El Nuevo Día

Rechaza seguridad privada

- MARGA PARÉS ARROYO mpares@elnuevodia.com Twitter: @MargaPares_END

La organizaci­ón Kilómetro 0 rechazó ayer la propuesta de grupos que buscan que policías privados armados brinden seguridad en Condado, Miramar y otras áreas de Santurce.

La entidad sin fines de lucro tildó la propuesta como “peligrosa”, y denunció que sería una forma de privatizar la Policía y la seguridad del país. Kilómetro o fue creada hace varios meses para impulsar el control al uso de la fuerza por parte de la Policía y de reducir la brecha de poder que facilita los excesos del Estado contra la población,

En declaracio­nes escritas, la directora ejecutiva de Kilometro 0, Mari Mari Narváez, advirtió que si es difícil para la Policía cumplir con reglamento­s y protocolos de uso de fuerza, más difícil le resultaría a una compañía de seguridad privada ejercer dicho control y cumplimien­to.

“La policía privada protege a quien le paga”, resaltó al advertir que poblacione­s vulnerable­s, como personas sin hogar, inmigrante­s y las comunidade­s LGBTTIQ podrían temer salir a las calles por miedo a ser atacados “por policías privados armados que defienden los intereses de quienes les pagan”.

Narváez también levantó sospechas sobre qué beneficios e intereses económicos rodean esta propuesta de establecer seguridad privada en las áreas mencionada­s.

“No hay que aceptar que la Policía diga que no tiene recursos. Es su obligación disponer de ellos eficiente y efectivame­nte. Para eso el país paga contribuci­ones”, concluyó.

Hace varios días el gobernador Ricardo Rosselló Nevares emplazó a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, a responder a los reclamos de residentes de la zona del Condado de implementa­r un código de orden público.

Además, Rosselló Nevares dijo favorecer que se imponga un cierre de todos los negocios a partir de las 2:00 a.m., si urge como medida de seguridad pública.

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Kilómetro O advirtió que el gobierno es responsabl­e de asignar recursos para garantizar la seguridad de todas las comunidade­s del país.

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