¿Para quién trabaja la Junta?
La aprobación del Plan Fiscal para Puerto Rico por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha creado dudas sobre las nuevas proyecciones de ingreso, el producto bruto y el crecimiento económico para la isla, que ahora la Junta estima en un 7.8% para 2019.
Pero la verdadera sorpresa involucra el cálculo nuevo de sobrante por quince años ($30,000 millones), debido al incremento en fondos de reconstrucción ($82,000 millones).
Por otro lado, el Plan Fiscal no autorizó el uso del sobrante para pagar a bonistas y, además, la jueza Laura Taylor Swain, del tribunal de Promesa, decidió luego del huracán, que los fondos de rescate no se utilizarían para pagar bonos.
Resulta increíble que nadie en la Junta o el gobierno haya mostrado satisfacción alguna con estas noticias económicas tan positivas.
Por el contrario, la pregunta que todos hacen es ¿si la Junta representa los intereses de los ciudadanos o es una mera agencia de cobro para bonistas? La realidad es que la Junta es un apéndice de tipo congresional y territorial mixto y puede admitir, que ambas categorías le aplican.
A la vez, la aprobación de un plan fiscal de un gobierno que tiene 114 agencias, sin contabilidad uniforme ni estados auditados actualizados y “limpios” no deja de ser un ejercicio de futurología y alquimia pura, aun para los tecnócratas de la Junta que intentan darle sentido científico al plan.
Pero, en su fondo, esta discusión lo que indica es que Puerto Rico atraviesa un enfrentamiento existencial donde el pueblo se tiene que definir y reconstruir.
El siglo anterior solo produjo una economía raquítica y “fomentista”, basada en un mito industrial tóxico y las exenciones contributivas privilegiadas, a la vez destruyendo las verdaderas riquezas de la isla (educación, agricultura y ambiente natural único).
El gobierno continúa adicto a los fondos federales y mercados de crédito, imitando y multiplicando los errores que produjeron el incumplimiento de la deuda y que motivó un supra gobierno (Junta de Supervisión), a cambio de la promesa de rescate congresional. Fórmula anacrónica y antidemocrática, pero abrazada con gran gusto por los políticos locales.
Actualmente, estamos centrados en resolver una deuda de $72,000 millones emitida bajo fórmulas complicadas e ininteligibles de Wall Street, incluso “SWAPS”, bonos de apreciación de capital (“CAP’s”) y los derivativos.
Por otro lado, el pueblo muestra insegu- ridad ante lo desconocido y trata de identificar y culpar algún enemigo: fondos buitres, Junta y gobierno.
La racionalización de la culpa que permea la atmósfera actual provee una explicación cómoda para los políticos electos y de fácil entendimiento por el pueblo, pero paraliza el cambio y retrasa la recapitalización de la deuda. Pero aún más negativo resulta la retórica de confrontación estéril e inmadura entre Junta y políticos locales.
La ley Promesa permite ahorros en la amortización de bonos de varios billones anuales y paraliza cobros por deudas del gobierno, produciendo un “cash-flow” que excede otros $2,000 millones anuales.
Además, los ajustes de deuda en Prepa ($9,000 millones), Cofina ($17,800 millones) y Banco de Fomento ($4,000 millones), resuelven el 40% de la deuda gubernamental.
Sin dudas, estos beneficios económicos bajo Promesa alimentan el presupuesto, permiten pagar pensiones y mantienen los empleos públicos.
Por eso, la pregunta debería ser ¿cómo podemos maximizar y utilizar las ventajas que ofrece Promesa y las herramientas poderosas de la Junta de Supervisión, para conseguir los $82,000 millones y comenzar la obra de reconstrucción?
Pero, sin renunciar a nuestra tradición de pueblo democrático y ordenado, que mantuvo buen crédito durante el último siglo y cumplió siempre con sus obligaciones fiscales.