José Caraballo Cueto: ¿Estudios no, ejecución sí?
Desde que era estudiante escuchaba que “en Puerto Rico no hacen falta más estudios económicos sino ejecución”. Ahora que soy un estudiante más viejo, creo justamente lo contrario: en Puerto Rico hay muchos temas económicos sin estudiar y ese vacío es llenado con hipótesis basadas en anécdotas.
El desdén hacia la investigación económica se refleja en el valor dado a las instituciones de estadísticas. Por ejemplo, sabemos que el empleo formal es bajo, pero no sabemos el tamaño del empleo informal, a pesar de que países con menos recursos como la República Dominicana ya lo cuantifican. No sabemos cuánta es la desigualdad en las riquezas ni en el consumo, por lo que el impacto desigual de los huracanes pasará desapercibido. No tenemos medidas de la utilización de capacidades en las empresas (“capacity utilization”), aunque son análisis comunes en la literatura. No contamos con deflactores de precio encadenados actualizados para estudiar mejor las variables monetarias macroeconómicas.
Xiao Jiang y yo, entre otros, estudiamos el impacto de las cadenas de valor global en el desarrollo de los países. Países más pobres, como Vietnam e Indonesia, miden anualmente desde 1995 los productos intermedios importados en sus importaciones, pero Puerto Rico no lo hace. Recientemente regresé de un congreso de economistas en Indonesia y quedé sorprendido de la cantidad de investigaciones que hacen en Asia, de cómo expanden su inventario estadístico y cómo basan sus estrategias en los sectores que más aportan a la economía. En Puerto Rico no hay siquiera economistas académicos asesorando al gobierno, se publican muy pocos estudios rigurosos, las estadísticas son escasas y de mala calidad y los gobiernos basan sus decisiones en anécdotas de grupos de interés.
La Junta de Control Fiscal parte de la misma premisa: ejecución es lo que hace falta pues los estudios ya están. Por ejemplo, su “estudio” de más de 2,000 páginas sobre la necesidad de una reforma laboral y social es realmente una revisión literaria de unas 33 páginas y el resto es un apéndice de estudios hechos para otros países. Para estudiar el impacto de muchas de sus propuestas se necesita un modelo de equilibrio general computable (CGE) que considera múltiples factores. La Junta dirá que las estadísticas en Puerto Rico son de mala calidad y estoy de acuerdo. Pero, en sus dos años de existencia pudieron haber levantado muchos datos y fortalecido las entidades estadísticas, en vez de darles cheques en blanco a consultores para hacer trabajos propios de estudiantes subgraduados.
¿Por qué nuestro sector privado apenas emplea el 28% de la población en edad productiva pero el sector privado de Estados Unidos emplea el 47% de esa misma población (ver Nota del CIC número 15)? ¿Por qué menos del 5% de las corporaciones locales exportan? ¿Por qué muchos productos y servicios hechos en Estados Unidos y en Europa son exportados y los de Puerto Rico no, a pesar de que tenemos costos laborales mucho más bajos? ¿Cuáles son las razones para la que nuestra natalidad esté por debajo de países con niveles educativos y accesos a métodos anticonceptivos similares? ¿Son efectivas las deducciones contributivas para los fines propuestos? ¿Hay discriminación racial o por orientación sexual en los ingresos? ¿Cuál es la base monetaria? ¿Cuál ha sido el saldo real (no las percepciones recogidas en el Ease of Doing Business) de las reformas de permisos? ¿Cuántas horas se trabajan en cada sector económico? ¿Cuál es la creación de empleos real (no la prometida) y neta (considerando el impacto en otros sectores) que produce cada decreto de incentivos contributivos?
Para contestar estas preguntas necesitamos estudios académicos independientes financiados públicamente. Dar palos a ciegas nos ha costado más
“En Puerto Rico hay muchos temas económicos sin estudiar y ese vacío es llenado con hipótesis basadas en anécdotas”