Mitigar las inundaciones como norte
Las comunidades urgieron a prevenir la inundabilidad y evitar los desplazamientos
TOA BAJA.- Los toabajeños y sanjuaneros que ayer depusieron en vistas públicas sobre el uso de $8,200 millones del programa de Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR, en inglés) pidieron al gobierno que concentre sus esfuerzos en hacer dragados y canalizaciones de cuerpos de agua para evitar las inundaciones y el desplazamiento de comunidades enteras.
La activista de la comunidad Toaville (Toa Baja) Yarilin Colón recordó a las autoridades que, el 20 de septiembre de 2017, cuando azotó el huracán María, ese sector se inundó “hasta nueve pies” al desbordarse el río La Plata. A un año del fenómeno atmosférico, “la comunidad está totalmente devastada”, denunció la mujer.
Dado el riesgo y la vulnerabilidad a la que están expuestos los residentes, el portavoz de Toabajeños en defensa del medioambiente, Juan Camacho, solicitó priorizar la canalización del río La Plata y el dragado del Lago de Levittown. “Ninguna mejora a la infraestructura va a estar segura si no atendemos el grave problema de las inundaciones en nuestros llanos”, enfatizó. Recordó que las inundaciones de las últimas décadas han sido detrimentales para la economía de la región, así como para la vida y seguridad de sus compueblanos.
Similarmente, los vecinos del Caño Martín Peña, en San Juan, pidieron al Departamento de la Vivienda aprovechar la asignación multimillonaria para hacer justicia social a las 25,000 personas que habitan en las ocho comunidades del sector.
Reclamaron al gobierno completar el dragado, por el cual tres generaciones de residentes han luchado. Completar el proyecto requiere construir vivienda nueva para continuar con el realojo de familias dentro del propio sector, así como sistemas de alcantarillado y manejo de agua de lluvia.
“Cada día, son más las personas que están en riesgo de inundación, pero también infraestructura crucial para el país. Nos parecería un contrasentido que Puerto Rico reciba todos estos fondos de recuperación de desastres, y las comunidades del caño queden fuera”, expresó Lyvia Rodríguez, directora ejecutiva del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña.
EN ESTADO DE ALERTA
El temor de las comunidades y organizaciones que se expresaron en vistas públicas sobre el Plan de Acción CDBG-DR es que el gobierno y sus municipios pongan en vigor planes que conlleven desplazamientos sin considerar las estrategias de desarrollo comunitario
que se han implementado hace décadas para reubicar a las familias que viven en zonas inundables dentro de la propia vecindad.
“Para hacer viable el financiamiento para el dragado, hay que hacer cambios al Plan de Acción que se ha presentado porque ese plan no permite la reconstrucción de viviendas, que están en la planicie de inundación”, enfatizó Rodríguez, en un aparte con este diario.
“De la manera en que está concebido, podría implicar el desplazamiento de nuestros vecinos”, coincidió Nayda Bobonis, joven del G-8.
En las ocho comunidades que rodean el caño, se afectaron 1,200 casas después del huracán María, y todavía no han sido reconstruidas, contó Bobonis. “Queda un montón de gente sin tener estructuras dignas y habitables”, denunció la activista comunitaria.
Carmen Villanueva, portavoz de Prodev -una coalición que agrupa a 45 comunidades- coincidió con el reclamo para que se tenga como primera opción la mitigación y no el desplazamiento o la expropiación de las comunidades.
En asamblea comunitaria, los residentes acordaron solicitar al gobierno atender 30 proyectos que quedaron pendientes a través del Fideicomiso de Comunidades Especiales, tales como la construcción de residencias, puentes y un sistema pluvial y de agua potable.
Durante la mañana, depuso también la portavoz de la organización Ayuda Legal Puerto Rico,
Mariel Quiñones; el presidente de la Asociación de Constructores, Emilio Colón, además del alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez, y su homólogo en Dorado,
Carlos López Rivera.
CASCOS URBANOS
El secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, comentó que no habrán “relocalizaciones forzosas”, sino que intentarán proveer opciones de movilidad a quienes viven en zonas inundables. No obstante, de inmediato agregó que “si la mitigación equivale a más dinero que lo que vale cada hogar”, hay que plantearle esa situación a los residentes “para que ellos, entonces, tomen esa decisión” (de irse).
Una de las políticas de la agencia es relocalizar a los damnificados en los cascos urbanos.