FBI investiga banco en la isla por posibles violaciones a sanciones contra Venezuela
La Oficina del Comisionado de Instituciones habría alertado de posibles violaciones a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el país sudamericano
Mientras el pueblo venezolano vive una crisis humanitaria y política que ha desembocado en una lucha de poder por la presidencia, el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) en Puerto Rico diligenció ayer una orden de registro en el Banco San Juan Internacional (BSJI), por posibles violaciones a las sanciones establecidas por el Tesoro de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El Nuevo Día supo que, específicamente, la investigación busca comprobar posibles violaciones de ley vinculadas con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y ciertas figuras que tienen prohibido hacer negocios en Estados Unidos, según la Oficina de Control de Activos Foráneos (OFAC, en inglés).
El Banco San Juan Internacional (BSJI) es una entidad bancaria internacional (EBI) que opera en Puerto Rico desde hace casi ocho años con oficinas en Galería San Patricio, en Guaynabo.
Douglas Leff, director del FBI en Puerto Rico, dijo ayer que no hay órdenes de arresto, pero explicó que la orden de registro estaba relacionada a un posible caso de lavado de dinero.
De inmediato, oficiales del BSJI rechazaron los señalamientos.
“Nosotros rechazamos cada una de las imputaciones que se han hecho en los medios de comunicación y estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades federales en el requerimiento de cualquier otro tipo de información que se haga, producto de la investigación que están realizando”, aseguró en declaraciones escritas el principal oficial financiero del BSJI, Héctor Vázquez Muñiz.
Según el ejecutivo, la institución “ha tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que cumple con todas las sanciones impuestas por el gobierno de Es- tados Unidos a individuos y entidades venezolanas, y no tiene conocimiento de ninguna transacción que pudiera violar estas sanciones”.
De acuerdo con Leff, la orden de registro tuvo como punto de partida el trabajo de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), lo que evolucionó hasta convertirse en una pesquisa que lideran la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) y el FBI.
Señaló que la evidencia que los “compañeros de OCIF encontraron” fue suficiente para que un juez (federal) determinara que se debía ejecutar la orden contra el banco.
“En estos momentos, Estados Unidos está en una guerra contra el lavado de dinero y Puerto Rico y las Islas Vírgenes son campos de batalla en esta guerra”, puntualizó Leff al agregar que hay instituciones financieras “facilitando” el movimiento de fondos, a pesar de las prohibiciones emitidas por el Tesoro estadounidense.
EL MOLLERO DEL TESORO
La orden de registro a BSJI por parte del FBI se produjo apenas nueve días después de que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, enmendara la lista de personas y entidades con restricciones para hacer negocios en Estados Unidos para incluir a PDVSA.
Mnuchin incrementó las sanciones contra PDVSA el pasado 28 de enero, al tiempo que el presidente Donald Trump reconocía a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Entonces, Mnuchin indicó que la designación de PDVSA en la lista prohibida de la OFAC ayudaría a evitar “desvíos adicionales de los activos de Venezuela por parte de Maduro y preservar esos activos para la gente de Venezuela”.
Las sanciones contra PDVSA se levantarían, indicó Mnuchin, si se producía una transferencia expedita del control del gobierno venezolano a Guaidó o un posterior gobierno electo “democráticamente electo”.
Estados Unidos ha sancionado a oficiales, personas y entidades vinculadas al gobierno venezolano por varios años y en agosto de 2017, Trump intensificó las prohibiciones sin que estas incidieran sobre PDVSA, hasta ahora.
La empresa estatal que procesa y vende las reservas de petróleo de ese país ha sido descrita por el Te-
“Cuando la OCIF efectúa sus exámenes, nos aseguramos de que se cumpla con las leyes de lavado de dinero” GEORGE JOYNER COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
soro como “un vehículo de corrupción” que ha dado paso a múltiples esquemas de enriquecimiento ilícito a favor de “oficiales y hombres de negocios en Venezuela” que operan en Estados Unidos, particularmente a través de su cadena de estaciones de gasolina Citgo.
Sin embargo, las sanciones vigentes por parte de Estados Unidos contra el gobierno venezolano también prohíben efectuar otras transacciones como la compra de criptomonedas garantizadas por ese gobierno o bonos emitidos por este o sus entidades.
POSTURA “VIGOROSA”
Sin ofrecer detalles del trabajo de la OCIF que habría dado pie a la intervención federal en el BSJI, George Joyner dijo a El Nuevo Día que su oficina colabora continuamente con las autoridades de ley y orden estatales y federales para asegurar el cumplimiento de todas las leyes, especialmente, los estatutos que prohíben el blanqueo de capitales y violaciones a la secretividad bancaria o prácticas fraudulentas en la intermediación financiera y de gestión de valores.
“Cuando la OCIF efectúa sus exámenes a las instituciones financieras y especialmente, en entidades reglamentadas principalmente por esta oficina, no solo se examina que operen con solvencia, también nos aseguramos de que se cumpla con las leyes de lavado de dinero, conocer el clien-
te, secretividad bancaria y otras”, dijo Joyner.
EJE DE BANCA INTERNACIONAL
Acto seguido, el jefe de la OCIF aseguró que las acciones del FBI evidenciaban la postura proactiva y “vigorosa” del regulador financiero de Puerto Rico, en especial, si estas buscan establecerse en la isla a través de la ley que regula las EBI o las entidades financieras internacionales (EFI).
Como resultado de dos estatutos que incentivan el establecimiento de instituciones dedicadas a servicios financieros a individuos o entidades en el exterior, Puerto Rico ha sido la sede de decenas de estas entidades. Al presente, según los registros de la OCIF, hay 29 EBI con licencias vigentes en Puerto Rico, al igual que 51 EFI.
Según Joyner, a diferencia de otras jurisdicciones, las leyes vicedencia gentes requieren que las EBI que hacen negocios desde Puerto Rico tengan presencia física en la isla y cumplan con diversos criterios, incluyendo estándares mínimos de capital. En el caso de las EBI, se requiere una inversión de capital mínimo de $5 millones, cuya procedencia pueda evidenciarse y que no estén comprometidos con ninguna otra transacción o entidad.
Esos requisitos, según Joyner, se complementan con los procedimientos internos de la OCIF que van desde investigaciones reputacionales a los oficiales de las entidades hasta la comprobación de los activos y negocios que se realizan en los países o jurisdicciones de donde provienen.
“Si no se confirma que la pro- de esos dineros es legítima, no se confiere autorización para las EBI”, subrayó Joyner.
Desde el año 2004 hasta el tercer trimestre de 2018, las EBI que operan en Puerto Rico han devengado ingresos netos en el orden de $4,343 millones, según datos de la OCIF.
Al tercer trimestre de 2018, los activos rondaron en $50,498 millones , o cerca de la mitad de todo el sistema financiero de Puerto Rico.
En tiempo reciente y según ha reseñado este diario, tras la aprobación de las leyes 20 y 22 de 2012, dirigidas a atraer empresas de exportación de servicios y personas de alto caudal en la isla, ha habido interés por el establecimiento de EBI y EFI. Ello, también ha sido el caso de entidades interesadas en desarrollar el nicho de criptomonedas en la isla.
MÁS CORTAPISAS EN CIERNES
Ante ese interés, el pasado 28 de enero, La Fortaleza radicó en el Senado el proyecto de 1177 con miras a fortalecer los requisitos de inscripción de las EBI, que estas paguen los costos de las investigaciones que realiza la OCIF y aumentar los niveles de capital requeridos.
“Queremos que los actores malos sepan que si interesan hacer sus actividades, será en otro sitio, no en Puerto Rico”, dijo Joyner haciendo referencia al trabajo de la OCIF y la legislación en curso.
EL OJO SOBRE VENEZUELA
Si bien la orden de registro al BSJI se regó como la pólvora en decenas de medios estadounidenses e internacionales, no es la primera vez que la OCIF pone el freno a actividades prohibidas que oficiales y personas vinculadas al gobierno venezolano han intentado hacer desde Puerto Rico.
El año pasado, el Departamento de Justicia federal acusó a varios individuos, entre ellos el exdirector de de planificación financiera de PDVSA, Abraham Edgardo Ortega, por ser parte de un esquema para lavar unos $1,200 millones relacionados con PDVSA. Ortega se declaró culpable.
Como parte de esa investigación, Justicia federal acusó al empresasrio uruguayo, Marcelo Gutiérrez Acosta y Lara, propietario de Vestin Bank, una EFI establecida en Puerto Rico en el 2015 y con sede en el Viejo San Juan. Gutiérrez Acosta y Lara, según el expediente del caso, se hizo disponible para blanquear el dinero de PDVSA señalando que podía hacer el blanqueo de capital de manera “segura y discreta”. Según el expediente del caso, para Gutiérrez Acosta y Lara, lo bueno que tenía Vestin Bank era que “sin estar en Estados Unidos, es en Estados Unidos... en Puerto Rico”.
La OCIF colaboró en dicha pequisa que ya ha resultado en declaraciones de culpabilidad. La transacción de lavado de dinero en Puerto Rico no llegó a concretarse supo El Nuevo Día.
Vestin Bank mantiene sus operaciones en Puerto Rico, pero se exigió que Gutiérrez Acosta y Lara fuera separado de la entidad.
“La designación de PDVSA ayudará a evitar desvíos adicionales de los activos de Venezuela por parte de Maduro”
STEVEN T. MNUCHIN
SECRETARIO DEL TESORO DE EE.UU.