Discordia por la reforma contributiva
La batalla por modificar el sistema tributario de Puerto Rico mantiene al Ejecutivo, a la Legislatura y a la Junta Fiscal en tres bandos
La Cámara de Representantes iniciaba cerca de la medianoche la sesión en que se discutirían las enmiendas al proyecto de reforma contributiva, entre estas la regulación de las máquinas de juegos de azar que operarían fuera de los casinos.
La sesión comenzó cerca de las 11:30 p.m..
El proyecto de reforma contributiva fue radicado poco después de las 11:00 p.m. pero se desconocía si las enmiendas discutidas se ajustaban al acuerdo que el lunes alcanzaron las Cámaras legislativas y el Ejecutivo.
Durante un caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la tarde, el proyecto de ley parecía no tener los votos debido a la resistencia de algunos integrantes a que se incluyeran las máquinas tragamonedas, pero finalmente la mayoría se impuso.
De aprobarse en la madrugada, la medida pasaría al Senado, donde, según el portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos, podría ser aprobada en las sesiones de mañana o el martes.
“Sé que hay un acuerdo (con Fortaleza), pero hay que mirar el producto final. Si hay un acuerdo, los números son los números. Nos habían dicho que los números llegaban el lunes, pero a lo mejor adelantaron esos números. Mañana (hoy), va a ser un día intenso, viendo los modelos y los números”, sostuvo Ríos, al anticipar la aprobación del proyecto.
A las 8:30 p.m., el portavoz popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, criticó no haber recibido la versión final del proyecto.
“Nunca había estado en un asunto de esta envergadura que a esta hora no tengamos un documento en nuestras manos”, dijo Hernández a los periodistas.
“Es un proyecto que aparentemente ha sufrido tantos cambios”, sostuvo, por su parte, el representante popular Jesús Santa.
Por su parte, el portavoz independentista, Denis Márquez, denunció que el país “se va a llenar de tragamonedas”. “Se va a llamar Casino Island”, sostuvo.
Márquez criticó la falta de información sobre el contenido del proyecto, más allá de una presentación que les hiciera el representante Antonio “Tony” Soto a los miembros de la Comisión de Hacienda ayer en la tarde.
“Eso (las máquinas) no se discutió y no se llevó a vistas públicas”, destacó Márquez.
La reforma contributiva, un compromiso de campaña del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, aumentaría de $9,000 a $12,500 los ingresos a los que les aplica la tasa contributiva de 0%. Se reducirían las tasas contributivas aplicables a todos los umbrales de individuos. Por ejemplo, los que ganan entre $58,000 y $80,000 pagarían $4,447 más el 29%, cuando en el Código de Rentas Internas actual los que ganan más de $61,500 pagan 33%.
Con el nuevo proyecto de ley, la tasa máxima aplicable para individuos es de 31%.
En la medida, se establece que individuos que generen $120,000 o más no podrían reclamar dependientes y también se limita, para el resto de los contribuyentes, a tres la cantidad de dependientes reclamables en la planilla, a razón de $2,500 por cada uno.
El proyecto restituiría el crédito por trabajo, que oscilaría entre $300 y $2,000, reduciría la tasa máxima contributiva aplicable a las corporaciones de 39% a 37.5%, y lo que se conoce como la tasa normal de las corporara, ciones, de 20% a 18%. También elevaría la exención sobre el impuesto entre negocios -o B2B- de los primeros $50,000 en ingresos a los primeros $200,000, liberando, según los estimados del gobierno, de tener que retener y pagar el impuesto el 77% de los comerciantes, dijo Soto.
También se rebaja el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para los alimentos preparados de 11.5% a 7%, y se legisla un crédito contributivo de 5% a todos los contribuyentes.
“El proyecto que vamos a aprobar va a cumplir con los parámetros establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en relación a que sea ‘revenue neutral’”, dijo Soto, al aludir al requisito del ente fiscal de que la reforma contributiva no afecte los ingresos del fisco.
Tanto el presidente de la Cáma- Carlos “Johnny” Méndez, como Soto defendieron el manejo que se le dio a la reforma contributiva en la Cámara, a pesar de que hasta anoche se desconocía el contenido final del proyecto.
Méndez argumentó que, en los 14 años que lleva en la Asamblea Legislativa, se ha discutido el tema de las máquinas de juegos de azar, y aseguró que el lenguaje alusivo a estas máquinas fue discutido con miembros de la Asociación de Hoteles y Turismo, entidad que se opone a que estas máquinas operen fuera de los casinos.
Ayer, se desconocía si la Junta de Supervisión Fiscal, organismo que controla las finanzas de Puerto Rico, aceptaría los cambios al Código de Rentas Internas que se están legislando. Al ser consultados sobre el asunto, el organismo federal decidió no emitir comentarios adicionales a los divulgados el lunes.
En esa ocasión, la JSF reiteró que cualquier cambio al sistema tributario no puede alterar la cantidad de recaudos que cobra el gobierno. El organismo también resaltó que no han recibido el informe que solicitaron con las enmiendas y advirtió que algunas de las disposiciones que se conocen y que añadió la Legislatura al proyecto “aparentan ser inconsistentes con el Plan Fiscal certificado”.
El gobernador reaccionó con una crítica a la JSF y aseguró que están cumpliendo con todas las disposiciones del Plan Fiscal.
“Esto (la reforma) nos termina costando menos de lo que estamos ingresando... No sé si leyeron otra versión del gobierno”, dijo Rosselló Nevares en una conferencia de prensa en Cataño.
El impacto mayor de la reforma lo recibirían las personas que trabajan por cuenta propia y los comerciantes que, por su volumen de ventas, no presentan estados financieros con sus planillas. Contrario al pasado, estos contribuyentes tendrán que justificar las deducciones que toman ante un contador público, profesional que certificará y evidenciará que, en efecto, el individuo o la corporación incurrió en los gastos que informa en las planillas.
Estos contribuyentes también tendrían la opción de tributar a una tasa fija sobre sus ingresos brutos, similar a como ocurre en las patentes municipales.
Estos ajustes sobre las deducciones generarían unos $337 millones anuales, compensando así el dinero que se dejaría de recibir ($302 millones anuales).