Natalie Jaresko:
Implantando el nuevo Plan Fiscal
La elaboración de planes fiscales es una de las encomiendas más importantes de Promesa, ya que señalan el camino hacia el balance fiscal, el regreso a los mercados de capital y el crecimiento y la sostenibilidad económica de la isla en el futuro.
La Junta de Supervisión revisó recientemente el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico para incorporar información más precisa y confiable sobre todos los factores clave que inciden sobre el superávit o déficit del plan a cinco años: ingresos y gastos reales durante el año fiscal 2018, asignaciones federales adicionales para la recuperación de desastres, ajustes en las proyecciones demográficas, progreso (o falta de él) en la implementación de reformas estructurales requeridas y el acuerdo de restructuración de la deuda de Cofina.
Algunos de esos ajustes resultaron ser positivos a corto plazo, como ingresos más altos y gastos más bajos durante el año fiscal 2018, y asignaciones federales adicionales para la recuperación de desastres. Otros fueron negativos a largo plazo, como la demora en recibir los fondos federales, la falta de progreso en la implementación de reformas estructurales y la necesidad de reformas estructurales adicionales que puedan revertir el declive económico de Puerto Rico luego de que termine el estímulo temporero que producirán los fondos federales.
El nuevo Plan Fiscal proyecta un total de $82,000 millones en fondos para la recuperación de desastre, de fuentes federales y privadas, que crearán un estímulo que, junto a las reformas estructurales en el plan, llevan a un estimado de crecimiento real del Producto Bruto de Puerto Rico de un 8.0% en el año fiscal 2019. Sin embargo, aún se estima que la población se reducirá durante los cinco años del nuevo Plan Fiscal y hacia el futuro.
Si bien el nuevo Plan Fiscal incluye muchas de las reformas críticas que se necesitan para mejorar el balance fiscal y las condiciones económicas de las isla, hay algunas reformas importantes, como la laboral y aquellas para mejorar el clima de hacer negocios, que no están incluidas en este nuevo Plan Fiscal porque no existe al presente la voluntad política para adoptarlas.
Aunque el nuevo Plan Fiscal proyecta un superávit primario de aquí a 2033, el mismo depende del estímulo fiscal que generen los fondos federales y otros factores clave, incluyendo la implementación cabal de medidas fiscales e importantes reformas estructurales, reformas para mejorar el clima de hacer negocios y las reformas de energía e infraestructura. Dicho superávit no contempla pagos por servicio de la deuda que no sea de Cofina, para la cual un plan de ajuste se radicó hace dos semanas en el Tribunal de Título III.
Después de 2034, sin embargo, el nuevo Plan Fiscal proyecta un déficit primario debido al fin del estímulo que generarán los fondos federales y la falta de reformas estructurales más amplias necesarias para cambiar los patrones económicos y demográficos negativos subyacentes en Puerto Rico. Hasta que el gobierno local se comprometa a llevar a cabo reformas estructurales adicionales y más ambiciosas, la isla no podrá sobreponerse a los problemas que han afectado su economía por más de una década y el Gobierno habrá perdido una oportunidad de restaurar la sostenibilidad fiscal, y alcanzar crecimiento económico y prosperidad a largo plazo para el pueblo de Puerto Rico.
La Junta continuará proveyendo supervisión y guía al Gobierno y sus instrumentalidades para asegurar la implementación del nuevo Plan Fiscal y alcanzar el éxito a corto, mediano y largo plazo.
Contra ese trasfondo, me gustaría aclarar algunas falsas representaciones que circularon la semana pasada a raíz de la certificación por parte de la Junta del nuevo Plan Fiscal del Gobierno:
Hecho No. 1: No ha habido cambio alguno de filosofía en el nuevo Plan Fiscal certificado del Gobierno de Puerto Rico. Los únicos cambios que se le hicieron fueron el ajuste en las proyecciones de crecimiento como resultado del pobre progreso en la implementación de reformas estructurales, in-
gresos más altos y gastos más bajos en el año fiscal 18, y ajustes a la cantidad de fondos federales para recuperación de desastre que se espera recibir.
Hecho No. 2: Entre el plan fiscal certificado en abril y el certificado en octubre, no ha habido aumento en la cantidad de ahorros por eficiencia que se les requiere a las agencias de gobierno. El objetivo de ahorros acumulados (año fiscal 2019 al 2023) requerido en el nuevo Plan Fiscal es de $1,640 millones, comparado con $1,690 millones requerido en el plan fiscal de abril. En otras palabras, el nuevo Plan Fiscal no requiere mayores recortes en las agencias.
Hecho No. 3: No ha habido cambio en nuestra política de pensiones. El Sistema de Retiro de los Empleados Públicos (ERS) acabó quebrado debido a décadas en las cuales el gobierno no hizo las aportaciones que le correspondía y actualmente está insolvente. Sin Promesa y la moratoria en el pago de deuda que dispone, los fondos que se están usando ahora para pagar las pensiones no estarían disponibles. La política de pensiones de la Junta protege a los individuos de más bajos ingresos y reduce las pensiones de manera progresiva, al tiempo que reconoce que alguna reducción en pensiones es necesaria en un proceso de quiebra. La reducción general en pensiones en el nuevo Plan Fiscal permanece en 10% en el año fiscal 2020 y no ha cambiado desde el Plan Fiscal de marzo de 2017. Hecho No. 4: El nuevo Plan Fiscal provee medidas para mejorar la asequibilidad y eficiencia de los servicios que presta el Gobierno, no para reducirle los servicios al pueblo. Todos estamos de acuerdo en que el Gobierno puede prestar servicios más efectivamente y a menor costo mediante el uso de nuevas tecnología y mejores procesos. Además, nuestra población se redujo en 12% entre 2007 y 2017, y los costos del gobierno tienen que ajustarse como consecuencia.
Hecho No. 5: El Plan Fiscal Certificado provee más recursos para el pueblo de Puerto Rico en muchas áreas clave, tales como:
Crédito Contributivo por Ingresos Devengado – un incentivo anual en efectivo de $200 millones para contribuyentes de bajos ingresos.
Aumentos salariales de $5,000 para directores de escuela y de $1,500 para maestros empezando este año fiscal.
$21 a $24 millones anuales para compra de libros nuevos para las escuelas públicas.
$122 millones para empezarles a pagar a los policías los $366 millones que se les debe hace más de 10 años.
Reasignación al campo de 653 oficiales adicionales como parte de la reforma del Negociado de la Policía.
Aumento salarial para más de 12,500 oficiales juramentados.
$14 millones para la contribución patronal al Seguro Social de policías menores de 40 años.
Hecho No. 6: Las reformas estructurales no son para el beneficio de los acreedores, sino del pueblo, los empresarios y los negocios de Puerto Rico. Estas reformas generan crecimiento económico y aumentan los ingresos al fisco de forma que los fondos que generan puedan ser reinvertidos en educación e iniciativas de adiestramiento laboral que preparen mejor a la gente para ingresar a la fuerza laboral, particularmente la gente joven, y así contribuir a bajar el desempleo en la isla.
Reforma energética para proveer electricidad asequible y confiable a 20 centavos el kvh, o menos.
Reformas para mejorar el clima de negocios para acelerar la obtención de permisos, registrar propiedad y reducir la carga administrativa de cumplir con las obligaciones contributivas, entre otras.
Reformas de capital humano y de beneficencia social para incentivar que los individuos entren al sector del empleo formal—con acceso al Seguro Social y protecciones laborales.
Reforma de infraestructura para mejorar la congestión de tránsito, mejorar la seguridad de carreteras, puentes y otra infraestructura, y priorizar adecuadamente los fondos disponibles.
En resumen, tenemos que enfocarnos decididamente en la implementación completa y puntual de todas las medidas contenidas en el nuevo Plan Fiscal. Para cambiar la trayectoria económica de Puerto Rico a largo plazo, nos queda mucho trabajo por hacer.
“Hasta que el gobierno local se comprometa con llevar a cabo reformas estructurales adicionales y más ambiciosas, la isla no podrá sobreponerse a los problemas que han afectado su economía por más de una década”