El pobre esclarecimiento del crimen lleva a la impunidad

La paupérrima tasa de esclarecimiento de delitos graves que se observa en Puerto Rico delata la severidad de un estado de impunidad que estimula la reincidencia criminal y troncha la justicia.

Se destaca, en particular, la baja tasa de asesinatos esclarecidos. El promedio a nivel del país era de 23% al 30 de noviembre pasado. No obstante, en ciertas regiones policiacas se observan porcentajes más bajos, como en Carolina, una zona policiaca de alta densidad poblacional, que registra apenas 11% de esclarecimientos.

Que ocho de cada diez asesinos escapen al sistema de ley y orden es devastador para la paz del país. El sentido de inseguridad resultante es un factor estrechamente vinculado al éxodo de nuestra gente, al aumento en los gastos en vigilancia privada y al miedo a compartir socialmente en lugares públicos. Estos efectos, entre muchos otros, trastocan la calidad de vida y la economía.

En definitiva, el pobre desempeño en la clarificación de los asesinatos apunta a deficiencias en los procesos establecidos para identificar y encausar a los perpetradores de delitos. Los crímenes sin castigo estimulan y, con demasiada frecuencia, escalan a nuevas prácticas delictivas.

Una investigación policial exitosa sirve de disuasivo a la comisión de delitos. De ese éxito dependerá, en buena parte, solucionar al menos el 50% de los asesinatos, la meta trazada por el secretario de Seguridad, Héctor Pesquera.

Para ello es preciso lograr eficiencia en el entrenamiento del personal en torno al manejo de las escenas, la recopilación y preservación de las pruebas, y la identificación y los interrogatorios de posibles testigos. Muchas de las fases del elaborado proceso para garantizar la justicia descansan en el rigor de la primera intervención policial.

En ese camino, la labor del Negociado de Ciencias Forenses es vital. La entidad a cargo de examinar pruebas biológicas, toxicológicas y balísticas, entre otras pericias científicas, enfrenta escasez de recursos financieros y humanos. Ello retrasa las investigaciones y, por ende, el esclarecimiento de los casos. Este rezago de años, agudizado tras el paso del huracán María, necesita corrección permanente.

La tasa de esclarecimiento se afecta también por la merma de policías, ya sea porque se mudan a jurisdicciones estadounidenses con mejores condiciones de empleo, o se jubilan. A febrero de este año, la División de Homicidios contaba con 257 agentes para investigar la escalada de asesinatos en toda la isla. Al pasado 25 de diciembre, 634 personas habían perdido la vida en hechos violentos.

Por otro lado, es fundamental reforzar los controles internos en la Policía y el Departamento de Justicia para garantizar la confidencialidad de las pesquisas y la protección de los testigos. El Albergue de Testigos debe estar en buen estado para que pueda cumplir con su importante función de velar por la seguridad de quienes cooperan con la justicia. Un sistema de ley y orden eficiente y confiable estimulará la colaboración ciudadana, un ingrediente esencial para el esclarecimiento de los crímenes.

Al mismo tiempo, la comunicación entre los diversos componentes del sistema de justicia es requisito indispensable para que los esfuerzos contra la espiral de violencia tengan opciones de éxito.

El acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las autoridades gubernamentales locales para reformar la Policía incluye guías para mejorar las labores de investigación y el entrenamiento de los agentes. Esas directrices deben atenderse con diligencia.

Los esfuerzos por mejorar el desempeño institucional deben complementarse con estrategias de prevención de la conducta delictiva, que incluyan proveer a cada individuo oportunidades reales de convertirse en un ciudadano valioso para la sociedad.

Asegurar que ningún crimen quede sin castigo alimenta la confianza ciudadana en las instituciones responsables de administrar la justicia. Es abono para la paz colectiva.