Potencial fraude y obstrucción en San Juan
Con la División de Compras en la mira, las autoridades federales ingresaron a oficinas en la Torre Municipal tras documentos y memorias electrónicas que evidencien corrupción La alcaldesa Carmen Yulín Cruz dijo que los empleados municipales tienen un de
La pesquisa federal, que en un inicio giraba en torno al supuesto esquema de favoritismo con al menos un contratista del Municipio de San Juan, se adentró ayer en una complicada trama de presuntas falsificaciones y alteraciones de documentos que podrían desembocar en cargos de obstrucción a la justicia o encubrimiento contra funcionarios públicos.
Ayer, por lo menos, se tenía claro que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) tuvo suficiente información de peso para lograr que un juez del Tribunal Federal emitiera una orden de allanamiento para detectar supuestos actos de obstrucción perpetrados en la División de Compras del Municipio de San Juan.
Mientras, se supo que la Oficina de la Contralora mantiene abierta una auditoría sobre las actuaciones de esta oficina que, hasta hace dos meses, era supervisada por el entonces secretario municipal, el arquitecto Magdiel Pérez González, funcionario que se reportaba ante la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto.
Pérez González fue gerente de los proyectos de vivienda financiados con el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales durante la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.
“El ámbito de este allanamiento está relacionado a fraude potencial y obstrucción”, sostuvo Douglas Leff, jefe del FBI en Puerto Rico.
“Hemos observado hechos que, cuando comenzamos a investigarlos, hay unas inconsistencias, y por eso seguimos investigando. Hay una posibilidad de falsificaciones”, añadió Leff.
El jefe del FBI indicó que conocían que los presuntos actos de encubrimiento estaban ocurriendo en el ayuntamiento, pero que no fue hasta hace poco que pudieron reunir la evidencia suficiente para llevar a cabo el allanamiento.
Anoche, al cierre de esta edición, el FBI se mantenía en los pisos 3, 4, 14 y 15 de la Torre Municipal en Hato Rey. Decenas de agentes, encabezados por la unidad de recopilación de evidencia y de análisis cibernético, examinaban los documentos y las computadoras municipales.
Al momento del allanamiento, Leff dijo que no podían señalar si la pesquisa se dirige hacia un funcionario en particular o, incluso, la misma alcaldesa, quien ayer no concedió entrevistas sobre el tema y despachó la situación con declaraciones escritas.
“Les reitero a los empleados municipales que tienen un deber de que todas sus acciones sean legales, morales y éticas... Cualquier empleado que no haya cumplido con su deber, o que no haya cumplido con las reglas y reglamentos, luego de un debido proceso que corrobore dichas actuaciones, tendrá que enfrentar las debidas consecuencias”, expresó.
CONTROVERSIA POLÍTICA
La pesquisa de corrupción en el Municipio de San Juan, sin embargo, desató una serie de críticas de la oposición política y defensas de políticos del Partido Popular Democrático (PPD), en el que milita la alcaldesa.
Por ejemplo, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares cuestionó dónde estaba la auditoría externa que hace un año Cruz Soto anunció que encomendaría a raíz de las denuncias de irregularidades en la División de Compras del ayuntamiento.
Del mismo modo, el senador novoprogresista Miguel Romero exigía que el municipio explicara por qué no se protegieron los documentos públicos cuando se conocía del caso. El representante
Georgie Navarro, por su parte, fue aún más severo y anticipó la “caída de la alcaldesa”.
Entretanto, el senador y presidente electo del PPD, Aníbal José
Torres, se expresó desconfiado de las pesquisas del FBI contra funcionarios de su colectividad.
“A mí no me sorprende que el gobierno federal, a través de sus agencias, hagan cualquier cosa en momentos importantes para el Partido Popular. Yo creo que esa costura se vio hace tiempo”, sostuvo Torres.
Otros alcaldes, como Isidro Ne-
grón, de San Germán, y Josean Santiago, de Comerío, resaltaron como positivo que Cruz Soto se ha expresado como cooperadora en la pesquisa.
DEFENSA DE RIGAU
Por su parte, el presidente de la Legislatura Municipal de San Juan, Marco Rigau, se expresó confiado en que la alcaldesa no ha incurrido en actos ilegales.
“Después de muchos años de conocerla, estoy seguro que la alcaldesa es una mujer honesta y para nada se le ha implicado en nada en la investigación”, dijo el presidente de uno de los cuerpos llamados a fiscalizar a la ejecutiva municipal y a los funcionarios del ayuntamiento.
Rigau fue más lejos y descartó abrir una pesquisa en la Legislatura Municipal por el momento. Como justificación, dijo que no quería dar la impresión de obstrucción ante la ya comenzada pesquisa federal. Dijo que esperarán la investigación del FBI para determinar si es necesario solicitar alguna acción correctiva.
En cambio, las legisladoras de oposición denunciaron que este caso es un ejemplo de la falta de transparencia que existe en el Municipio de San Juan.
“A la alcaldesa, le gusta decir que el gobierno central no es transparente, pero aplica ese reclamo a su administración”, dijo Camille
García, legisladora municipal por el Partido Nuevo Progresista. “Aquí, se han aprobado ordenanzas para fiscalizar al gobierno central, pero nada al municipal”.
La legisladora municipal por el Partido Independentista Puertorriqueño, Carmen Santiago, lamentó, por su parte, que ese organismo no tenga un rol más fiscalizador de la alcaldesa.
“A mí, me preocupa mucho todo lo que está pasando en el municipio con estos truenos... Es necesario que haya una mayor rendición de cuentas. Eso no existe. Es una pena porque hace falta que los ciudadanos tengan más confianza en sus instituciones. Eso en San Juan no ocurre”, dijo Santiago.
Algunos de los empleados que ayer salían de la Torre Municipal en medio del allanamiento parecían coincidir con Santiago.
“Esto me da vergüenza ajena”, expresó una funcionaria que no se identificó por nombre.
REPRESALIAS POR DENUNCIAS
Las irregularidades en la División de Compras trascendieron públicamente por primera vez por una demanda sometida en el Tribunal Federal por la abogada
Yadira Molina, quien trabajaba en esa división.
Molina alegó que sufrió represalias después de avisar que el secretario municipal (Pérez González) tomaba medidas para que las compras de la alcaldía favorecieran a la empresa BR Solutions, cuyo propietario es Leonel Pereira.
En la demanda, sometida en febrero pasado, Molina alega que después de agotar todas las vías administrativas para reportar la situación, acudió a la Oficina del Contralor.
En momentos en que tenía auditorías en curso, personal de la Oficina del Contralor allanó la Torre Municipal en julio pasado.
El Nuevo Día solicitó una reacción de la contralora Yesmín Valdivieso, pero su portavoz, Lisandra Rivera, dijo que no emitirían comentarios porque la auditoría sigue abierta.
Mientras, el abogado de Molina, Edwin Prado, no se mostró sorprendido al conocer del allanamiento.
“Aparentemente es en reacción a la demanda”, comentó. “Es público que ya hay una investigación en curso y una orden de allanamiento no ocurre si no hay razón de peso en la comisión de un delito”.
De acuerdo con Leff, “la mayoría (de la información) vino (al FBI) de la contralora de Puerto Rico. Recibimos y continuamos recibiendo información del público y otros funcionarios”.
El oficial no pudo anticipar si para este mismo año se radicarían cargos asociados a esta pesquisa, pues dependerá del volumen de documentos que tendrían que revisar tras el allanamiento. Indicó que la jurisdicción federal en este caso se da por virtud de los fondos federales que recibe el ayuntamiento.
Leff no descartó que el Departamento de Justicia de Puerto Rico inicie alguna acción por separado, pues esta agencia estatal participa de la investigación y puede que encuentren violaciones a leyes estatales.
“Puede ser, por la extensión de las irregularidades y por la posibilidad de que involucre fondos federales y asistencia federal al municipio”, dijo Leff.
Las reporteras Gloria Ruiz Kuilan y Laura Quintero colaboraron en esta historia. e
“El ámbito de este allanamiento está relacionado a fraude potencial y obstrucción”
DOUGLAS LEFF JEFE DEL FBI EN PUERTO RICO
“Les reitero a los empleados municipales que tienen un deber de que todas sus acciones sean legales, morales y éticas”
CARMEN YULÍN CRUZ SOTO ALCALDESA DE SAN JUAN
“Yo lo que le solicitaría a la alcaldesa es que coopere y que desglose los resultados, si algunos, de la auditoría que había encaminado hace un año”
RICARDO ROSSELLÓ NEVARES GOBERNADOR
“Aquel que haya fallado, si falló, que le caiga todo el peso de la ley. Aquí, no hay espacio para la corrupción venga de donde venga”
ANÍBAL JOSÉ TORRES PRESIDENTE ELECTO DEL PPD