La corrupción mina los esfuerzos de revitalización
Puerto Rico vuelve a enfrentarse con imágenes preocupantes, esta vez, de un allanamiento realizado por el Negociado Federal de Investigaciones en oficinas del gobierno de la ciudad capital, centro de la principal actividad económica, política y cultural d
Se trata de una investigación que el tiempo y los recursos locales y federales a cargo permitirán esclarecer. Mientras, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y la imagen misma del país -que ganó solidaridad internacional tras la catástrofe de 2017-, vuelve a lastimarse. Es importante que la pesquisa se realice con rigurosidad hasta sus últimas consecuencias. Si alguien volvió a traicionar la confianza pública, que pague.
La transparencia y rendición de cuentas son componentes cruciales, sobre todo en momentos en que el gobierno central y los municipios se aprestan a recibir miles de millones de dólares de fondos federales para el proceso de reconstrucción y la revitalización fiscal.
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ha expresado que su administración colaborará con la pesquisa sobre supuestas irregularidades en los procesos de compra municipal. Tiene que asegurarse de que así sea. Le toca rendir cuentas sobre los resultados de la auditoría independiente que ordenó hace más de un año. Cada día que permanece silente al respecto erosiona el ayuntamiento capitalino, una de las principales instituciones públicas del país. Si se identifican fallas o delitos debe decirlo. Y debe, además, precisar desde cuándo los mismos comenzaron a ocurrir. Si los hechos se limitan a su administración, asuma entonces su responsabilidad vicaria.
El propio jefe del FBI, Douglas Leff, ha confirmado que el allanamiento está relacionado a un potencial fraude y obstrucción. Así, decenas de agentes, encabezados por la unidad de recopilación de evidencia y de análisis cibernético, examinaron documentos y computadoras del municipio en, por lo menos, cuatro pisos de la torre. Las autoridades no precisaron quién o cuántas personas son objeto de la pesquisa.
Los primeros indicios de irregularidades en el gobierno municipal de San Juan se remontan a julio de 2017. Entonces, la Oficina del Contralor dirigió un operativo similar al de este martes, en el que se ocuparon computadoras y cajas con documentos. La agencia fiscalizadora ya había emitido tres informes sobre irregularidades en el Municipio de San Juan bajo administraciones de ambos partidos de mayoría.
Una demanda radicada en el Tribunal Federal, en febrero pasado, por una exempleada de la división ubicó irregularidades en la División de Compras del gobierno municipal capitalino. La demandante alegó que sufrió represalias después de avisar que el secretario municipal bajo la administración actual tomaba medidas para que las compras favorecieran a un empresario, identificado como donante de políticos de ambos partidos. En la demanda, añade que acudió a la Oficina del Contralor luego de agotar todas las vías administrativas para reportar la situación.
Estos eventos, en medio de la evaluación federal sobre los planes del gobierno para utilizar partidas multimillonarias para la recuperación de la isla, son recordatorios del celo con que deben ser manejados dichos fondos. Los principios de transparencia y la rendición de cuentas son obligaciones irrenunciables de quienes manejan bienes públicos.
El operativo ocurre un mes después de que otro funcionario prominente, el hasta entonces senador, vicepresidente y subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, y exalcalde de Yauco, Abel Nazario, fue arrestado bajo cargos federales de fraude.
Lamentamos que nuestro país vuelva a someterse a situaciones que debilitan la credibilidad en nuestras instituciones ante sus ciudadanos, acreedores y potenciales inversionistas. Puerto Rico merece más. Merece que en todas las esferas del gobierno se apliquen los preceptos de la sana administración y del servicio público. De esa forma podrá levantarse sobre bases firmes. Read the English version of this editorial at endi.com