WIPR de cara a una posible privatización
La Junta de Supervisión Fiscal provoca revuelo al poner en jaque, una vez más, el futuro de la estación del pueblo
La recomendación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que el gobierno transfiera la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública a una entidad privada sin fines de lucro ha provocado una serie de reacciones divididas sobre el futuro de estas emisoras del pueblo de Puerto Rico.
El gobernador Ricardo Rosselló dejó saber, en una conferencia de prensa celebrada a principios de mes en La Fortaleza, que a raíz de la carta enviada por el ente fiscal no descarta un modelo diferente para las estaciones de radio y televisión, que fueron inauguradas en 1949 y 1958, respectivamente. Independientemente de cuál sea su decisión, dijo que garantizará el trabajo de los empleados. De igual forma, señaló que, aunque la JSF estableció un plazo de 90 días para contestar la carta, se trata de una recomendación que puede aceptar o rechazar.
No es la primera vez que se propone una iniciativa de este tipo para estas emisoras, conocidas como WIPR, que cuentan con una licencia educativa de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). En la década del 70, una de las 22 medidas sugeridas para cuadrar el presupuesto del entonces Departamento de Instrucción Pública (Departamento de Educación), a la que estaba adscrita WIPR, fue cerrar las estaciones. La propuesta levantó revuelo y fue eliminada de inmediato, como se documenta en el libro “WIPR-TV: 50 años”, publicado en el 2008.
La productora Flavia García, quien fue coautora de dicho texto, recordó que a lo largo de la historia de la estación han surgido amenazas de cierre, propuestas para hacerla una cooperativa y hasta para devolverla al Departamento de Educación. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha prosperado por el respaldo del público y por lo complejo que es manejar unas emisoras que requieren de un alto peritaje. Venderlas tampoco es tan sencillo porque la licencia de las emisoras es educativa y no comercial, lo cual restringe su contenido y sus anuncios.
“Tú puedes comprar una estación, pero, aunque se haya acordado toda la venta, si tú la sometes a la Comisión Federal de Comunicaciones ellos pueden decir: “Lo siento, yo no apruebo ese cambio”. Además, el que la compre tendría que mantenerla educativa porque eso es otra lucha. Habría mucha oposición de entidades culturales, muchas voces en contra, incluso dentro de la FCC que favorece esas licencias educativas”, explicó García.
Rafael Batista, actual presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, por su parte, defendió la estación cuyo propósito, como recordó en declaraciones escritas, es ofrecerle al público una alternativa en contenido con programas que tengan una “finalidad educativa, cultural y/o deportiva”.
“WIPR posee una trayectoria de 61 años en donde independientemente de las circunstancias, no hemos dejado de cumplir con nuestra misión de ser la pantalla de nuestro quehacer cultural, de programación y talento local, en fin, una alternativa”, señaló el presidente. “La programación tanto de radio como de televisión que realizamos respeta y destaca nuestra idiosincrasia, lo que somos como pueblo y eso es parte de la pertinencia de esta estación pública”, agregó Batista, quien no estuvo disponible para entrevista.
Una de las razones que aduce la JSF para la transferencia o venta de las estaciones es que el gobierno pueda “priorizar sus recursos y enfocarse en aquellos servicios que está singularmente mejor capacitados para brindar”. El presupuesto actual de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública -impuesto por el ente federales de $6 millones, que se dividen en 83% para operaciones y nómina y el restante para las pensiones de sus retirados. Esto representa la mitad de lo que facturó en el último trimestre de 2017 la firma que representa a la JSF en los casos de quiebra bajo el Título III de la ley Promesa. En total, la firma facturó casi $12 millones de fondos públicos en honorarios y reembolsos por gastos incurridos.
Flavia García señaló que la venta de la estación o su privatización no representaría realmente un ahorro para el gobierno, cuya deuda ronda los $72,000 millones. “Cuando tú ves en tantas otras co- sas que gasta el gobierno, esto viene siendo nada”, opinó. García dijo que si esa transacción llegase a ocurrir sería una gran pérdida para el país. “La verdad es que eso no va a resolver el problema (económico del país) y tú dejarías a un pueblo huérfano, a un pueblo al que cada día se le quita más”. De forma similar, opinó la actriz
Johanna Rosaly, quien ha sido una defensora de estas emisoras y quien ha laborado en diversos proyectos de la corporación a lo largo de su historia. “Francamente, no sé en lo que están pensando los que están proponiendo esto de privatizar diciendo de que una entidad sin fines de lucro la asuma. Las únicas entidades sin fines de lucro que pudieran estar interesadas y/o capacitadas para asumir esto -y capacitadas me refiero académicamente o en cuanto a contenido-, serían las universidades porque no existen en nuestro entorno puertorriqueño entidades sin fines de lucro que estén capacitadas para manejar una televisora y una radioemisora. Existen
“La verdad es que (la venta de la estación) no va a resolver el problema y tú dejarías a un pueblo huérfano, a un pueblo al que cada día se le quita más”
FLAVIA GARCÍA PRODUCTORA Y COAUTORA DEL LIBRO “WIPR-TV: 50 AÑOS”
entidades comerciales que podrían interesar comprar y hacer privadas estas emisoras y eso serían otros 20 pesos, pero que tengan como propósito una programación educativa, que ayuden a encaminar a nuestro pueblo a un norte provechoso socialmente, pues realmente solo las universidades y hay universidades privadas que quizás están mirando con ojos golositos estas emisoras, pero habría que ver qué compromiso es el que van a hacer”, observó.
El presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson
Guzmán, que representa a los empleados y empleadas unionados de las estación, ha dicho que la JSF lo que pretende con esta “recomendación” es “destruir todas las fuentes de la educación del pueblo puertorriqueño y poner en venta todos los activos del país para satisfacer la avaricia de los bonistas”.
Mientras tantos, el presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, trabaja actualmente con la Junta de Directores para presentarle al gobernador varias alternativas que puedan ayudar a la emisora a allegar fondos propios y así evitar su posible venta.
UNA EMISORA CAMBIANTE
La historia de WIPR es tan compleja y cambiante como la del país. La radioemisora, a la que se le atribuyó la frase Wonderful Island of Puerto Rico (WIPR), inauguró en 1949, solo meses después que Luis Muñoz Marín juramentó como el primer gobernador electo por los puertorriqueños.
Nueve años después, en 1958, abrió, WIPR-TV, que fue la primera estación de televisión pública en Puerto Rico y América Latina.
El 28 de abril de 1961, en tanto, se inauguró WIPM-TV, el Canal 3 de Mayagüez, que unido a la expansión de radio que ya había ocurrido años antes, aumentó la cobertura nacional de los sistemas de radio y televisión pública.
El propósito de estas emisoras, que estaban bajo el entonces Departamento de Instrucción Pública, era “atender las graves limitaciones del sistema de educación pública y afirmar valores culturales puertorriqueños en la conciencia ciudadana”, como señala
Luis Rosario Albert en el ensayo “Wonderful Island of Puerto Rico: radio y televisión públicas, 1949-1958”, publicada en el libro sobre los 50 años de la estación.
En el primer grupo a cargo de la estación estuvieron el ingeniero Rafael Delgado Márquez, Leopoldo Santiago Lavandero y Jack Delano. Durante esa etapa, se transmitieron programas educativos y culturales, en los que, en muchas ocasiones, la audiencia tenía una participación directa. También, se realizaron espacios que eran una extensión del salón de clases. Se desarrollaron programas informativos, de análisis y deportivos. De igual forma, hubo espacio para el entretenimiento con programas infantiles, transmisión de series y programas musicales.
Desde los inicios de la televisora, hubo controversia política por parte de aquellos que alegaban que la emisora servía a los intereses del gobierno de turno. Pero lo que fue una constante fueron los cambios en su operación.
Debido a razones presupuestarias y a la falta de interés de la estación por parte del Departamento de Instrucción Pública, el 21 de enero de 1987, la estación pasa a ser una subsidiaria de la Autoridad de Teléfonos. Durante el período del 88 al 90, la administradora de entonces, Carmen Juncos, ordenó la reconstrucción de la estación la cual se encontraba en total deterioro. En ese tiempo, hubo mucha tensión, pues la emisora prácticamente quedó inoperante, y los cerca de 200 empleados fueron transferidos a otras agencias de gobierno en lo que se completaban los trabajos.
En la década del 90, finalmente estrenaron la nuevas y modernas instalaciones, pero ocurrió un nuevo cambio, debido a la venta de la Autoridad de Teléfonos. Así las cosas, en 1996 se crea una nueva ley para finalmente crear una corporación independiente y separada de cualquier otra instrumentalidad del gobierno. Es así como surge la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, según se conoce hoy, la cual está regida por una Junta de Directores.
La estación opera, desde entonces, con fondos del gobierno local, federal y con otras partidas. Durante la época de Jorge Inserni, nombrado por el gobernador Pedro Rosselló, WIPR vio un incremento en su presupuesto llegando a obtener $25.5 millones durante el año fiscal 1996-1997. En este periodo, aumentó considerablemente la programación, llegándose a producir unos 35 programas locales. En el año 2000, cuando Linda Hernández entra a presidir la estación, el presupuesto asignado fue de $21 millones. Esta partida se repitió hasta el año fiscal 2005-2006, cuando se reduce a $19 millones. A partir de entonces, todos los años la estación ha sufrido recortes hasta la actualidad que cuenta con $6 millones.
Para Flavia García han sido precisamente los constantes recortes económicos y no los vaivenes políticos lo que han afectado a la estación que, a pesar de los cambios de gobierno, ha mantenido su norte de informar, entretener y educar. Una de las razones para defender y continuar con este proyecto, según la productora, es que es de las pocas emisoras que queda en manos puertorriqueñas, pues todos los canales comerciales son propiedad de corporaciones extranjeras. Además, sigue siendo un taller de trabajo constante para cientos de artistas, productores y técnicos y cuenta con un gran archivo histórico que trabajó minuciosamente el fenecido Ángel F. Rivera.
“Yo creo que cuando miras en global, esas son las únicas estaciones que están en manos del pueblo y son de puertorriqueños, porque somos todos puertorriqueños amén del partido que esté en el gobierno. A través de estas estaciones, durante 60 años, se ha tratado de rescatar y preservar la historia cultural, política y de entretenimiento de este país. Cuando uno va a todo lo que se ha guardado y tú puedes llevar una línea de que nunca se le ha fallado al país y se le ha conservado para nuestras generaciones futuras, y que se asegura un taller donde al menos artistas puertorriqueños sabemos que se van a poder desarrollar en uno que otro campo, pues vale la pena”, precisó la productora.
Johanna Rosaly, por su parte, recordó que es vital seguir hacia adelante con estas emisoras ya que son herramientas “valiosísimas” para ayudar a lidiar con los problemas sociales que enfrenta el país. Recordó que desde el inicio, WIPR transmitió programas educativos culturales variados y de alta calidad, como el Festival Casals, que entiende deben seguir emitiendo porque representa la “verdadera democratización de las artes académicas”.
Al preguntarle por qué mantener WIPR, la actriz citó la obra “Los soles truncos”, de René Marqués. “'La tierra no se vende. No se vende porque de qué vas a vivir, de qué vas a comer, no se vende’. Esto es nuestro patrimonio y nuestras emisoras como pueblo. Aquellos que no quieran que exista un pueblo puertorriqueño, aquellos que no valoren lo que es nuestra esencia, pues esos se sentirían cómodos con eliminar una cosa como esta, pero los que valoramos nuestra esencia pues lo defenderemos hasta el final. No como un lugar para mantener batatas políticas, sino para buscar los mejores talentos, enamorarlos y hacerlos sentir que van a cambiar nuestra sociedad”, dijo. Flavia García, opinó en la misma dirección, al recordar que no importa la ideología política, “hay que querer a Puerto Rico por encima de todas las cosas y buscar el mejoramiento del país y esto es de beneficio para el pueblo de Puerto Rico y las futuras generaciones”.