Seilhamer presenta proyecto para guiar la política energética
El senador Larry Seilhamer presentará hoy el proyecto de ley que servirá de guía para establecer un nuevo modelo por los próximos 50 años
El proyecto de ley que establecería la nueva política pública energética y el marco regulatorio contempla un sistema con menor capacidad de generación, que podría no exceder de cinco plantas generatrices, y establece como meta que, para el 2050, la mitad de la producción eléctrica será a través de fuentes renovables.
Al anticipar a El Nuevo Día parte del contenido de la medida de más de 200 páginas que presentará hoy, el senador Larry Seilhamer resaltó, además, que la pieza propone concentrar esa generación en el norte, abarataría el costo de la luz y hará del sistema uno más resistente.
“El proyecto tiene métricas bien ambiciosas. Será mucho más del 50% en energía renovable para el 2050”, sostuvo Seilhamer, presidente de la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado.
El proyecto también establece una meta porcentual sobre lo que debe ser la generación de electricidad a base de gas natural, erradica el uso del combustible búnker C, limita a una entidad privada el manejo del sistema de transmisión y distribución, y deja fuera de las manos del gobernador los nombramientos a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o del ente que la sustituya.
También fortalece el rol del Negociado de Energía en su función fiscalizadora.
Según el legislador de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), el costo energético, que la administración de Ricardo Rosselló Nevares aspira bajar a 20 centavos el kilovatio hora (kWh), se reduce por diferentes vías.
Una de ellas es regionalizar la generación en la zona norte para acortar las líneas de transmisión y, de esa forma, reducir la pérdida de energía. Ese elemento se combinaría con la generación mediante unidades más eficientes, y el énfasis en la energía renovable y el gas natural.
Al señalar que no percibe interés en la compra de activos de la AEE, Seilhamer dijo que, tanto la generación como la transmisión y la distribución pasarían a manos privadas a través del modelo de alianzas público privadas (APP).
“No hay interés en adquirir chatarra”, subrayó.
Cuando tomó las riendas de la AEE en julio, el director ejecutivo José Ortiz indicó que, al amparo de la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley 120-2018), planificaba emplear la estructura de las APP para dar en concesión la distribución y transmisión, así como el servicio al cliente.
En cambio, según su propuesta, los activos de generación serían vendidos a cinco o seis compañías.
Desde hace varias semanas, han examinado copia del borrador algunos funcionarios de La Fortaleza, el titular de la AEE y el representante Víctor Parés Otero, que lidera la comisión cameral que atiende el tema energético.
Parés Otero anticipó que no contempla realizar vistas públicas y, por separado, dijo estar confiado en que la legislación será ratificada antes del 8 de noviembre, último día de aprobación de medidas en la Legislatura.
PUNTOS CONTROVERSIALES
La medida no deja de contener elementos controversiales, afirmaron ambos legisladores.
Parés Otero indicó que la aspiración de que la generación eléctrica se nutra en un 50% de fuentes renovables al 2050 es muy conservadora. “Para el 2050, debe estar en un 90%. Entiendo que debemos ser más agresivos”, afirmó Parés Otero.
También le preocupa el impacto económico que podría tener sobre ciertos sectores -que no mencionóel alcance de la medida, y advirtió que no se puede abrir la puerta a que el país “se amarre” a la industria del gas natural.
“Hay que recordar que esta es la política pública energética por los próximos 50 años”, recalcó Parés Otero.
Durante la única vista pública sobre la medida que efectuó el Senado, en agosto, la organización Cambio y el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero levantaron bandera sobre el énfasis que se le quiere dar a la producción de energía con gas natural. Sobre 40 organizaciones presentaron propuestas y recomendaciones.
El proyecto establece diferentes fechas y métricas, como alcanzar el 20% de energía renovable para el 2025 y 35% una década después, aunque Seilhamer advirtió que esos objetivos están sujetos a dis-
cusión.
Parés Otero, por su parte, dijo que el proyecto no es claro respecto al futuro de la AEE y no precisa si se mantiene como corporación pública.
“No hay una dirección clara de cómo quedaría la AEE luego de todas las transacciones”, comentó. “Cuando se hagan las alianzas público privadas, ¿qué queda?”.
ANTICIPA RESERVAS
Seilhamer manifestó que uno de los temas que podrían generar resistencia en La Fortaleza gira en torno a la composición de la Junta de Gobierno de la AEE. Con el proyecto del marco regulatorio, se deja en manos de organizaciones con peritaje en temas energéticos la función de proponer a los candidatos que integrarían el ente rector. El gobernador solo seleccionaría de las listas que reciba.
Así, sostuvo Seilhamer, se atienden reglamos de congresistas estadounidenses que han criticado la politización en la corporación pública. “Puedo anticipar que haya objeción”, reconoció el también vicepresidente del Senado.
Al tomar como fundamento un estudio del Departamento de Energía federal, el borrador del proyecto de ley establece que la demanda de energía en la isla no superará los 2,250 megavatios, cuando actualmente es de 3,000 megavatios. Seilhamer comentó que las unidades generatrices, sin contar las microrredes, no sobrepasarían las cinco: dos cogeneradoras, la Central San Juan, Palo Seco y Costa Sur.
El proyecto impone términos específicos en que las privatizadoras tendrían que transformar las unidades en “altamente eficientes”, pero no detalla qué centrales cerrarían operaciones. Además, deja en suspenso a la Central Aguirre, que trabaja con búnker C y diésel en su ciclo combinado.
“Sobre Aguirre, no es tan específico, pero se establecen unos parámetros y criterios que hacen que Aguirre no sea una de las plantas que se conviertan a altamente eficientes”, dijo Seilhamer, en alusión a cómo el proyecto obliga a los operadores privados de las centrales a cumplir Estándares de Emisión de Mercurio y Tóxicos de Aire (MATS, en inglés).
Seilhamer advirtió que la AEE no cumple con esos estándares ambientales y que, al incluirlos en la medida, sacarían del panorama el combustible búnker C.
La AEE opera con búnker C en la termoeléctrica de Aguirre, que genera sobre 900 megavatios, en Palo Seco y en la Central San Juan.
Daniel Hernández, director de generación de la AEE, aclaró que la intención de esa corporación pública es convertir todas las unidades
a gas natural.
Seilhamer también comentó que el proyecto “promueve” la instalación de unidades que operen con gas natural, gas propano y diésel. Dijo que la medida mantendrá la disposición contenida en la Ley 120-2018 que prohíbe que un solo proveedor genere toda la electricidad del país. Ningún proveedor tampoco podrá superar el 50%.
“No queremos tener un monopolio, y eso se salvaguarda en el proyecto”, destacó.
Opinó que uno de los avances del proyecto de ley es que “rompe con la interdependencia”, en referencia a cómo una avería en la Central Aguirre, ubicada en Salinas, puede dejar sin electricidad a residentes en el oeste.
“Se rompe porque habrá más generación regionalizada en microrredes y en plantas”, afirmó.
NEGOCIADO DE ENERGÍA
Seilhamer indicó que la función del Negociado de Energía se fortalecería con el proyecto y tendría injerencia adicional cuando se evalúen las concesiones de activos.
“El Negociado se convierte en un ente independiente, robusto y con mucha injerencia”, señaló, al precisar que el ente tendrá participación en los llamados comités de alianzas que evaluarán y votarán sobre las propuestas del sector privado.
“Estamos estableciendo cómo se van a usar los fondos de reconstrucción. Es una cantidad significativa. Las especificaciones de los materiales serán uniformes con las especificaciones en Estados Unidos”
LARRY SEILHAMER
SENADOR DEL PNP