Oficina adscrita al Senado reparte más de $1 millón en contratos
La Cámara alta hizo una millonaria inversión para sostener la Oficina de Asuntos Gubernamentales
Mientras las oficinas de los senadores y sus comisiones han perdido presupuesto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, mantiene la Oficina de Asuntos Gubernamentales con una nómina de 63 empleados, que hasta junio de 2018 había firmado más de $1 millón en contratos por servicios y que agota casi la mitad de los $210,803 que ese cuerpo presupuestó para el arrendamiento de instalaciones este año fiscal.
El organigrama del Senado coloca a esta oficina bajo la presidencia del Senado y ante la supervisión del jefe de personal, Gabriel Hernández Rodríguez. Según revelan las entrevistas que El Nuevo Día hizo a algunos senadores por los pasillos del Capitolio, ellos no parecen estar muy al tanto sobre las operaciones ni el gasto que mueve esta dependencia.
La oficina principal se encuentra en el Capitolio. No obstante, tiene otros cinco despachos distribuidos en Camuy, Cabo Rojo, Mayagüez, Guánica y Ponce.
“Es un enlace entre el Senado de Puerto Rico y la ciudadanía. Nuestro propósito es atender las peticiones de los constituyentes que acuden a nosotros. Canalizamos y damos seguimiento a sus solicitudes a través de las agencias gubernamentales o entidades del sector privado”, fue la respuesta escrita que el Senado tramitó a través del director de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, a la petición de El Nuevo Día de una descripción de las funciones o servicios que brinda.
Al menos, seis contratos otorgados por el Senado para servicios en esta oficina durante el 2017 y 2018 son investigados por el Departamento de Justicia, agencia que ha hecho varios requerimientos de documentos. El pasado viernes, el “chief of staff” del Senado compareció a Justicia para ser entrevistado sobre estos acuerdos contractuales.
DESCONOCIMIENTO GENERAL
Este diario les hizo algunas preguntas a tres senadores sobre el funcionamiento de esta oficina. Todos conocían su existencia, pero ninguno de los entrevistados sabía su presupuesto ni el número de empleados y contratistas asignados.
“Es una oficina adscrita a Presidencia. Realmente, específicamente yo decirte qué hacen en el ‘day to day’ (no puedo). Yo puedo especular que tienen que ver con los casos referidos a las agencias, cosas que tienen que ver con ciudadanos”, indicó el senador de mayoría Miguel Romero. “Hay senadores de distrito que han utilizado la Oficina de Asuntos Gubernamentales para atender problemas de carreteras”, agregó Romero, quien nunca ha referido a sus constituyentes a esa dependencia y quien no sabía con cuántos empleados y asesores cuenta.
De igual manera, el senador novoprogresista Larry Seilhamer dijo que no conocía el presupuesto asignado a esa oficina como tampoco cuántos empleados y contratistas tiene. Contrario a Romero, Seilhamer ha referido a algunos residentes en el área sur a la oficina en Ponce.
“Sé que tienen un contacto más cercano con los distintos distritos senatoriales en términos de los constituyentes, en términos de servicios para que no tengan que trasladarse al Capitolio”, dijo.
Mientras, el senador popular Aníbal José Torres mencionó que no conocía su “estructura” porque “eso se coordina desde la presidencia y no nos inmiscuimos mucho”. Con el paso del huracán María, Torres recurrió a esa oficina por consejo de la presidencia del Senado para tramitar una ayuda a un vecino de Orocovis.
DÓNDE Y QUIÉNES ESTÁN
Asuntos Gubernamentales es dirigida desde el Capitolio por Ángel D. Figueroa Cruz, funcionario reclutado el 3 de enero de 2017 y quien preside, además, la Junta de Subastas del Senado y dirige la Legislatura Municipal de Bayamón. No se concedió una entrevista con Figueroa Cruz.
Esta oficina capitolina tiene otros 13 empleados, pero el monto de sus salarios no está disponible al público. Como alternativa, El Nuevo Día solicitó la escala salarial que se paga por esos puestos, pero tampoco se suministró. Además, cuenta con ocho contratistas, cuyos acuerdos este año fiscal suman $240,000 anuales.
Entre esos empleados, se encuentra el esposo de la senadora Nayda Venegas, el pastor Ramón G. Ortiz Pizarro, quien antes se desempeñó como oficial administrativo del Departamento de Obras Públicas del Municipio de Loíza mientras su esposa era legisladora municipal en el ayuntamiento.
Venegas confirmó el estatus de empleado del Senado de su esposo y aseveró que existe una dispensa para esa contratación. La Ley 99 de 1941 faculta a los presidentes de cada cámara legislativa a eximir de este impedimento de contratación de parientes “cuando las necesidades del servicio así lo requieran”.
En esa oficina, también trabaja William X. Rosales Concepción, quien en primarias aspiró sin éxito a un distrito representativo. Es hijo del exsecretario del Partido Nuevo Progresista (PNP) y otrora alcalde de Camuy, el fenecidio William Rosales Pérez.
Asimismo, está empleado el exrepresentante José Javier García Cabán quien, en primarias, perdió en su intento de convertirse en senador. La Oficina también empleó a Carlos E. Padilla Elías, un aspirante a legislador municipal de Toa Alta durante las elecciones del 2016, y al exjefe de la Administración de Servicios Generales Carlos. E. Vázquez.
Entre los contratistas, se encuentra la madre del representante Jorge Navarro, Nitza Suárez Rodríguez, con un acuerdo de $3,500 mensuales, y el presidente de la Legislatura Municipal de Orocovis, Antonio Meléndez Vargas, con $2,500, y el exalcalde de Arroyo Reinaldo Pirela, con $1,800.
RODEADO EL OESTE
En el distrito de Mayagüez, donde el presidente del Senado en las pasadas elecciones generales llegó número uno en la lista de los senadores por acumulación con más votos obtenidos, el Senado tiene dos oficinas de Asuntos Gubernamentales, una de ellas en el mismo municipio mayagüezano. Entre todas las oficinas de Asuntos Gubernamentales, este despacho es el que más empleados asignados tiene, con un total de 16, y seis contratistas.
Una de las empleadas de esta oficina es Lillybeth Muñiz Cortés, hermana del senador Luis Daniel Muñiz Cortés, quien labora como técnico de Servicios al Ciudadano. El senador dijo que solicitó una dispensa. Mientras, el coordinador intergubernamental es Melvin Concepción Corchado, derrotado candidato a representante en las
primarias del PNP.
Entre esos contratistas, figura Abraham Valentín Aquino,
quien es el comisionado electoral del PNP en Añasco y tiene un contrato de $1,600 mensuales. También tiene contrato, $1,500, el novoprogresista Carlos Cerezo, quien aspiró a un escaño representativo en las elecciones de 2016 y la corporación New Idea, del exrepresentante penepé Rolando
Crespo, con $3,000 al mes. Por mantener esa oficina en la avenida Hostos, el Senado paga una renta mensual de $1,800 a
Santos Vélez Sánchez, quien fue candidato a la alcaldía de Mayagüez y consecutivamente hace donaciones a las campañas de varios candidatos novoprogresitas, incluyendo a la senadora y a la representante del distrito de Mayagüez, Evelyn Vázquez y Maricarmen Mas, respectivamente. Asimismo, de este arrendador, Rivera Schatz recibió donativos en 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 y 2018, que suman $4,553, según datos de la Oficina del Contralor Electoral (OCE).
Aunque aspiraba a dirigir la alcaldía de Cabo Rojo, tras su derrota en las elecciones de 2016,
Jorge Morales Wiscovitch pasó a dirigir la oficina de Asuntos Gubernamentales en ese municipio.
Esa oficina regional mantiene otros cinco empleados y un contrato de $2,000 al mes con Arturo
del Valle Vélez, quien desde el 2012 ha dado donativos que suman a $3,350 al PNP, así como a varios de sus candidatos a puestos electivos, entre ellos Rivera Schatz y la senadora Vázquez.
Por esta oficina en la calle Carbonell, se paga una renta mensual de $700 a Aixa Torres Ramírez.
Además de estas dos oficinas de Asuntos Gubernamentales que el Senado tiene en el distrito de Mayagüez, también autorizó la apertura en Aguada de una oficina de distrito para la senadora Evelyn Vázquez. Ese despacho está ubicado en un edificio del Municipio de Aguada por el que se paga una renta nominal de $1.
MOVIDA HACIA EL SUR
En el distrito senatorial de Ponce, donde Rivera Schatz tuvo su peor desempeño electoral en las elecciones de 2016, con 10,069 votos, también operan dos oficinas de Asuntos Gubernamentales. Una está en el mismo municipio ponceño y otra, en Guánica.
La oficina de Ponce tiene 13 empleados y es dirigida por el exalcalde novoprogresista de Utuado Alan González Cancel.
Allí también trabaja Jamie M.
Barlucea, hija del alcalde penepé de Adjuntas, Jaime Barlucea; la excandidata al senado en las primarias del PNP Wanda Cruz Rodríguez, el derrotado candidato a la alcaldía de Jayuya en las elecciones 2016, Félix Morales Cruz; Antonio Soto Rivera, hijo del fenecido senador Antonio “Chuchin” Soto, y el exsuperindente del Capitolio y pasado administrador de la ciudad de Ponce, Eliezer Velázquez, quien también llegó a aspirar a un puesto electivo en esa región.
Entre los contratistas que tiene esta dependencia se encuentran el pasado candidato a alcalde de Patillas Benjamín Cintrón Lebrón, con un acuerdo de $2,500 mensuales, y, con $3,000, Roberto Mejill Ortiz, quien aspiró a la vicepresidencia del PNP en el 2013 y, anteriormente, a varios puestos electivos dentro de esa organización.
Los servicios se prestan en la calle Cristina, en el centro urbano. La renta mensual de $4,500 se paga a Individual Management and Consultant, Inc., una corporación que, además, se dedica a la administración de residenciales públicos y al mantenimiento de escuelas públicas. La presidenta de la corporación, Isabel Madera Cabán, quien firma el contrato de arrendamiento, ha dado donativos al PNP, y en junio de este año, hizo un donativo de $552 al comité de campaña del presidente senatorial, según datos de la OCE.
Mientras tanto, la oficina de Guánica se ubica en una propiedad del Municipio por el que paga $500. Tiene siete empleados. Entre ellos, el legislador municipal del PNP en ese pueblo, Anthony
Pérez Arce, y la exlegisladora municipal Alice Cortés Quiles. Además, tiene al exsenador por el distrito de Guayama Miguel Rodríguez Martínez con un contrato por $3,500 mensuales.
INSTALADO EN EL NORTE
Asuntos Gubernamentales tiene un centro de servicios, con siete empleados asignados, en Camuy, pueblo de residencia del “chief of staff” senatorial. El director de este despacho, Christian X. Martínez Torres, comenzó en esa función en agosto de este año, pero antes de eso tuvo un contrato de $4,500 a través de su empresa GPA Consulting Group, la que incorporó el 11 de enero de 2017. También está empleado Isaac Atiles Rodríguez, primo hermano del representante de ese distrito
Joel Franqui Atiles, quien dijo
que tiene dispensa.
Asimismo, esta oficina recibe dos servicios por contratos, uno de ellos, por $3,200, con Héctor
Morales Chico, quien fue vicepresidente del PNP en Moca. El alquiler de $700 se pautó con Carlos Hernández Tridas, representante de la sucesión Emma A. Tridas.
A pesar de que el Senado ya tiene esta oficina en el distrito de Arecibo, también paga renta por una oficina para el senador José
Pérez Rosa, con una renta de $1,000 mensuales a la sucesión José M. Nolla Morell. El contrato es firmado por José M. Nolla Amado, quien le hizo donativos a Rivera Schatz en el 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. El donativo más reciente registrado fue de $500, en octubre de 2016.
En el noreste del país, específicamente en el distrito de Carolina, el Senado también mantiene una oficina de distrito para la senadora Venegas, por la que se paga $1,000 de renta al mes a Farmacia Jardines de Loíza, Inc. El contrato fue firmado por Santiago Molina Vargas, agente residente de esa corporación presidida por Nydia López Pérez.