A resolver el desarreglo en la sombrilla de seguridad
A dieciocho meses de creada, la sombrilla de seguridad ha sumado burocracia y conflictos a su encomienda de proporcionar eficiencia administrativa a las operaciones de sus siete entidades. Cada una arrastra serias complejidades y deficiencias propias que,
Sin métricas para su evaluación, el Departamento de Seguridad Pública está lejos de producir la eficacia esperada en las respuestas a emergencias, la prevención del crimen y su aporte al ejercicio de la justicia. Es hora de estudiar con objetividad los factores que inciden en las deficiencias de esta fusión. Hay que tomar con firmeza las decisiones que pongan fin a la cadena de fallas operacionales, producto de la pobre comunicación y liderato, así como de la resistencia obstruccionista interna.
La administración de gobierno debe asegurarse de que la estructura que organice estas entidades pueda articular con coherencia, y sin contradicciones, una política pública clara en beneficio de la paz social. De su correcta puesta en vigor dependerán las eficiencias administrativas, el cumplimiento con la reforma policiaca y la asignación prospectiva de fondos federales aprobados en 2017 para financiar los cambios al aparato de seguridad.
El estatuto agrupa como negociados a la Policía e Investigaciones Especiales, responsables, entre otros, del esclarecimiento de delitos. El Cuerpo de Bomberos y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias atienden desde fuegos hasta terremotos. El conglomerado se completa con el Sistema 9-1-1, Emergencias Médicas y Ciencias Forenses.
La dirección es esencial para lograr que las agencias trabajen en equipo. Debe exhibir altas competencias de organización y comunicación, para dirigir las actividades de los negociados con la cooperación de los jefes de las entidades y el personal de base. Hay que evitar, por ejemplo, que las órdenes de compra no se pierdan en el espiral de la burocracia.
La tarea abarca la identificación creativa de nuevos recursos y la distribución adecuada de los disponibles, con arreglo a los lineamientos del plan fiscal y a las necesidades ciudadanas. El presupuesto de todas las dependencias suma $1,000 millones al año.
La emergencia creada por el huracán María puso al descubierto muchas fallas. La respuesta de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias se caracterizó por la dilación, lentitud y el desenfoque. En Ciencias Forenses reinó la incompetencia, destacadamente con el manejo de la acumulación de cadáveres. Pasada esa crisis, se mantiene un retraso enorme en el manejo de piezas de evidencia. Se ha reportado una preocupante escasez de efectivos en el Cuerpo de Bomberos.
La situación de la Policía es muy seria. La desmoralización asociada a las condiciones laborales, de retiro y pago de horas extra ha motivado la renuncia o retiro de agentes, y ha dificultado el reclutamiento. El cierre de cuarteles ha puesto en estado de alerta a muchas comunidades. Los programas de adiestramiento, una de las piezas clave para profesionalizar la fuerza, están retrasados. Ello dilata la implantación de la reforma de la Policía bajo la supervisión del Tribunal Federal.
En febrero pasado, el monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, señaló que la sombrilla de Seguridad Pública había provocado un problema de liderazgo en la fuerza. La deficiencia comunicativa erosiona la eficiencia de la puesta en marcha de las políticas públicas.
Ante estos desatinos, corresponde una evaluación a fondo del diseño del departamento y de los factores que inciden en las ineficiencias de sus componentes. Por ejemplo, un aspecto preocupante de la consolidación es que el NIE está a cargo de las investigaciones criminales contra policías.
Una vez se determinen las deficiencias que han impedido el engranaje de las fases administrativa y operacional de la sombrilla de seguridad, corresponde tomar las medidas correctivas con la seriedad y celeridad que merece la seguridad ciudadana.