Arde el caucus del PNP por los juegos de azar
Un grupo de representantes de la mayoría consignó su oposición a que se legislara para legalizar estas máquinas
La inclusión de las máquinas de juegos de azar en el proyecto de reforma contributiva provocó ayer un intenso pulseo en el caucus novoprogresista en la Cámara de Representantes, hasta el punto que el presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez, propuso sin éxito atender esos asuntos en medidas separadas.
El proyecto no había sido aprobado -al cierre de esta edición anoche-, pero el vicepresidente de la Cámara, José “Pichy” Torres Zamora, adelantó que votaría a favor, a pesar que, durante el caucus, apoyó una moción para que la medida de las tragamonedas se atendiera por separado.
Se decidió que, de los ingresos por la venta de licencias, se destinaría un 45% para el retiro de Policías, otro 45% para el pago emitido por los municipios por concepto de la tarjeta de salud y 10% al Fondo General.
“Creo que el tema debió haber tenido un poco más de detalle, pero una vez el caucus decidió atender el tema junto (a la reforma contributiva), mi voto va a ser a favor”, expresó Torres Zamora.
Tras el caucus, se acordaron una serie de enmiendas al borrador del proyecto. Torres Zamora explicó que el pago de marbete por cada máquina sería de $1,500. Además, se buscaría que cada operador pague $300 adicionales por máquina a la División de Juegos de Azar para los esfuerzo de fiscalización. El tope por premio sería de $1,000.
El proyecto dispone la conexión de 25,000 máquinas tragamonedas al sistema del Departamento de Hacienda y de otras 20,000 si un estudio determina que hay suficiente mercado.
Cada operador mayorista podría tener un máximo de 500 máquinas. Además, se incluirían enmiendas para evitar que operadores se asocien en una sola empresa que pueda controlar el mercado.
Torres Zamora también intentaría incluir una enmienda para que personal de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) se integre al proceso de certificación.
El representante José Aponte Hernández, quien aseguró que votaría en contra del proyecto, también había pedido sin éxito, en el caucus, integrar a la OCIF en el proceso de inspección de las máquinas y en la evaluación de antecedentes a la que están sujetos los operadores de máquinas en los casinos.
El expresidente cameral también mostró preocupación por la sección 27 del proyecto, en la que se dispone que la persona con licencia podría remover y contabilizar los ingresos de las máquinas. Además, sería responsable de distribuir todo el ingreso de dinero generado por las máquinas de azar.
Luego que Aponte Hernández levantara bandera, la mayoría se amparó, sin embargo, en que el equipo va a estar conectado al sistema de Hacienda, lo que permitiría que se registre la entrada del dinero.
Aponte Hernández también cuestionó que no se hayan tomado en consideración dos estudios peticionados en el 2009 y 2013 por la Compañía de Turismo a la empresa Spectrum Gaming Group que, entre otras cosas, proyectaban recursos menores a los que visualiza esta medida legislativa. También, advertía que el país estaba sobresaturado, por lo que se debía detener la aprobación de cualquier tipo de juego.
Igualmente, el estudio indicaba que la legalización de las tragamonedas puede poner en peligro la partida que le corresponde a la Universidad de Puerto Rico.
Al igual que Aponte Hernández, la representante María Milagros Charbonier se opuso a las máquinas, durante el caucus, y anticipó que votaría en contra de la medida en el hemiciclo. Dijo que su posición no es solo resultado de sus principios cristianos, sino “por el daño que le hace a nuestra sociedad”. También, cuestionó las proyecciones de recaudos para suplir las necesidades a la Policía.
“Creo que no hay números ni tampoco se logran. Estas son unas probabilidades demasiado enormes”, manifestó Charbonier, al indicar que habría emitido un voto a favor de la reforma contributiva sin la inclusión de los juegos de azar.
Por otro lado, la legislación solo permitiría 10 máquinas por negocio. Los establecimientos autorizados deberán estar a no menos de 100 metros lineales de una escuela pública o privada y/o una iglesia o congregación. Tampoco podrán ubicarse a menos de 1,200 metros lineales de un hotel con casino.
El proyecto establece que, una vez firmada la ley, la Compañía de Turismo deberá confeccionar un reglamento dentro de 60 días para delinear el orden de prioridad en la concesión de las licencias de máquinas de juegos de azar. Ese reglamento deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
También, se dispone que tendrán “prioridad”, durante los primeros tres meses de vigencia del reglamento, las empresas o individuos con licencias vigentes de máquinas de vídeo o juegos electrónicos o empresas o individuos con licencias de máquinas de entretenimiento para adultos.