EE.UU. reitera los poderes plenarios
Justifica federal interviene en caso y señala que la Constitución de EE.UU. permite un trato distinto para Puerto Rico
El gobierno de Estados Unidos insistió en los poderes plenarios dispuestos en la cláusula territorial del Congreso para excluir a los residentes de Puerto Rico de los beneficios del programa suplementario del Seguro Social (SSI).
A petición del juez federal Gustavo Gelpí, como parte de una demanda, el asistente del procurador general de Estados Unidos, Joseph Hunt, indicó que los residentes de la isla no pueden argumentar que el SSI viola los principios de igual protección de las leyes bajo la Constitución federal.
Sostuvo que la Constitución provee que “el Congreso tendrá el poder de disponer de y hacer todas las reglas y reglamentaciones necesarias respecto al territorio y otra propiedad que pertenezca a Estados Unidos”.
También, señaló que la defensa del demandado falló en negar los “hechos que pueden proveer para un trato diferente” de Puerto Rico.
El demandado es José Vaello Madero, a quien el gobierno estadounidense demandó el año pasado para que devuelva sobre $28,000 que recibió del programa del SSI después de haberse mudado a Puerto Rico.
Valleo Madero había comenzado recibir los beneficios cuando vivía en Nueva York y en el 2013 se trasladó a Loíza.
El SSI es un programa suplementario del Seguro Social que da ayuda económica a personas ciegas y discapacitadas, de bajo o ningún ingreso.
Tras la demanda, Valleo Madero firmó inicialmente un acuerdo con el gobierno estadounidense, pero después de que el tribunal le asignara un abogado, retiró la estipulación y contestó la demanda alegando trato discriminatorio contra los residentes de Puerto Rico.
El gobierno de Estados Unidos reaccionó solicitando la desestimación de la demanda, porque había remedios administrativos que no se habían agotado.
Pero Gelpí no permitió la desestimación con serias advertencias de poder revisitar precedentes del Tribunal Supremo en dos casos relacionados al SSI que “han impactado los beneficios de salud en la isla de forma desigual y adversa durante cuatro décadas”.
En una opinión emitida en mayo pasado, Gelpí escribió que el Tribunal Supremo es el único que puede revocar decisiones pasadas, pero destacó que la discusión constitucional tiene que comenzar a nivel de las cortes de distrito ante acontecimientos nuevos.
“Desarrollos recientes relacionados a Puerto Rico, como por ejemplo, el aumento en la conciencia de su situación en (los Estados Unidos) continentales después del huracán María, así como el consenso nacional y local contra el trato tan dispar, pudiera motivar a las cortes a revisitar (los casos de) Califano y Harris”, planteó Gelpí.
Luego, aprobó que el gobernador Ricardo Rosselló y la comisionada residente Jenniffer González intervinieran como “amigos de la corte”.
“El Congreso tendrá el poder de disponer de y hacer todas las reglas y reglamentaciones necesarias respecto al territorio y otra propiedad que pertenezca a Estados Unidos”
JOSEPH HUNT ASISTENTE DEL PROCURADOR GENERAL DE
ESTADOS UNIDOS
Entonces, solicitó la reacción gobierno de Estados Unidos ante los planteamientos de Vaello Madero de que este caso implica el nivel de escrutinio más minucioso por tratarse de una reglamentación que viola la igual protección de las leyes e impone una clasificación sobre un grupo de personas para excluirlas.
Hunt contestó que no procede ese nivel de escrutinio porque no se trata de una evaluación de discrimen racial, sino de un asunto de política económica.
Además, indicó que los residentes de Puerto Rico no pagan impuestos federales sobre sus ingresos, que es lo que se usan para financiar el programa del SSI.
Asimismo, apuntó que sería demasiado oneroso para el gobierno estadounidense, e hizo alusión a un informe de la Oficina de Contraloría General (GAO) del 2014, en el que indica que aplicar ese beneficio a los residentes de la isla supondría una carga de $1,800 millones al fisco federal.