Alcaldes exigen acción
Los ejecutivos municipales recurrieron a la Legislatura, pero no hallaron eco en el Ejecutivo
Tres proyectos de ley peticionados por los alcaldes populares y penepés para aliviar las finanzas de los municipios fueron vetados por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, sin que los ejecutivos municipales encuentren justificación para ello.
Ahora, los alcaldes insisten en que las medidas sean reconsideradas por la Asamblea Legislativa y, de ser necesario, que los legisladores pasen por encima del veto del primer ejecutivo.
“Vamos a insistir en que estas medidas se vuelvan a presentar”, dijo el alcalde de San Germán, Isidro Negrón.
“Todas las medidas eran para beneficio de los municipios. Seguimos sin tener herramientas para enfrentar la crisis económica. Uno de los planteamientos que venimos haciendo los alcaldes es que se deben legislar nuevas alternativas y herramientas para poder enfrentar esta crisis económica”, agregó, por separado, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez.
Los tres proyectos vetados son de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien recibió el reclamo de los alcaldes para dar paso a esas iniciativas durante la primera Cumbre Municipal, el año pasado.
“Vamos a tener (como parte de la segunda Cumbre Municipal) una mesa de trabajo el 25 de octubre y escucharemos ahí todas las alternativas disponibles. Lo que el gobernador vetó, en algunas instancias, fue porque la Junta (de Supervisión Fiscal) objetaba el contenido de la legislación”, dijo Rivera Schatz sobre las razones que recibió del Ejecutivo.
Pero la JSF expresó -a través de su portavoz, José Luis Cedeño- que “la Junta no evaluó dichos proyectos”.
El trío de medidas pretendía proveerles a los municipios vehículos de fiscalización y mayores garras para allegar más fondos a sus arcas.
“No se encuentra una razón lógica para haber vetado esos proyectos salvo que no sea parte del debate entre el liderato legislativo y Ejecutivo”, dijo el alcalde de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, sobre los diferendos públicos entre el gobernador y el presidente senatorial.
LAS DISPOSICIONES
El Proyecto del Senado 745 permitía a los ayuntamientos flexibilizar el uso del dinero proveniente del excedente del Fondo de Redención. Este es un fondo para pagar la deuda munial cipal, pero el exceso solo puede utilizarse para abonar a la deuda con el gobierno central. Luego, si sobra algo, los municipios lo reciben en mayo cada año.
El Senado favoreció la pieza con 25 votos para ir por encima del veto del gobernador. Fuentes de este diario dijeron que, en la Cámara, no se ha visto el proyecto porque no hay los votos para avalarlo.
El Proyecto del Senado 756 eximía a los municipios de presentar certificaciones de deuda a las agencias de gobierno antes del desembolso de cualquier asignación.
Ninguno de esos proyectos contó con ponencia alguna al ser evaluados en la Legislatura, según consta en los informes rendidos.
Para ambas medidas, Rosselló Nevares argumentó, en su veto expreso, que su aprobación podía afectar los recaudos del gobierno central.
Mientras, el Proyecto del Senado 758 exigía que ningún contribuyente tuviera deudas por propiedad mueble o inmueble al solicitar una patente municipal. Fue favorecido por la Compañía de Fomento Industrial, según el informe positivo de la Cámara y el Senado. El mandatario explicó que lo vetó porque no distinguía “entre la personalidad jurídica de una entidad y la de una persona”.
“De haberse aprobado, viabilizaba que el gobierno municipal tuviera más recursos para poder seguir atendiendo necesidades de la gente”, apuntó Ortiz.
Tanto Ortiz como el vicepresidente de la Federación de Alcaldes, Noé Marcano, ven como paradójico que el gobierno central exija a los municipios una certificación negativa de deuda con las agencias del gobierno, pero no les permita a los municipios requerir lo mismo a un ciudadano cuando pida una patente municipal.
Marcano dijo que los municipios,
igual que los ciudadanos, disputan con las agencias y corporaciones públicas facturas como las de agua y luz, y deben esperar meses por una investigación.
“Mientras tanto, tienen aguantado dinero que es del municipio”, subrayó Marcano, también alcalde de Naguabo.
Pero el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, opinó que exigirles una certificación de deuda a los municipios “tiene una razón válida”, pues los ayuntamientos deben cumplir “con unas deudas estatutarias”. Sugirió que se enmiende el proyecto para aclarar que, si se trata de deudas bajo investigación, como la electricidad y el agua potable, no se les retengan las asignaciones otorgadas a los municipios.
Sobre el veto al proyecto para flexibilizar el sobrante del Fondo de Redención, Marcano opinó que es someter a los municipios a una especie de calle sin salida.
Recordó que actualmente los municipios no tienen los préstamos del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento, ahora Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Tampoco pueden recurrir a la banca privada por la inseguridad general que hay con las finanzas públicas. Por ende, sugirió una expresión pública de la JSF.
“La alternativa de la Legislatura es ver si tiene los votos para ir por encima del gobernador”
JAVIER JIMÉNEZ ALCALDE DE SAN SEBASTIÁN