El cambio tributario tiene que cuadrar a nivel fiscal
La incertidumbre en torno a las fuentes de ingreso que deben respaldar los cambios tributarios considerados en la Legislatura puede convertirse en enemiga de la puesta en vigor de la receta para la estabilización fiscal de Puerto Rico.
El sistema contributivo es la espina dorsal de las proyecciones de ingresos del Plan Fiscal. Trastocarlo sin fuentes de recaudos certeras y sostenibles, equivale a debilitar las oportunidades de equilibrio presupuestario necesarias para costear los servicios públicos y reestructurar la deuda. De ese balance depende el despegue del desarrollo económico de la isla.
De acuerdo con el gobierno, el impacto de los cambios tributarios en el erario sería de $1,127 millones, con un superávit de $170 millones, ambos a cinco años. Propone un alivio de 39% a 37.5% corporativo y de 5% para los individuos. Contempla la eliminación de la contribución sobre las transacciones entre empresas, la B2B, a los contribuyentes con ingresos de $200,000 o menos. Reduciría el Impuesto sobre las Ventas y Uso en el renglón de alimentos preparados.
La apuesta para costear esos cambios radica principalmente en la legalización de las máquinas de entretenimiento y en un nuevo diseño que busca combatir la evasión contributiva en los pequeños negocios y las personas que trabajan por su cuenta. Es importante clarificar los mecanismos del Departamento de Hacienda para la fiscalización exitosa de estos componentes.
Aumentar la actividad de los juegos de azar en un país en quiebra y con alta incidencia de problemas de salud mental, para reducir la responsabilidad contributiva de unos sectores, es ciertamente una política pública cuestionable. Además, los cambios demográficos y las tendencias sociales afectan el volumen de los juegos y, por lo tanto, la estabilidad de los recaudos. Hay, pues, que precisar las medidas mediante las cuales se prevé un alza de 5% anuales en las recaudaciones.
Tampoco puede descuidarse el posible impacto en el sector de las tragamonedas que ya rinde tributos que financian importantes proyectos del país.
Por otra parte, la pieza legislativa no atiende las deficiencias del sistema de incentivos contributivos. Su revisión había sido planteada como fuente para neutralizar el impacto de las reducciones contributivas, vinculando los incentivos al rendimiento económico o social.
De acuerdo con el gobierno, la pieza legislativa incluye la restitución del crédito por trabajo, que estuvo vigente hasta 2013. La Junta de Supervisión lo considera un estímulo a la cultura de trabajo formal.
Se ha mantenido el impuesto sobre los inventarios de los negocios, considerado un obstáculo para la reconstrucción por el impacto del tributo sobre los bienes almacenados. Con su timidez en la reducción de la tasa corporativa, el proyecto legislativo no atiende adecuadamente el impacto de la reforma federal sobre Puerto Rico, en especial en el sector industrial que genera ingresos al fisco y empleo.
En medio de la incertidumbre, en la presente medida contributiva no se asoman garantías de cumplimiento con el plan fiscal. El documento propone un aumento de $2,216 millones en las arcas públicas al cabo del sexto año fiscal. Cumplir ese cometido requiere una diversidad de reformas estructurales debidamente ejecutadas.
El gobierno puertorriqueño tiene la responsabilidad de crear las condiciones que superen el déficit presupuestario. Toda iniciativa tiene que armonizar con ese objetivo.
No hay duda de que los individuos y las empresas que cumplen con su responsabilidad merecen justicia tributaria. Esta debe realizarse en armonía con el proyecto de recuperación fiscal, no con propósitos populistas para sumar votos electorales.
Nuestro país no puede dar la impresión de que, estando en bancarrota, se escuda detrás de la proyectada entrada de $82,000 millones en fondos federales destinados a la recuperación del huracán, para incumplir con el objetivo fiscal.
Ello sería un nuevo desafío a la ley federal Promesa creada para lograr la salud financiera que permita el regreso de la isla a los mercados de capital. Una nueva controversia judicial alimentaría la desconfianza de Washington, donde está la llave de los dineros para la reconstrucción.