Catalogan de inválida una porción de los bonos GOs
Argumentan que se cometieron violaciones en sus emisiones
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) radicaron anoche ante la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain una objeción conjunta señalando, en esencia, que se proponen anular unos $6,000 millones de la deuda emitida por el gobierno en Obligaciones Generales (GOs, en inglés).
La JSF -que según la ley federal Promesa actúa en representación del gobierno puertorriqueño como deudor- y el UCC plantearon a Swain que la deuda de GOs emitida desde el año 2012 es inválida. Esto, porque al ser emitida se incurrió en diversas violaciones, pero sobre todo, porque se excedió el margen de servicio a la deuda establecido en la Constitución del territorio estadounidense.
La movida de la JSF y el UCC se produce a solo horas de que Swain presida la vista donde se discutirá el plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Si bien dicha propuesta recibió el aval mayoritario de sus acreedores la semana pasada, esta encara varios cuestionamientos de parte de ciertos acreedores y economistas, tanto de tipo financiero como legal.
Según la objeción de la JSF y el UCC, desde el año 2012, el gobierno emitió unos $6,000 millones en GOs, a pesar de no tener capacidad de pago para honrar dicha obligación. Esto, porque el gobierno no incluyó en su análisis de servicio a la deuda, aquella emitida por la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). El pago anual de la deuda del gobierno central, según la Constitución, no debe exceder el 15% del promedio de recaudos al fisco en los dos años previos a la emisión.
Antes de concluir el 2018, la JSF y el UCC demandaron a la AEP, alegando que los pagos de renta que las agencias hacen a esa corporación pública son “financiamientos disfrazados” que contribuyeron a emitir unos $4,000 millones en bonos.
“En palabras de un tribunal, estructuras de autoridades de edificios públicos son esquemas que solo tomarían de tonto a un abogado”, reza el recurso.
Si la JSF y el UCC prevalecen, ello implicaría que casi la mitad de la deuda con garantía constitucional podría anularse, incluyendo en ese proceso, la emisión de $3,000 millones en bonos chatarra del año 2014. Dicha emisión fue adquirida por múltiples firmas de cobertura de riesgo que antes abogaron por la creación de la JSF hace unos tres años y que más tarde demandaron a Puerto Rico y al ente fiscal alegando que los nombramientos del cuerpo rector son nulos y por ende, actúan en contra de la ley federal Promesa.