo Javier Rúa, director de Política Pública de la compañía Sunrun y miembro de la Solar & Energy Storage Association.
MARCO REGULADOR
Rúa destacó que el informe del Colaborativo Público “le habla” a quienes hacen política pública en la isla, y recomienda que las “buenas leyes” se mantengan y fortalezcan, y se eliminen “las que no son tan buenas”.
Mencionó, por ejemplo, que debe maximizarse el uso de los créditos de energía renovable, un mecanismo –creado en 2010 por la Ley 82– que obliga a la AEE a pagar al no poder producir la energía que compra.
“Ha habido resistencia de la AEE para aplicar los créditos a nivel residencial. Se legislaron para incentivar las fuentes renovables, pero no se aplican”, lamentó Rúa, con quien Roumain coincidió.
Otro ejemplo de lo que debe incluir el nuevo marco energético es la regulación a base de desempeño, que condiciona las ganancias a que se alcance determinado porcentaje de generación con fuentes renovables.
“También hay que mejorar el lenguaje en el tema de la interconexión (medición neta). En la legislación siempre hay lenguaje positivo, pero si no se pone de forma prescriptiva, la propia utilidad (AEE) encuentra barreras burocráticas para frenar la interconexión”, dijo Rúa.
Torres, por su parte, indicó que, en el contexto de la privatización de la AEE, debe evitarse la firma de contratos a largo plazo que perpetúen el uso de energía “ineficiente, cara y sucia”.
“Si vamos a seguir generando como ahora, con combustibles como diésel, búnker C y carbón, se obstaculizará la penetración de energía renovable”, afirmó.
COLABORACIÓN
Mientras, el Colaborativo Público estableció que la transformación energética tiene que ser participativa, y los municipios y cooperativas son “piezas clave”.
El grupo coincidió en que deben replicarse ejemplos como el de Villalba, que fue uno de los primeros municipios en energizarse post-María tras habilitar la planta hidroeléctrica Toro Negro.
“Después del huracán, fuimos las ciudades y sus administradores los que tuvimos que asumir un rol protagónico para restablecer, incluso, el sistema eléctrico, que es la base de la economía, la salud y seguridad de los ciudadanos. Ahora tenemos que seguir adentrándonos más en el tema energético y ayudar en las áreas más vulnerables, que son los ciudadanos en la montaña”, dijo el alcalde villalbeño, Luis Hernández.
Entretanto, Mercado y el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez, abogaron por el establecimiento de cooperativas de energía no solamente para lograr la independencia de ciertas zonas de la red de la AEE, sino para fomentar el desarrollo económico.
“Si en mi casa o negocio no tengo espacio suficiente para colocar placas solares, una cooperativa de energía en mi zona sería ideal para mí”, planteó Vázquez.
Mercado añadió que las cooperativas de energía “están validadas” hace más de 90 años, y que 42 millones de personas, en 47 jurisdicciones estadounidenses, reciben electricidad en sus hogares a través de este modelo. En países como Argentina y España el modelo también es popular.
“Es un modelo que permite una operación limpia, y lo más importante es que no hay intereses pecuniarios particulares detrás. Es la propia gente tomando autoridad sobre su futuro energético”, aseveró.
El Colaborativo Público favoreció la aprobación del Proyecto del Senado 984, que provee para la creación de cooperativas de energía en la isla.
LO PRÓXIMO
Publicado el informe, Torbet y Torres indicaron que lo próximo es compartirlo con el Ejecutivo, senadores, representantes y otros grupos de interés.
También se presentará en Washington, específicamente a miembros del sector energético.
“Este informe refleja el camino a seguir hacia la transformación de nuestro sistema eléctrico”, recalcó Torres.