Rosselló no descarta la privatización de WIPR
El ente fiscal recomienda que la corporación pública sea administrada por una entidad sin fines de lucro
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recomendó ayer que el gobierno transfiera a una entidad privada, sin fines de lucro, la administración de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (CPRDP), también conocida como WIPR.
De inmediato, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no descartó la posibilidad de buscar un modelo diferente para la corporación pública, aunque lo enmarcó en la evaluación que realiza su administración del funcionamiento de todo el gobierno para crear una estructura más eficiente.
“Estamos en el proceso de evaluar todas las agencias del gobierno para ver cuáles son las mejores configuraciones y que (sea) consistente con el Plan Fiscal que ellos (la JSF) certificaron. Todavía quedan unas cuantas que estamos evaluando previo a eso”, expresó el mandatario.
En declaraciones escritas, el presidente del organismo fiscal, José
B. Carrión, sostuvo que no debe ser el gobierno el que provea los recursos para financiar WIPR.
Junta de Supervisión apoya la difusión pública, pero los recursos para financiar la CPRDP como una organización privada, sin fines de lucro, pueden y deben provenir de fuentes fuera del gobierno para que el gobierno pueda priorizar sus recursos y enfocarse en ofrecer aquellos servicios que está singularmente mejor capacitado para brindar”, indicó Carrión.
La JSF destacó que, en Estados Unidos, las corporaciones de difusión pública son propiedad de entidades privadas sin fines de lucro. El ente federal estableció que “la mayoría de los estados no proporcionan fondos a corporaciones de difusión pública o lo hacen limitadamente”.
Asimismo, indicó que el cambio protegería la corporación pública de los “intereses políticos”.
Rosselló Nevares expresó que, si optara por un modelo privado, en un posible acuerdo sobre WIPR, incluirá el “compromiso de la Ley de Nuevo Gobierno de que todos los empleados y empleadas del gobierno van a retener (el) derecho de mantener su empleo y que nadie va a ser despedido”.
Aunque la JSF estableció un plazo de 90 días, Rosselló Nevares destacó que se trata solamente de una recomendación, “que se puede aceptar o rechazar”.
Por su parte, tanto el presidente de la Cámara de Representantes,
Carlos “Johnny” Méndez, como el presidente del Senado, Thomas
Rivera Schatz, mostraron reservas con la recomendación del organismo fiscal.
Méndez indicó que no favorece la privatización de WIPR.
“Es algo que se tiene que ver, pero no le veo ningún futuro”, se“La ñaló el líder cameral, tras una reunión durante la mañana con el gobernador, en La Fortaleza.
Mientras, Rivera Schatz cuestionó los motivos de la JSF para sugerir un cambio en la estructura del canal de televisión y la emisora radial del gobierno.
“Hay gente que habla que el gobierno no debe estar involucrado en algunas cosas… Vamos a leer la carta… pero, desde mi punto de vista, la Junta de Control, teniendo los asesores más caros, lo único que ha hecho es equivocarse desde el primer día. Lo hizo con el presupuesto, con el plan fiscal, con los estimados en Retiro. No tengo la mente hecha sobre eso (la privatización de WIPR), pero tampoco, porque lo diga la Junta, es la gran cosa”, expresó el líder senatorial.
“Los recursos para financiar la CPRDP como una organización privada, sin fines de lucro, pueden y deben provenir de fuentes fuera del gobierno” JOSÉ B. CARRIÓN PRESIDENTE DE LA JSF