Tilda de nula deuda de $6,000 millones
La JSF y el Comité de Acreedores no Asegurados sometieron anoche, ante la jueza Laura Taylor Swain, un documento que rechaza las emisiones de Obligaciones Generales pactadas desde 2012 Mientras, economista de Columbia advierte que con el acuerdo de Cofin
“Este no es un acuerdo que esté generando ahorro para la economía de Puerto Rico”, sentenció ayer el economista experto en reestructuraciones de deuda Martín Guzmán, al aquilatar las implicaciones del plan de ajuste de deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
El investigador de la Universidad de Columbia advirtió que, aunque el gobierno presente como positivo que el acuerdo incluye un recorte de 32% al principal de $17,600 millones, esconde la emisión de “unos bonos tramposos” que van a disparar el pago de intereses a $32,300 millones en 40 años.
“En el 2044, todavía se van a deber $14,300 millones”, precisó.
Guzmán, quien colabora con la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA) en el análisis de la crisis de deuda pública de Puerto Rico, hizo las expresiones ante la vista pautada para mañana, cuando la jueza federal Laura Taylor Swain evaluará el plan de ajuste acordado por el gobierno y los bonistas de Cofina.
Si Swain, quien preside los trámites de quiebra al amparo de la ley federal Promesa, ratificara el acuerdo, el erario comenzaría a pagar $420 millones a los bonistas de Cofina este mismo año.
“El ahorro en valor presente termina siendo muy bajo o nulo”, insistió Guzmán, quien es un estrecho colaborador del Nobel de Economía Joseph Stiglitz.
Dada la complejidad de los temas de deuda pública y de los instrumentos financieros, Guzmán reconoció que es muy cuesta arriba transmitirle al público los efectos que acuerdos como el de Cofina tendrán en sus vidas diarias antes de que los estén sufriendo.
“Para la gente que sufre un recorte directo en sus ingresos, como en el caso de las pensiones, es fácil ver el problema. Para el resto, el efecto es indirecto y muy, muy grande”, lamentó. “Cuentan con menos oportunidades, una economía de ingresos más bajos y afecta el día a día”.
En el caso local, el panorama se complica porque “el incentivo a luchar es menor, porque la gente se puede ir muy fácil”, expresó sobre la ola de emigración que ha reducido la población a 3.2 millones de personas. Sin una resolución oportuna y bien pensada a la crisis de deuda, que no sea un remedio a corto plazo, este espiral de emigración y de contracción solo podría agravarse, alertó.
“A lo que se expone Puerto Rico es a ser un país para unos pocos, con una elite que va a vivir bien y que la clase media tenga que desarrollar sus sueños en otros lugares o acepte que esos sueños de crecimiento personal y familiar no se puedan cumplir aquí”, sintetizó Guzmán, quien como argentino ha vivido en carne propia los efectos de una crisis de deuda en la sociedad, en especial cuando se adoptan medidas de recortes significativos en el gasto público.
Por su parte, Cecille Blondet, directora ejecutiva de EA, advirtió que el acuerdo para reestructurar Cofina se analizará en corte sin que el gobierno o la JSF hayan hecho un análisis de cuánto se puede pagar de la deuda sin volver a caer en otro impago o sin que se profundice sobre la crisis económica.
“Si hicieron el análisis, nadie lo ha visto”, subrayó. Además, en ausencia de ese estudio de sostenibilidad de la deuda, ejercicio que EA emprendió y publicó en 2018, tanto el gobierno como la JSF se mantienen pagando “millones de dólares en contratos a consultores, algunos de los cuales sabemos que son bonistas”, denunció Blondet.
Aun así, recordó que en noviembre la Legislatura aprobó y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley 24-12018 sobre el acuerdo “sin la participación de la gente, con unas vistas públicas inexistentes”.
Ante este cuadro, Blondet comparó la posible ratificación del acuerdo de Cofina por parte de la jueza Swain con el hundimiento del legendario Titanic, en el sentido de que el barco tenía una cantidad fija de espacios en los botes salvavidas y Puerto Rico tiene recursos limitados para costear servicios tan esenciales, como mantener en operación hospitales o pagar pensiones y la nómina de policías y maestros.
“Pagar Cofina ahora, sin saber la totalidad que se puede pagar y el alivio total requerido de deuda, es lo mismo que hacer una evacuación sin tener un conteo de los pasajeros, sin saber a cuánta gente hay que montar o, peor aún, cuántos se van a quedar sin acceso a los botes salvavidas”, comparó.
IMPACTO A OTROS BONISTAS
Guzmán advirtió que el acuerdo de Cofina, de ratificarse, “sienta un precedente peligroso” porque consume prácticamente todos los recursos que el gobierno podría utilizar de forma razonable para pagar deuda sin hundir más la economía.
“Si los bonistas de obligaciones generales (GO’s) quisieran un acuerdo similar, Puerto Rico caería en impago nuevamente”, auguró amparado en que, según su análisis y todos los estudios de terceros que ha consultado, el erario no tiene suficientes recursos para repagar de 80% a 90% de su deuda de $72,000 millones. En contraste, el plan de ajuste de Cofina supone que los bonistas recuperarán un promedio de 75.5%. Y, si con los bonistas de los GO’s se llegara a lograr un acuerdo similar, “ahí se arruinó la economía de Puerto Rico”, concluyó Guzmán.