La economía de nuestra salud
Conversar con el actuario Eduardo Zetina es una experiencia educativa única para los que estamos interesados en la economía de la salud de Puerto Rico. Sus datos investigativos constituyen un recuento detallado, confiable y realista sobre tan crucial tema.
El gasto en salud de los puertorriqueños se proyecta ascender a $11,370 millones en 2019, unos $3,610 dólares por habitante al año. Y pensar que gastábamos en salud solo $520 millones en 1974 ($180 por persona anual), cuando disfrutábamos de la expectativa de vida #14 del mundo (hoy #29).
De ese gasto total en salud, el gobierno de Puerto Rico solo aportará $1,700 millones a través de Mi Salud y los empleados públicos. La mayor porción, $7,000 millones, será aportada por el gobierno federal mediante los programas Medicare y Medicaid. Los restantes $2,600 millones provendrán de los patronos y de los ciudadanos. Del masivo gasto en salud, las aseguradoras recibirán $206 millones anuales en ganancias (antes de impuestos).
En 2014, la población puertorriqueña portadora de una tarjeta de salud era de 3,320,000 personas (92% de nuestra población). Para 2019, nuestra población asegurada en salud se proyecta reducir a 2,910,000 personas, 410,000 beneficiarios menos que en 2014. Habremos perdido 270,000 en nuestro segmento de asegurados privados comerciales, 100,000 en Mi Salud, y 40,000 beneficiarios Medicare. A pesar de esa masiva pérdida de po- blación y de asegurados en salud, nuestro gasto total en salud apenas se reducirá en $265,000,000, la mayor parte en el más impactado segmento comercial. Pero el gasto por beneficiario anual se proyecta aumentar en promedio 12% en esos tres segmentos principales entre 2014 y 2019: Mi Salud (+12%) de $1,926 a $2,160 al año por beneficiario, el seguro comercial (+14%) de $2,105 a $2,416, y Medicare (+8%) de $7,932 a $8,614.
En años previos a la reforma de salud, el gobierno también experimentó crecientes gastos y constantes déficits anuales en su presupuesto de salud. En 1993, el gobierno pudo haber intentado enderezar su sistema de salud. Pero optó por abandonar la ruta salubrista (significa una sociedad más saludable, que se enferma menos, necesita menos servicios de salud, gasta menos, y abarata el financiamieto de su sistema de salud) que lo había conducido a grandes logros. Privatizó el sistema público, transformando la salud de nuestros pobres en negocio e instrumento político.
Desde 1993, el gobierno ha confrontado con su sistema privatizado el mismo problema deficitario que antes enfrentó con su sistema público. Y para sostenerlo económicamente, ha dependido de aportaciones federales anuales que son impredecibles después de 2019. Hoy el gobierno cambia por tercera vez el nombre del plan y reparte nuevas tarjetas. Pero sigue perpetuando sus fallas tradicionales y la asincronía existente entre los beneficios ofrecidos y lo que podemos pagar, con todo y que se ha reducido significativamente su membresía. Al no implantar cambios sustantivos, Vital (nuevo nombre) parece no detendrá el racionamiento a pacientes y las pobres tarifas a proveedores.
Las fallas tradicionales incluyen haber entregado la salud de nuestros pobres a las aseguradoras, sin establecer y exigir metas salubristas claras, sin fiscalizar rigurosamente su cumplimiento; desatender lo esencial para que la reforma de salud pueda ser exitosa: fundamentarla en el mejoramiento de la salud poblacional, enfatizar en lo preventivo sobre lo curativo, elevar la calidad de sus servicios a la excelencia, impedir que las aseguradoras controlen la utilización unilateralmente y se lucren excesivamente a costa de nuestros pobres.
Es tiempo que nuestro sistema de salud retome la ruta salubrista, vuelva a centrarse en el bienestar de nuestra gente y opere en armonía con nuestra economía real de país pobre.